PACHUCA.- Santiago Nieto Castillo, encargado de Despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH), aseguró que aunque los procesos penales no han concluido, la dependencia a su cargo solicitó ante el juzgado civil del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo la extinción de dominio de un rancho de Tepetitlán, involucrado en un asunto de secuestro.
El bien inmueble, junto con un lote de vehículos que no cuentan con reporte del robo y que han sido asegurados por parte del Ministerio Público en distintos cateos, particularmente con los asuntos de narcomenudeo, serán entregados al nuevo Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, encabezado por Carlos Arturo Sánchez Lugo.
"Vamos a presentar las primeras demandas ante el Tribunal Superior de Justicia, hay que recordar que estas demandas se presentan en sede civil, no penal, y ya tenemos un caso de Tepetitlán de un inmueble que va a ser entregado al instituto a partir de este proceso, lo segundo que vamos a presentar es una serie de vehículos", expresó.
Cuestionado respecto a la cifra que representa el inmueble y los vehículos, Nieto Castillo comentó que faltaría el avalúo para determinar cuál es el monto "nosotros vamos a hacer un planteamiento ante el propio Tribunal Superior de Justicia, pero ellos tendrán que evaluar y darle un propio valor para efecto de extinguir".
¿Qué es, cuándo procede y cómo se tramita la extinción de dominio?
La extinción de dominio es el medio jurídico, mediante el cual se logra la pérdida del derecho de una propiedad sobre los bienes que directa o indirectamente sean instrumento, objeto o producto del delito. Se puede aplicar directamente en temas de secuestro o narcomenudeo.
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Se tramita ante el juzgado civil, el cual realiza un avalúo, y una vez que concluye el proceso, el bien pasa a manos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, el cual puede determinar su venta, ya sea en subasta pública, venta directa, etcétera.
La ley contempla la creación de un Gabinete Social para determinar a qué municipios serán destinados los bienes de los que se logre la extinción.
Respecto a qué se pudiera violentar derechos de terceros, el procurador explicó que "la extinción de dominio es autónoma, en este caso tenemos un caso de secuestro, es un inmueble rural: un rancho donde tenían una casa de seguridad, el responsable está vinculado a proceso y con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, pero nosotros lo vamos a seguir por vía civil, lo permite la Ley General de Extinción de Dominio".
Sin embargo, precisó que en caso de que existiera una sentencia absolutoria o un cambio de criterio, se tendría que reinsertar al particular, pero reiteró que, en el caso del inmueble de Tepetitlán, el secuestro está acreditado y el inmueble provino de la actividad ilícita.
sjl