PACHUCA.- Una mujer no debería tener que volver a competir con una persona que cometió violencia política en razón de género en su contra, así lo señaló la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey Jordan, después de participar como testigo en la firma de convenio de colaboración entre el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) y la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH).
La colaboración entre el IEEH y la PGJH tiene por objeto impulsar acciones de formación y capacitación para la prevención de delitos electorales; atención a la violencia política contra las mujeres en razón de género y el fomento de la cultura democrática y educación cívica, la consejera comentó que en el Estado de México, una mujer logró acreditar la violencia política de género y la elección fue anulada, pero al no existir legislación al respecto en la siguiente elección se volvió a enfrentar con su agresor.
En este sentido, Carla Humphrey señaló que el denominado Plan B, que entró en vigor este día, y que modifica diversas leyes en materia electoral, tales como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la de Medios de Impugnación y la de Partidos Políticos "no abona en nada para combatir la violencia política en razón de género".
Te podría interesar
Detalló que la modificación que ya es vigente impacta de forma directa en materia de sanciones, la correcta aplicación y seguimiento de las mismas, aunque comentó que queda la posibilidad de apelar a la progresividad y universalidad de los derechos humanos, la Constitución y a la Convención.
Imponer sanciones por conductas de violencia política de género es una misión de los organismos electorales, actualmente prevalece la amonestación, cancelación de registro de partido político, candidato, y ahora se limita a la posibilidad de cancelar registros, no obstante, precisó que serán importantes los criterios jurisdiccionales.
Te podría interesar
En materia de violencia política de género, el reto es legislar a nivel local sobre el tres de tres contra la violencia para que se cierre el paso a personas que hayan ejercido violencia política en razón de género. También podría ser motivo de modificación de estatutos en los partidos políticos para que restrinjan a quienes ocupan un cargo de elección.
Por su parte, el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, Sergio Zúñiga, informó que a la fecha se han vinculado a ocho personas por delitos electorales, derivadas de siete carpetas de investigación y en el pasado proceso electoral disminuyeron el número de carpetas de investigación iniciadas, siendo un total de 96, de las cuales 13 se relacionan con violencia política de género.
sjl