Pachuca.- Con el objetivo de inhibir los delitos sexuales y de género en contra de las mujeres, el encargado de Despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH), Santiago Nieto Castillo, presentó una iniciativa sobre el registro de personas agresoras sexuales y violentadoras de género, misma que busca modificar diversos ordenamientos, entre ellos, la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Código Penal, el Código Electoral y la Ley de Seguridad Pública.
A decir de Nieto Castillo se impulsa el registro como una forma de prevención y protección para evitar el riesgo de la reincidencia y repetición de conductas de violencia sexual y de género. Se contemplan los delitos de feminicidio, violencia familiar, violación, embarazo no deseado a través de medios clínicos, esterilidad provocada y disposición de óvulos o espermas sin consentimiento, abuso sexual, violación a la intimidad, estupro, aprovechamiento sexual y hostigamiento sexual.
De acuerdo a los datos que se tienen, durante 2022, se iniciaron 18 carpetas de investigación por feminicidio, mil 52 violaciones, 673 abusos sexuales y 6 mil 929 hechos de violencia familiar, siendo las víctimas mayor mente afectadas mujeres, niñas, niños y adolescentes.
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El encargado de Despacho detalló que el registro se elaborará con la información que se obtenga de órdenes de aprehensión, vinculaciones a proceso y ejecución de sentencias; será administrado por la Procuraduría de Justicia y podrán tener acceso a él, el organismo Electoral, para poder cancelar registros de candidatos con antecedentes de violencia, así como la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, a efecto de evitar que dichas personas laboren en esas dependencias y puedan concursar por cargos de elección popular.
Establece como requisito para las personas titulares de las áreas administrativas de a PGJEH, así como agentes del ministerio público, agente de investigación y personal policial el no estar inscrito en el registro de agresoras sexuales y violentadoras de género.
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Santiago Nieto explicó que el registro no será público, pues ya hubo un pronunciamiento por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), misma que planteó que se viola la presunción de inocencia, aunque dijo no compartir el criterio, respeta el posicionamiento.
El registro contendrá, entre otros datos, el nombre completo, el alias de la persona, fecha de nacimiento, CURP, edad, nacionalidad, lugar de origen, domicilio, señas particulares, delito por el que fue sentenciado. Y tendrá la misma vigencia que la pena que le hubiera sido impuesta al imputado, acusado o sentenciado.
Las víctimas de la violencia pueden sufrir consecuencias relacionadas con la salud sexual y reproductiva, incluidos embarazos forzados y no deseados, abortos peligrosos, lesiones traumáticas, infecciones de transmisión de sexual, como el VIH, e incluso la muerte, de ahí la importancia de atenderla.
La diputada Vanessa Escalante Arroyo comentó que el proyecto no genera afectación de tipo presupuestal. Confío en que la medida permitirá generar condiciones de protección a las mujeres e infancias en los lugares de mayor comisión de estos delitos, siendo las instalaciones educativas, las de salud, y aquellos lugares donde se encuentran bajo custodia o atención del personal de seguridad pública.
Datos sobre violencia hacia las mujeres
Se calcula que una de cada tres mujeres en todo el mundo sufrirá maltrato físico o abusos sexuales a lo largo de su vida, cifra que se recrudece a nivel nacional, debido a que del total de mujeres de 15 años y más, 70.1 por ciento han experimentado al menos un incidente de violencia, que puede ser psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación, de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares que presenta el INEGI en 2021.
De igual manera, la encuesta estima que, en el estado de Hidalgo, 70.6 por ciento de las mujeres de 15 años o más, experimentaron algún tipo de violencia a lo largo de la vida y 43 por ciento en los últimos 12 meses, cifra que refleja un incremento del 7.1 por ciento, respecto de la investigación realizada en el año 2016.
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