La Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2000 proclamó que el 25 de noviembre se conmemorara el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Política contra las Mujeres, con la finalidad de visibilizar la violencia de la que son objeto las mujeres y las niñas a nivel mundial, decretando también la realización de 16 días de activismo contra este tipo de violencia; campaña internacional que comenzó el pasado 25 de noviembre y se extiende hasta el 10 de diciembre, fecha en que se celebra el Día de los Derechos Humanos.
La violencia contra las mujeres tiene su principal origen en las relaciones de desigualdad de poder, que resulta de las estructuras culturales e históricas del patriarcado, por lo que es fundamental reconocerla, atenderla, sancionarla y erradicarla ya que constituye una de las expresiones más extremas de violación de los derechos humanos de las mujeres.
La violencia contra las mujeres no distingue etnia, clase, religión o edad, y se manifiesta de distintas maneras destacando la humillación, la persecución, prohibiciones, aislamiento, control, violencia física, psicológica o cualquier otro tipo de acción que impida el pleno goce de sus derechos y libertades a pesar de que éstos se encuentren establecidos en distintas normas constitucionales, convencionales y legales.
La reforma en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género fue la respuesta para contener y erradicar las conductas que más afectan a las mujeres en sus derechos, especialmente, en el pleno ejercicio de sus derechos políticos y electorales. En este sentido y luego de diversas iniciativas de reforma, el 13 de abril de 2020 se publicó la reforma de mérito lo que significó la modificación de 6 leyes generales y 2 federales, con el objetivo de prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar este tipo de violencia que gangrena y ahorca a una sociedad democrática que aspira a ser igualitaria.
Otra serie de reformas que han fortalecido las normas para erradicar la violencia de género, como la publicada en junio de 2021 en la que se agregó a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia las violencias digital y mediática. De igual forma, otra reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 18 de octubre incluyó un supuesto de violencia física relativa a la utilización de ácido o sustancias corrosivas, cáustica irritante, tóxica o inflamable o cualquier otro tipo de sustancia.
No obstante, estas normas, aún falta mucho por hacer para erradicar este tipo de violencia. El Índice Global de Brecha de Género 2022 refirió que se necesitarían 132 años para alcanzar una paridad plena o total, en nuestro país. En el mismo sentido, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y su encuesta relacionada respecto a este tema, reveló que 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más de edad, han experimentado, al menos, un acto de violencia de cualquier tipo en su vida.
Sin embargo, resulta más evidente y lacerante la desigualdad y la falta de oportunidades para las mujeres que se registra a nivel municipal y en los pueblos y comunidades indígenas, sobre todo en las presidencias municipales, ya que únicamente el 28.9% en el país son ocupadas por mujeres, porcentaje que desciende en el caso de Chiapas, en donde, por ejemplo, únicamente el 13% de las presidencias las ocupan mujeres.
Sobre el grave problema de la violencia política contra las mujeres en razón de género y de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de Violencia de Género, el 72.54% de los registros corresponde justamente al ámbito municipal. Asimismo, las personas que más violentan a las mujeres, con más del 20% de los casos, son las que ocupan las presidencias municipales. Es ahí donde las mujeres son más violentadas y es el espacio en el que debemos redoblar esfuerzos para combatir la violencia de género.
Estas cifras reflejan la urgente necesidad de establecer una serie de medidas tanto legislativas como administrativas para lograr el empoderamiento de las mujeres a nivel municipal. Para ello, deben establecerse una serie de acciones afirmativas para lograr desde la paridad en las presidencias municipales, hasta otras como la creación de Defensorías de las Mujeres en cada uno de los Organismos Públicos Locales Electorales de las entidades federativas del país, con la finalidad de acercar la justicia a las mujeres y terminar con este tipo de violencia que irrumpe, no solo los derechos de las mujeres, sino el desarrollo armónico, equitativo y legal de toda sociedad. Esta última propuesta la he planteado en diversos foros, en sesiones de Consejo General del INE, en entrevistas y seguiré insistiendo en la imperiosa necesidad de atender este mal.