PACHUCA. - Una jueza de control vinculó a proceso al abogado José Francisco N, hijo del ex magistrado José Francisco Díaz Arriaga, señalado por el presunto fraude de 62 millones 864 mil 061.50 pesos que cobró por conceptos de fianzas y contrafianzas a una clienta que adquirió sus servicios para llevar a cabo un juicio civil.
Este martes se reanudó la audiencia inicial 1049/2022 que se persigue en contra del titular de la Firma Jurídica Díaz, quien permanece recluido en el Cereso de Pachuca desde el pasado 12 de enero, cuando fue aprehendido por un delito diverso que se encuentra asentado en la causa penal 1048/2022.
Tras cuatro horas y media de audiencia, la jueza Karina Vértiz Marín señaló que existían datos de prueba suficientes para presumir la comisión del hecho que la ley señala como fraude, el cual José Francisco N presuntamente cometió como autor directo en contra de una clienta.
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De acuerdo con lo expuesto en la diligencia, el delito se persiguió por una querella y data del primer semestre del año 2020, el cual inició María Rosa N, quien lo contrató para llevar a cabo un juicio testamentario radicado en el Juzgado Tercero Civil del Poder Judicial del Estado de Hidalgo (PJEH).
Del año 2016 a 2020, la víctima realizó pagos en transferencias bancarias y en efectivo por diferentes montos y conceptos de honorarios y copias certificadas, así como la erogación de una fianza y contrafianza por un total que ascendió a los más de 62 millones de pesos que entregó en cuentas del abogado, así como de manera presencial en las instalaciones de su despacho.
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Lo anterior, ya que presuntamente el defensor le indicaba que, sino entregaba el dinero, podían perder el juicio testamentario; sin embargo, la quejosa al realizar un análisis de su juicio civil encontró que en aquel procedimiento no se había solicitado ninguna fianza o contrafianza, como lo había mencionado su abogado.
Previo a la vinculación a proceso, el abogado José Francisco N consideró que se estaba violentando su derecho a la defensa y agregó que estaba en un estado de indefensión debido a que no se especificaban cantidades exactas respecto a las presuntas transferencias y erogaciones en efectivo.
Finalmente, la jueza Vértiz Marín decidió vincularlo a proceso y señaló un plazo de cinco meses para la investigación complementaria, tiempo que tendrá el imputado para compilar las pruebas que presentará en la etapa intermedia, mientras tanto, permanecerá recluido en el Cereso de Pachuca porque le impusieron la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
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