JUZGADOS ORALES

Modifican medida cautelar al menor de los Charrez, estará en prisión domiciliaria

El excandidato a la alcaldía de Ixmiquilpan permanecía recluido en el Cereso de Pachuca desde el abril de 2022

Hoy se llevó a cabo la audiencia de revisión de medida cautelar.Créditos: Especial
Escrito en HIDALGO el

PACHUCA.- El Poder Judicial de Hidalgo (PJEH) concedió prisión domiciliaria a Vicente C.P., exaspirante a la alcaldía de Ixmiquilpan, quien permanecía en la penitenciaria de Pachuca desde abril de 2022 por la presunta comisión de los delitos de ultrajes a la autoridad y portación de arma de fuego, según consta en la causa penal 341/2022.

Este martes a las 13:00 horas se llevó a cabo una audiencia de revisión de medida cautelar en la sala 8 de los Juzgados Penales de Control, Juicio Oral y Ejecución del Primer Circuito Judicial de Pachuca.

La defensa de Vicente C.P. solicitó a la autoridad judicial reevaluar la prisión preventiva justificada, que derivó de la vinculación a proceso el 7 de abril de 2022, cuando el Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) le imputó ultrajes a la autoridad y portación de arma, hechos que quedaron asentados en la carpeta de investigación 12-2022-04393.

Al excandidato a presidente municipal lo acusaron de disparar mientras iba en un automóvil el 31 de marzo de 2022, momento en el que fue detenido junto con tres hombres más de nombre Antonio N, Carlos N y Guadalupe N, dichas personas también fueron vinculadas a proceso, pero no permanecieron en prisión debido a que les dictaron medidas cautelares diversas.

Tras nueve meses de reclusión, el Poder Judicial modificó la medida de prisión preventiva justificada a domiciliaria, tal como le ocurrió en octubre del año 2022 a su hermano Cipriano C.P., el exdiputado federal de Morena que enfrenta un proceso judicial por homicidio doloso desde su vivienda, ubicada en el municipio Ixmiquilpan.

La resolución judicial ocurrió una semana después de que familiares y simpatizantes de Vicente C.P. acudieron a las instalaciones del Palacio de Gobierno de Hidalgo para exigir la liberación del imputado; tras aquella movilización del 9 de enero, el gobernador Julio Menchaca Salazar indicó que no sería sujeto de “ninguna presión ni chantaje” y que se actuaría de acuerdo a la ley, pues consideró que los problemas jurídicos debían arreglarse ante las autoridades jurisdiccionales.

sjl