La reunión que causó revuelo
Dicen que en política las formas también comunican. La reunión encabezada por el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, con un grupo de mujeres con presencia en la vida pública hidalguense desató muchas lecturas políticas. Y no es para menos: en la mesa coincidieron perfiles como Rebeca Aladro Echeverría, Simey Olvera, Esther Ramírez, Tania Meza Escorza, Susana Ángeles Quezada, Alma Lidia de la Vega, Imelda Cuéllar Cano, Cinthia Arellano y Lisset Marcelino Tovar, muchas de ellas mencionadas —abiertamente o en lo bajo— como posibles aspirantes a la gubernatura en 2028. Aunque el gobernador Julio Menchaca matizó el revuelo al señalar que este tipo de reuniones son parte de la dinámica habitual del secretario y que no implican definiciones rumbo al relevo en el Poder Ejecutivo.
El tricolor
La decisión del PRI en Hidalgo de competir en solitario rumbo a 2027 resulta contraria a una estrategia nacional que apostaba por alianzas y evidencia el aislamiento político en el que han quedado sus intentos de reconstrucción. Mientras a nivel federal el tricolor buscaba acuerdos con PAN y Movimiento Ciudadano —sin éxito—, en lo local el discurso de su dirigente, Marco Antonio Mendoza Bustamante, apela a una militancia que prefiere apostar por la identidad antes que por la suma de fuerzas. El anuncio de una Escuela de Formación Política como filtro para candidaturas intenta proyectar orden y renovación interna, pero también deja ver un partido que, ante la falta de aliados, busca legitimarse hacia adentro. La incógnita no es menor: si esta apuesta por la “pureza” partidista le alcanzará al tricolor en un escenario cada vez más adverso.
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Vinculan a proceso a notaria
Marcela “N”, titular de la Notaría Número Uno de Ixmiquilpan fue vinculada a proceso por una jueza de control del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo, por los delitos de falsificación y uso de documentos falsos, tras presuntas irregularidades cometidas en dicha oficina. Según la investigación, la imputada habría facilitado estas conductas al designar a un notario adscrito sin la debida supervisión y otorgarle folios de protocolo y sello oficial, sin verificar los instrumentos notariales emitidos bajo la patente estatal. Como parte del proceso, se fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, con cierre previsto en julio de 2026.