Pachuca.— La organización dedicada a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, Di RAMONA, denunció presunto desabasto de medicamentos antirretrovirales en Pachuca, situación que, advirtió, podría poner en riesgo la continuidad del tratamiento de aproximadamente 2 mil personas que viven con VIH en la capital hidalguense.
Representantes de la asociación explicaron que el problema se presenta en el contexto de la transición nacional de esquemas terapéuticos, proceso en el que el medicamento Dovato fue incorporado como tratamiento de primera línea en sustitución de Biktarvy; no obstante, señalaron que la implementación de este cambio ha estado marcada por deficiencias administrativas que se traducen en posibles interrupciones del suministro.
La actualización de esquemas, explicaron, responde a lineamientos técnicos y médicos orientados a optimizar la eficacia y simplificar los tratamientos, sin embargo, recalcaron que la transición no ha sido acompañada de una logística eficiente que garantice el abasto continuo en las unidades de salud.
Te podría interesar
“La continuidad del tratamiento antirretroviral es un estándar esencial de atención médica; su suspensión compromete la supresión viral, aumenta el riesgo de resistencias farmacológicas y pone en peligro la salud y la vida de las personas”, advirtieron.
Subrayaron que el tratamiento antirretroviral no admite interrupciones sin consecuencias. “La falta de dosis puede traducirse en rebotes en la carga viral, deterioro inmunológico y mayor probabilidad de transmisión del virus, además de limitar futuras opciones terapéuticas en caso de generarse resistencia a los fármacos”.
Otras implicaciones clínicas que la asociación alertó son las repercusiones sociales y económicas que el desabasto ya está provocando entre las personas usuarias de los servicios de salud.
Indicaron que la incertidumbre por la falta de medicamentos genera ansiedad y estrés, particularmente en quienes han logrado estabilidad médica tras años de apego terapéutico, a ello se suman afectaciones económicas derivadas de permisos laborales reiterados para acudir a las unidades médicas, posibles descuentos salariales y gastos adicionales en traslados y alimentación.
“Para muchas personas, el tratamiento representa estabilidad y control sobre su salud; su interrupción profundiza la vulnerabilidad”.
Ante este panorama, la asociación presentó una serie de exigencias dirigidas a las autoridades sanitarias: la garantía inmediata y continua del suministro de antirretrovirales; protocolos públicos y claros para la transición de esquemas de tratamiento, así como comunicación transparente y oportuna con las personas usuarias y mecanismos efectivos de supervisión para evitar nuevos desabastos.
Axel Vargas, coordinador de Autocuidado Sexual de Di RAMONA, sostuvo que la atención a personas que viven con VIH debe asumirse como una responsabilidad institucional irrenunciable.
“La atención a personas que viven con VIH no es un privilegio o una dádiva institucional; es una obligación del Estado y un derecho humano que debe garantizarse sin excusas”.
La organización llamó a las autoridades a atender de manera urgente la problemática para evitar que el cambio de esquema de salud, diseñado para mejorar la calidad de vida de las personas, termine convirtiéndose en un factor de riesgo.
sjl