León, Guanajuato — Desde hace días, visitantes que llegan al Zoológico de León reciben el mismo mensaje por parte del personal: “está cerrado temporalmente por obras”, sin mayor explicación ni detalle sobre la situación real del parque. La dinámica que vive el zoo, sin embargo, es mucho más compleja y dolorosa de lo que se escucha en la puerta. No es solo un cierre por trabajos de mantenimiento, como se les dice a quienes intentan entrar, sino una clausura motivada por irregularidades, muertes de animales y señalamientos de maltrato que han provocado una intervención federal.
El equipo de La Silla Rota que intentó ingresar se encontró con conversaciones confusas donde trabajadores repetían frases como:
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“¿Tiene visita? … ahorita ya cerraron … por obras … andan trabajando … maquinaria … no vemos cuándo podría estar disponible”.
Aunque las respuestas son amables, las expresiones en el rostro de los encargados dejan ver preocupación, como si no supieran bien cómo explicar lo que realmente ocurre.
De obras a clausura federal
Las autoridades municipales y el personal del zoo han hablado de “adecuaciones” y “obras”, pero la realidad legal es más seria: la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó el cierre temporal del Zoológico de León tras detectar irregularidades significativas en la gestión y el cuidado de animales, como parte de un proceso administrativo que busca garantizar la seguridad de las especies y de los visitantes.
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Además, un juez federal emitió una suspensión provisional vinculada a un amparo presentado por organizaciones animalistas tras una serie de hechos que implican omisiones y posibles maltratos, lo que ha intensificado la vigilancia sobre el recinto.
Una cadena de incidentes fatales
Los cierres y revisiones no son un rumor: en las últimas semanas el zoológico ha registrado múltiples episodios que han terminado con la muerte de varios animales bajo su resguardo, algunos de ellos emblemáticos o de especies sensibles.
Entre los casos confirmados por diversos reportes locales y medios especializados están:
Un ataque de una jauría de perros callejeros que ingresó al zoológico y mató a 24 borregos muflones. Las autoridades señalaron que el grupo de canes explotó una zona vulnerable del perímetro y atacó a los animales en cuestión de minutos.
Una avestruz que cayó en la fosa de los leones y fue devorada días antes del incidente con los borregos.
Un pingüino que murió ahogado en un desagüe en mal estado, según los informes periodísticos locales.
Un mono araña encontrado muerto tras una posible fuga fuera de las instalaciones, cuya pertenencia al zoológico fue inicialmente negada por directivos pero confirmada luego por autoridades municipales.
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Algunos vecinos y activistas también mencionan otros casos no siempre reportados oficialmente, como escapes de lobos, serpientes muertas por atrapamiento y muertes de otros animales menores, lo cual ha alimentado la percepción de una negligencia sistemática.
Renuncias, señalamientos y un director en entredicho
Tras el escándalo por las muertes de animales, el director del zoológico, Rigoberto Montes Palomares, presentó su renuncia, aunque hay disputa sobre cuándo será efectiva. El cargo ha estado bajo presión por críticas de grupos de activismo y autoridades municipales por fallas de seguridad y manejo del parque.
Diversos informes señalan que alertas sobre vulnerabilidades en cercas, cámaras y protocolos de seguridad habían sido hechas desde años atrás, pero no se atendieron con prontitud.
Visión estatal y federal: ninguna fecha clara de reapertura
Hasta ahora no existe una fecha oficial para la reapertura del Zoológico de León. Profepa ha establecido plazos y condiciones que deben cumplirse para garantizar la protección animal y la seguridad pública, y las autoridades locales se encuentran en un proceso de respuesta a las observaciones y al amparo judicial.
Mientras tanto, el contraste entre la versión que recibe el público —“cerrado por obras”— y los hechos que llevaron al cierre —muertes, fallas, inspecciones y señalamientos legales— ha generado confusión, preocupación ciudadana y una sensación de falta de transparencia que ahora alimenta un debate más amplio sobre la gestión de espacios públicos con fauna silvestre en cautiverio.