Guanajuato, México.- El Senado de la República aprobó con 77 votos a favor y 30 en contra la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, enviada ahora a la Cámara de Diputados para su revisión final. La reforma, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, plantea una profunda reestructuración institucional —se crea la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y se elimina el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)— y se orienta hacia un enfoque social del espectro radioeléctrico, con énfasis en la inclusión digital.
Principales ejes de la ley
Centro social y multicultural. Se promueve el acceso a internet en zonas marginadas y se fortalece a los medios comunitarios, indígenas y afromexicanos con esquemas de financiamiento que garantizan su inclusión .
Organismos públicos renovados. La ATDT sustituye al IFT para centralizar regulación y otorgamiento de concesiones, acompañada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), con autonomía técnica .
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Promesa de no censura, pero vigilancia ampliada. Se retiró del dictamen el polémico artículo que permitía bloquear plataformas digitales (artículo 109), aunque se contempla la suspensión de transmisiones específicas –como propaganda extranjera– por parte de Segob .
Geolocalización sin orden judicial. La ley permite rastrear teléfonos en tiempo real sin necesidad de orden judicial, lo que ha generado fuertes críticas relativas a la privacidad y la vigilancia estatal .
Marco normativo detallado. Con más de 299 artículos y 32 disposiciones transitorias, regula el espectro, redes, infraestructura, derechos de usuarios y desarrollo de telecomunicaciones y radiodifusión .
Repercusiones para los medios de comunicación en Guanajuato
Medios comunitarios y rurales:
En Guanajuato, el nuevo marco brinda oportunidades para estaciones de radio y TV comunitarias. Podrían acceder al espectro radioeléctrico con mayor facilidad y contar con recursos públicos específicos, beneficiando especialmente a zonas rurales y pueblos originarios.
Empresas tradicionales:
Televisoras, estaciones locales y portales en la entidad estarían sujetas a la nueva CRT y ATDT para concesiones y renovación de licencias. Esto implica nuevos procesos regulatorios —más abarrotados y centralizados—, por lo que urgirá asesoría legal y adaptación administrativa.
Libertad de expresión y censura:
A pesar de la eliminación del artículo de bloqueo digital, persisten inquietudes sobre la capacidad gubernamental para suspender transmisiones con criterios amplios (violar audiencia o “publicidad extranjera”). En Guanajuato, medios independientes podrían verse amenazados frente a esta discrecionalidad legal .
Privacidad y confianza ciudadana:
La facultad de geolocalización sin orden judicial podría afectar a medios que investigan temas sensibles —como corrupción o protesta social— y a su audiencia, generando desconfianza en sus respectivas coberturas.
Competencia por infraestructura:
La ley fomenta la apertura a redes compartidas e infraestructura pasiva. Medios de Guanajuato podrían beneficiarse de telecomunicación de banda ancha más accesible, ampliando su capacidad de transmisión digital, plataformas y cobertura en línea.
Impacto en la comunicación en Guanajuato
La norma podría impulsar la conectividad en zonas marginadas, como comunidades rurales cercanas a San Miguel de Allende o León, cerrando la brecha digital. Esto dinamizaría la circulación de voces locales, fortalece el tejido social y amplía el alcance del mensaje informativo en sectores tradicionalmente desatendidos. Sin embargo, la nueva vigilancia digital —junto con reglas imprecisas sobre suspensiones— podría inhibir la libertad periodística y la crítica pública.
La nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión representa una transformación elegante y polémica al promover la inclusión y centralizar la regulación del sector. Para Guanajuato, las posibilidades de crecimiento para medios comunitarios y la expansión digital son palpables, aunque la amenaza de censura encubierta y vigilancia indiscriminada debe ser atendida por autoridades locales, medios y sociedad civil. La discusión ahora se traslada a San Lázaro, donde diputados deberán afinar detalles de fondo, balance y garantías democráticas.
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