La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que la nueva Ley de Telecomunicaciones no espía ni censura, y advirtió que úncamente con una orden judicial es posible intervenir teléfonos.
"En cambio, rescatamos los derechos de las audiencias a la información, como ordena el 6.º constitucional", escribió la presidenta en sus redes sociales.
Este martes, la Cámara de Diputados aprobó en lo general una nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que reemplaza a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014. Esta legislación establece que tanto las telecomunicaciones como la radiodifusión son servicios públicos de interés general y refuerza la rectoría del Estado en su desarrollo, regulación y acceso, con énfasis en la no discriminación y el respeto a los derechos humanos.
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Uno de los cambios más significativos es la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, un órgano desconcentrado con autonomía técnica y operativa que sustituirá al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Esta comisión tendrá a su cargo la regulación del espectro radioeléctrico, redes públicas, servicios satelitales y radiodifusión, así como la emisión de normas técnicas y de homologación de equipos.
A su vez, se crea la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que definirá las políticas del gobierno en telecomunicaciones, conectividad e infraestructura digital. Entre sus funciones está garantizar la continuidad de los servicios ante la revocación de concesiones, promover la cobertura universal, coordinar el uso eficiente de recursos satelitales y facilitar el acceso a internet en instalaciones públicas y zonas prioritarias.
La ley también establece nuevas disposiciones para las concesiones del espectro, promoviendo una mayor competencia y acceso equitativo a los servicios. Se detallan mecanismos para asegurar que el agente económico preponderante en telecomunicaciones permita condiciones justas para otros operadores, especialmente en servicios móviles como tiempo aire, datos y mensajes.
Finalmente, se garantiza la protección de los derechos laborales del personal del IFT, cuyos recursos y funciones serán transferidos a la nueva Agencia. Se contemplan periodos de transición, como la suspensión de trámites por 60 días hábiles y plazos específicos para la emisión de normativas y adecuaciones legislativas por parte del Congreso y el Ejecutivo. Con esta reforma, el gobierno busca modernizar y centralizar la gestión de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión en México.
Gobierno no espía con Ley de Telecomunicaciones: Merino
Recientes aclaraciones sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como sobre la plataforma LlaveMX, abordan directamente las preocupaciones ciudadanas respecto a la privacidad y la seguridad. Las autoridades han enfatizado que "El Gobierno ni espía, ni censura", expuso José Antonio Peña Merino, director de la Agencia de Transformación Digital.
En lo que respecta a la privacidad ciudadana, se ha declarado que es falso que la Ley de Telecomunicaciones sea una ley de espionaje o de censura. La legislación no otorga al órgano regulador, a la ATDT o al Gobierno Federal ninguna posibilidad de acceder a información de los usuarios.
Sin embargo, los operadores de telecomunicaciones sí están obligados a colaborar con las autoridades de seguridad y procuración de justicia. Esta colaboración se refiere específicamente a la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación móvil y la entrega de datos conservados.
Es fundamental destacar que esta colaboración requiere de una orden judicial1. Tanto el Artículo 16 Constitucional como el Código Nacional de Procedimientos Penales establecen la necesidad de una orden judicial para solicitar la localización de una línea en tiempo real, una disposición que ha sido confirmada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El Ministerio Público, o el servidor público delegado, puede solicitar al Juez de control que requiera a los concesionarios la información necesaria para la investigación. La colaboración se realiza mediante un mandamiento por escrito, fundado y motivado de la autoridad competente.
Se subraya que el control judicial no ha cambiado, ya que el Artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que rige la localización geográfica en tiempo real y la solicitud de datos conservados, no ha sido reformado desde 2016. Además, cualquier dato conservado que no constituya un medio de prueba idóneo o pertinente debe ser destruido.
En cuanto a la supuesta censura, las aclaraciones indican que es falso que la Ley de Telecomunicaciones sea una ley de censura2. Se restituyen derechos de audiencias, como el previsto en el artículo 10, fracción LIX (anteriormente artículo 15, fracción LIX de la Ley de 2014).
Se establece que se hará un apercibimiento a los medios para que se apeguen a los derechos de las audiencias, los cuales incluyen el acceso a contenidos diversos, no discriminatorios, con igualdad de género, la distinción entre publicidad y contenido, y la programación infantil que respete valores y principios constitucionales.
El Instituto (Comisión en la nueva ley) vigilará el cumplimiento de estos lineamientos y podrá ordenar la suspensión precautoria de transmisiones que violen las normas, previo apercibimiento.
Respecto a la seguridad ciudadana en el contexto de la plataforma LlaveMX, las iniciativas de ley buscan crear una identidad digital con mecanismos de seguridad para permitir la realización de trámites 100% en línea.
Se ha aclarado explícitamente que LlaveMX "NO permite suplantar la identidad de nadie"11. La afirmación de que "dar de alta una cuenta LlaveMX con una CURP que no es tuya no implica suplantar la identidad de nadie" se basa en que LlaveMX actualmente no puede usarse exitosamente por sí sola para realizar ningún trámite sin documentación adicional que acredite la identidad
Aprobación en el Senado
El Senado aprobó la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, cuyo dictamen fue modificado con diversas propuestas de especialistas y actores del sector. La nueva legislación establece como principios el uso social del espectro radioeléctrico, el fortalecimiento de medios comunitarios indígenas y afromexicanos, así como el acceso a Internet en regiones marginadas del país.
Entre los cambios más relevantes, se eliminó un artículo que planteaba la posibilidad de retirar contenidos de plataformas digitales por decisión de la autoridad. Asimismo, la ley contempla la absorción por parte de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) de las funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), actualmente en proceso de desaparición institucional.
El Origen de la llamada "Ley Censura"
El catalizador para esta reforma fue un spot televisivo antimigrante protagonizado por Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense.
Este spot, el cual es parte de una "campaña publicitaria multimillonaria a nivel nacional e internacional" con un presupuesto de 200 millones de dólares y una duración de dos años, se transmitió en México durante partidos de fútbol y horarios estelares, y también se difundió en plataformas como YouTube, X y TikTok.
En el spot, Noem transmitía un mensaje del presidente Donald Trump: "Si consideras ingresar ilegalmente a Estados Unidos, ni lo pienses". Y advertía que los que infrinjan sus leyes serían perseguidos y que los "delincuentes no son bienvenidos".
El Gobierno mexicano detectó la transmisión del spot desde marzo y entró en comunicación con la televisora, advirtiendo que el contenido contravenía las leyes mexicanas en materia de discriminación. Aunque en 2014 se había abolido una prohibición expresa para que gobiernos extranjeros difundieran propaganda.
Ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el 21 de abril de este año que propondría una reforma para reponer el artículo eliminado de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
La iniciativa de Sheinbaum y los cambios aprobados
La Ley de Telecomunicaciones propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum fue enviada el 23 de abril pasado al Senado de la República. Sin embargo, la primera versión debió ser modificada luego de que permitía bloquear plataformas digitales, revisar contenidos de programas extranjeros y daba facultades excesivas al titular de la ATDT, lo que generó una cascada de críticas de expertos en el tema.
En una segunda versión, presentada el 15 de mayo pasado, y además en el Senado se organizaron conversatorios para escuchar opiniones al respecto. En la nueva versión se eliminó el artículo 109 que permitía a la ATDT bloquear plataformas digitales.
Lo que sí continuó fue el artículo 210 para establecer que ningún gobierno puede hacer propaganda política, ideológica y comercial de gobiernos extranjeros.
También explicó que la red, que permitirá abrir el espectro radioeléctrico a más actores, permitirá a su vez que la señal de internet llegue a alrededor de 15 millones de personas que no cuentan con él. Para ello, se harán descuentos en pago de espectro a cambio de despliegue de infraestructura.
La propuesta incluye beneficios a redes sociales comunitarias, indígenas y afromexicanas.
Otra novedad es que el propio Estado mexicano será proveedor de internet, a través de la Comisión Federal de Electricidad.
Respecto a las facultades originalmente programadas para la ATDT, con la nueva versión se incluyó un nuevo órgano regulador, la Comisión Reguladora. Además, se retoma el tema de los derechos de las audiencias.
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Desaparición del IFT y la nueva Comisión Reguladora
La extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), cuyas tareas serán asumidas por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, encabezada por José Merino, y por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
Los trabajadores del IFT también pidieron que la ley incluyera la posibilidad de ser liquidados conforme a la ley, porque cuando fue presentada no se tenía determinado qué pasaría con ellos cuando desapareciera el instituto.
Por otra parte, la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, operará con independencia técnica, operativa y de gestión. Esta Comisión asumirá atribuciones específicas, separando funciones que antes correspondían al IFT.
Estará conformada por cinco comisionados, cuya designación recaerá en el Ejecutivo y deberá ser ratificada por el Senado. Además, se ha integrado la consulta pública para las decisiones que tome esta nueva Comisión, buscando una mayor transparencia.
Restricciones a la publicidad política extranjera y cero censura
La nueva ley introduce restricciones claras en cuanto a la difusión de propaganda política o ideológica extranjera, permitiendo únicamente la publicidad con fines turísticos y culturales.
En el ámbito de las plataformas digitales, se prohíben ciertas "pautas" de publicidad. Un cambio fundamental es la eliminación del artículo 109, con el propósito de erradicar cualquier indicio o supuesto de censura. En línea con esto, se han habilitado mecanismos de defensores de audiencias.
Restricciones para adquirir un chip
la adquisición o activación de chips móviles quedará restringida: las operadoras solo podrán venderlos a quienes presenten una identificación oficial vigente, como parte de un esquema de control más estricto sobre las líneas telefónicas activas en el país.
El Estado como proveedor de internet y promotor de competencia
Una de las modificaciones significativas es la habilitación del Estado para actuar como proveedor de servicios de Internet. Esto le permitirá competir en igualdad de condiciones por el espectro radioeléctrico y, de manera importante, ofrecer acceso gratuito a Internet en espacios públicos. El objetivo es asegurar una competencia neutral en el sector.
Fomento y sostenibilidad para redes comunitarias
Un punto crucial de la reforma es el apoyo a las redes comunitarias. Se facilitará la interconexión con empresas comerciales y se permitirá que las radios comunitarias, indígenas y afromexicanas utilicen hasta el 3 por ciento de su tiempo total para publicidad y patrocinios locales.
Esta medida busca proporcionar mecanismos de sostenibilidad financiera para que estas radios puedan prosperar. Además, se destinará entre el 1 y el 10 por ciento del presupuesto de comunicación social a las radiodifusoras comunitarias.
Además, el nuevo marco legal contempla incentivos financieros para aquellas empresas de telecomunicaciones que desplieguen infraestructura en zonas sin acceso a internet, como comunidades rurales o tramos carreteros.
La reforma plantea la obtención de descuentos en el pago por uso del espectro radioeléctrico, recurso indispensable para operar redes móviles.
Garantía de derechos de usuarios y accesibilidad inclusiva
La ley refuerza los derechos de los usuarios, exigiendo que todos los equipos de telecomunicaciones estén desbloqueados y garantizando el acceso a servicios de emergencia. Asimismo, se incluyen derechos específicos para personas con discapacidad y se incorpora la perspectiva de género, buscando la igualdad de condiciones en el acceso y uso de los servicios.
*Contenido generado con apoyo de la inteligencia artificial
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