El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue citado a rendir entrevista ante el Ministerio Público Federal, como parte de una serie de diligencias ministeriales de alto impacto activadas por la Fiscalía General de la República (FGR).
La confirmación de estos citatorios surge directamente tras la acusación formal emitida por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, un expediente criminal que apunta contra 10 ciudadanos mexicanos originarios de dicha entidad por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La institución federal sostuvo que estas comparecencias forman parte del plan de investigación abierto en territorio nacional luego de las imputaciones de la justicia estadounidense. Las acciones ministeriales se desarrollarán bajo la estricta vigilancia del debido proceso y conforme a las atribuciones legales de la dependencia.
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De acuerdo con el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda persona citada por el Ministerio Público o por un órgano jurisdiccional está obligada a comparecer. Sin embargo, la legislación mexicana contempla excepciones para determinados servidores públicos contemplados en el artículo 111 de la Constitución.
El artículo 111 constitucional establece que, para proceder penalmente contra legisladores federales, ministros de la Suprema Corte, integrantes de órganos autónomos y titulares de distintos cargos públicos, primero se requiere una declaración de procedencia aprobada por la Cámara de Diputados. En el caso de funcionarios estatales, el procedimiento también involucra a los congresos locales conforme a sus atribuciones.
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Contexto: el expediente de Nueva York y el desplome político en Sinaloa
La tormenta política y judicial estalló a finales de abril, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos formales contra altos funcionarios y excolaboradores de la administración sinaloense. El gobierno norteamericano los acusa de una presunta colaboración estrecha con 'Los Chapitos', facción del Cártel de Sinaloa, para otorgarles protección institucional y blindar sus operaciones ilícitas.
Este escándalo provocó un sismo en la estructura estatal:
Rubén Rocha Moya: Solicitó licencia formal a la gubernatura semanas atrás y se mantiene alejado de la escena pública. Actualmente, el estado permanece bajo la conducción de la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde.
Enrique Inzunza Cázarez: El senador con licencia y exsecretario de Gobierno también figura en el expediente de la Unión Americana y forma parte de las personas requeridas por la autoridad federal.
Pese a que ambos políticos han rechazado tajantemente los señalamientos, negando cualquier vínculo con organizaciones criminales, la FGR ya los tiene bajo la lupa institucional en México.
Reuniones en Culiacán y capturas clave
En días recientes, Enrique Inzunza sostuvo reuniones en Culiacán con Rocha Moya y con el senador Javier Corral. El exgobernador de Chihuahua confirmó el encuentro de manera pública, acotando que se trató de una charla entre legisladores celebrada en un espacio abierto.
Paralelamente, la investigación en Estados Unidos ya muestra avances operativos contundentes:
Gerardo Mérida Sánchez: El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa ya fue detenido en Arizona y trasladado a Nueva York para enfrentar a la corte.
Enrique Díaz Vega: El exsecretario de Administración y Finanzas estatal es señalado por las autoridades estadounidenses como el presunto enlace financiero directo entre el gobierno local y los líderes criminales.
De acuerdo con las agencias de inteligencia de EU, el acuerdo criminal implicaba la inyección de apoyo político y cuantiosos beneficios económicos a las campañas del grupo en el poder a cambio de facilitar el trasiego de drogas e información privilegiada sobre operativos de seguridad.
Siguientes pasos de la FGR
Tanto Rocha Moya como Inzunza reiteraron que encararán cualquier proceso legal dentro de las instituciones mexicanas.
Enrique Inzunza informó que ya recibió una citación formal de la Fiscalía General de la República y aseguró que acudirá personalmente a comparecer ante el Ministerio Público. El senador con licencia señaló que asumirá su propia defensa y afirmó que no recurrirá a la inmunidad procesal contemplada en el artículo 111 constitucional ni a las excepciones previstas en el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales para evitar la comparecencia.
Por su parte, la FGR enfatizó que la ronda de entrevistas continuará extendiéndose a más implicados y que la soberanía nacional dictará que cualquier requerimiento internacional se resolverá bajo los códigos de la legislación mexicana.
Más tarde, la Secretaría de Gobernación informó que los llamados a declarar del gobernador de Sinaloa y los otros señalados por EU por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa son en calidad de testigos. Y recalcó que no tienen una finalidad política.
VGB