Las prácticas de intimidación y uso del miedo atribuidas al alcalde de Tequila, Diego N., hoy detenido por cargos de extorsión, corrupción y presuntos nexos con la delincuencia organizada, también incluyeron actos de violencia política en razón de género contra tres regidoras del ayuntamiento, pertenecientes a distintas fuerzas políticas. La Silla Rota habló con las ediles sobre estas agresiones.
Las denuncias fueron presentadas por Alondra Romero Cordero, del PRI; Luz Elena Aguirre Sandoval, de Morena, y Evelyn Saray Castañeda Chávez, regidora independiente, ante instancias estatales, con la intervención de organismos de derechos humanos y actores de diversos partidos.
Las ediles señalaron un patrón sistemático de agresiones y obstáculos para ejercer su cargo, que incluyó la obstrucción de funciones mediante el bloqueo administrativo, con la restricción de acceso a la sala de regidores y a oficinas de la presidencia municipal, lo que les impidió participar plenamente en las sesiones de cabildo y realizar labores de representación.
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También denunciaron violencia económica, expresada en la retención injustificada de salarios y la reducción de sus sueldos como mecanismo de presión política. En algunos casos, los recortes alcanzaron hasta el 50 por ciento. A ello se sumaron actos de hostigamiento y amenazas, como el seguimiento por parte de elementos de la policía municipal, situación que llevó al Gobierno de Jalisco a otorgarles dispositivos “Pulso de Vida” como medida de protección inmediata, los cuales actualmente conservan.
Evelyn Castañeda, regidora independiente de Tequila, denunció que la actitud violenta del alcalde no cesó, pese a las denuncias presentadas en su contra y a las medidas cautelares dictadas a su favor.
Relató que, aun con el acompañamiento de la policía estatal, ella y dos de sus compañeras fueron detenidas por elementos de la policía municipal mientras realizaban actividades comunitarias en la localidad de San Martín, como sembrar árboles y pintar espacios públicos. De acuerdo con su testimonio, tres patrullas y alrededor de 15 policías las interceptaron, les impusieron multas y las obligaron a suspender la actividad, hechos que calificó como un acoso constante e injustificado.
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“Teníamos medidas cautelares, con acompañamiento de la policía del Estado, y aun así nos mandó detener. Estábamos sembrando árboles, pintando y llevando tambos para la basura, y nos enviaron tres patrullas con 15 elementos para detenernos.
Nos multaron. El acoso era permanente y sin sentido. No paró”, declaró.
Castañeda también denunció que Diego N. les negó el acceso a sus oficinas y les impidió ejercer sus funciones como regidoras, por lo que tuvieron que trabajar desde casa. Atribuyó estas acciones a instrucciones giradas por directores del ayuntamiento, entre ellos el secretario general, Óscar Leal Landeros, y el jefe de gabinete, Julio César Limón. Señaló que esta restricción constituye una anomalía grave que vulnera sus derechos y limita su labor de representación.
Por su parte, la regidora de Morena en Tequila, Luz Elena Aguirre, afirmó que, pese a haber sufrido violencia política, no recibió respaldo de su partido.
“Es muy triste, porque todo el tema de los derechos de las mujeres ha avanzado, pero falta muchísimo. Estos personajes son muy inteligentes para manejar la información. Un ‘buenos días, regidora’ no es evidencia suficiente, pero para quienes ya lo conocíamos sabíamos lo que significaba. Generaba una preocupación impresionante”, expresó.
Aguirre aclaró que su partido no le pidió abstenerse de realizar señalamientos que pudieran afectar al gobierno o a la propia fuerza política. Sin embargo, señaló que Morena se mantuvo ausente frente a la problemática, actuando como si ella no perteneciera a su fracción, sin brindarle apoyo, acompañamiento ni respaldo institucional.
Respecto a la prisión preventiva dictada al alcalde, la regidora dijo sentir tranquilidad tras más de un año de vivir bajo presión. “Siento mucha paz y la tranquilidad de que vamos a estar muy bien, después de tener más de un año el pie encima como pueblo”, señaló. Reconoció que el miedo persiste, pero subrayó que el compromiso con la comunidad ha sido mayor.
Aguirre recordó que desde el inicio presentaron denuncias y enfrentaron amenazas constantes, lo que dejó sus facultades como regidoras “por los suelos”. Lamentó que las autoridades no hayan considerado la violencia política en razón de género como causa de detención y destacó la dificultad de acreditar este tipo de agresiones, en particular cuando se ejercen de forma sutil y sistemática contra mujeres.
En tanto, Alondra Romero, regidora del PRI en Tequila, señaló que tanto ella como sus compañeras actuaron con valentía, aunque siempre con miedo debido al contexto de hostigamiento.
“Mis compañeras y yo siempre hemos sido valientes en los hechos, pero sí hemos actuado con miedo, porque es lo que nos corresponde como regidoras en esta situación”, afirmó.
Indicó que tras el encarcelamiento de Diego N. se sienten más tranquilas, especialmente por la presencia de fuerzas de seguridad estatales y federales en el municipio. No obstante, admitió que persiste la incertidumbre sobre lo que pueda ocurrir.
“Nos da tranquilidad que, por lo pronto, sea procesado por todas las acciones que cometió. Nadie más tiene la culpa”, señaló.
Romero agregó que entre las anomalías detectadas durante la administración del alcalde se encuentran más de 200 despidos, préstamos con casas financieras de las que se desconocen detalles, así como la suspensión de pensiones a trabajadores jubilados. Consideró que será hasta que se revisen a fondo las finanzas municipales cuando se dimensione el daño causado.
La regidora, quien preside la Comisión de Vialidades y Nomenclaturas, denunció que ni ella ni sus compañeras recibieron autorización para trabajar en comisiones durante la administración de Diego N.
“Hasta que lleguemos ahí vamos a ver realmente el daño. Lo que ya se ve es claro: extorsiones, multas, clausuras. Todo eso”, concluyó.
Las denuncias de las ediles contra Diego Rivera Navarro se presentaron en distintas etapas y se acumularon a lo largo de su administración, hasta alcanzar un punto crítico a finales de 2025.
De acuerdo con los testimonios de las regidoras, los primeros actos de hostigamiento se registraron en marzo de 2025, cuando comenzaron las restricciones de acceso a oficinas municipales y la retención de salarios. En julio de ese mismo año se interpusieron las primeras denuncias formales ante la Fiscalía del Estado y autoridades electorales, lo que derivó en el acompañamiento psicológico y la aplicación de medidas iniciales de protección por parte de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.
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En noviembre de 2025, durante una jornada de reforestación en la localidad de San Martín, las regidoras fueron seguidas y grabadas por policías municipales, quienes intentaron detenerlas sin fundamento, hecho que motivó la ampliación de las denuncias. Posteriormente, el 10 de diciembre se presentaron quejas específicas por violencia política en razón de género y, nueve días después, las secretarías de las mujeres del PRI, Morena, PAN y Movimiento Ciudadano realizaron un pronunciamiento conjunto en Guadalajara para denunciar públicamente el caso y exigir garantías para la integridad de las ediles.
Aunque el Tribunal Electoral local declaró inexistentes las infracciones por violencia política en razón de género, los procedimientos penales por amenazas y obstrucción de funciones continuaron su curso. A febrero de 2026, las denuncias penales por amenazas de muerte y obstrucción de funciones permanecían vigentes.