Puebla -Los gobiernos de Puebla y Veracruz pusieron en marcha un operativo conjunto y permanente para combatir al crimen organizado en los municipios limítrofes de ambas entidades, luego de una serie de hechos violentos registrados en la región. La estrategia se implementa en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).
El acuerdo fue alcanzado por las secretarías de Seguridad Pública de ambos estados, que coincidieron en la necesidad de fortalecer la presencia institucional en zonas donde grupos armados han protagonizado enfrentamientos y balaceras para disputar el control territorial.
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El titular de la SSP de Puebla, Francisco Sánchez, informó que el dispositivo entró en vigor desde ayer jueves 8 de enero, tras una reunión sostenida en la ciudad de Córdoba con mandos de seguridad de Veracruz, donde se definieron las líneas de acción y los puntos prioritarios de vigilancia.
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Despliegue permanente en carreteras clave
El operativo contempla patrullajes constantes, instalación de puestos de control, revisión vehicular, vigilancia permanente y una presencia disuasiva en tramos estratégicos como la autopista Puebla–Córdoba y la carretera Tehuacán–Orizaba. El objetivo es inhibir la comisión de delitos y salvaguardar la integridad de quienes transitan por estas vialidades.
De acuerdo con Sánchez, se trata de un despliegue permanente, diseñado para cerrar el paso a actividades delictivas recurrentes como asaltos, extorsiones y ataques armados en corredores carreteros que conectan ambos estados.
La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla detalló que para estas labores aportó 175 elementos de la Policía Estatal y 30 patrullas, que se suman a los efectivos de Semar, Defensa, Guardia Nacional y corporaciones de Veracruz.
Violencia reciente acelera coordinación interestatal
La activación del operativo ocurre tras hechos recientes de violencia en la región. En las últimas horas se reportó una balacera en el municipio de Cañada Morelos, Puebla, que derivó en la ejecución de Dionicio N., de 25 años, trabajador del gobierno municipal.
De acuerdo con las autoridades, la víctima fue atacada por un comando armado que, tras privarlo de la vida, se llevó su cuerpo con rumbo desconocido. Hasta el momento, no ha sido localizado. La SSP señaló que el incidente habría iniciado por un altercado vial entre un automóvil y una motocicleta, en el que presuntamente estuvo involucrado un integrante de un grupo delictivo.
Este caso se suma a antecedentes similares en la zona. En noviembre de 2025, en Atzitzintla, grupos armados se enfrentaron a plena luz del día y extendieron la balacera a territorio veracruzano, con un saldo de tres personas muertas y la posterior renuncia de 20 policías.
Operativo busca frenar delitos de alto impacto
Las autoridades reconocen que el operativo conjunto también responde a la incidencia de delitos que afectan directamente a la actividad económica y a la seguridad cotidiana. De acuerdo con la plataforma Pulso Puebla, integrada por academia, sector empresarial, sindicatos e iglesia, el robo a transportistas, de maquinaria, autopartes y la extorsión figuran entre los delitos más recurrentes en la primera mitad de 2025.
Según este análisis, Puebla ocupó en ese periodo el primer lugar nacional en robo a transportistas y se colocó en el segundo sitio en robo a transporte individual, así como en el tercero en robo de autopartes y a transporte público colectivo.
El informe, con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, también señala contrastes regionales: mientras en Tehuacán el robo de vehículo disminuyó 12.98 por ciento respecto a 2024, en San Martín Texmelucan aumentó 29.38 por ciento; y aunque el robo de autopartes bajó en Cuautlancingo, repuntó de manera significativa en San Pedro.
En este contexto, el operativo conjunto entre Puebla y Veracruz busca reforzar la capacidad de respuesta institucional en una región donde la disponibilidad de elementos policiales es limitada y donde la coordinación interestatal se perfila como un factor clave para reducir la incidencia delictiva y recuperar el control territorial.