César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Botox”, compareció ante un juez federal durante una audiencia remota y reconoció su participación en actividades de extorsión contra productores de limón en la región de Tierra Caliente, Michoacán. La diligencia se realizó desde la Ciudad de México, con sede judicial en Almoloya de Juárez.
Durante la comparecencia, el imputado aceptó que encabezó una estructura criminal dedicada al cobro de cuotas a empacadores y agricultores del sector citrícola. La admisión ocurrió en el marco de un proceso penal que incluye señalamientos por delincuencia organizada, delitos contra la salud y portación de armas de uso exclusivo.
La Fiscalía General de la República incorporó esta declaración al expediente que se sigue contra Sepúlveda Arellano. El caso forma parte de investigaciones federales enfocadas en redes de extorsión que operan en zonas productivas de Michoacán.
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Las autoridades señalaron que el esquema afectó la distribución y comercialización del limón. Las indagatorias apuntan a un control sistemático sobre actividades económicas clave en municipios de la región.
Ruptura criminal y disputa por cuotas
Las investigaciones federales indican que Sepúlveda Arellano rompió su alianza con Juan José Farías, alias “El Abuelo”, tras desacuerdos por el control de las cuotas impuestas a trabajadores del campo. La ruptura derivó en una reorganización de las redes de cobro en Tierra Caliente.
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Este conflicto interno se vinculó con episodios de violencia en la zona. Entre ellos figura el homicidio de Bernardo Bravo, dirigente de productores de limón en Apatzingán, hecho que permanece bajo investigación judicial.
Los reportes ministeriales señalan que la estructura encabezada por “El Botox” mantuvo presencia activa en diversos municipios. La operación se sostuvo mediante intimidación directa a productores y distribuidores.
La fiscalía estatal documentó estos hechos como parte de un patrón delictivo extendido. La información se integró a carpetas abiertas por extorsión agravada y homicidio.
Captura y aseguramientos en Tierra Caliente
La detención de Sepúlveda Arellano ocurrió el 22 de enero en un inmueble ubicado en Santa Ana Amatlán, municipio de Buenavista. El operativo se realizó de forma coordinada entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y autoridades estatales.
Durante la acción, las fuerzas de seguridad arrestaron también a su jefe de seguridad y a una operadora financiera. Las autoridades identificaron a ambos como piezas clave en la administración de recursos del grupo criminal.
Tras la captura, corporaciones federales y estatales ejecutaron cateos en la comunidad de Cenobio Moreno. La zona figura como uno de los principales centros operativos de la organización.
En los operativos se aseguraron 19 inmuebles vinculados al grupo. En esos espacios, las autoridades decomisaron metanfetamina, marihuana y equipos de radiocomunicación.
Señalamientos internacionales y control de servicios
La organización atribuida a “El Botox” figura en registros de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos. Las sanciones se relacionan con actividades de narcotráfico y esquemas de extorsión.
Los informes internacionales incluyen el control forzado de servicios de internet en comunidades de Michoacán. Las investigaciones señalan que la población debía pagar cuotas para acceder a la conectividad.
En el ámbito local, la fiscalía estatal ofreció una recompensa de 100 mil pesos por información que condujera a su captura. El incentivo permaneció vigente hasta el operativo de enero.
Las autoridades consideran que el grupo operó con una estructura financiera definida. El aseguramiento de inmuebles y detenciones apunta a la desarticulación de ese esquema.
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Proceso penal en curso
El Ministerio Público de la Federación solicitó la prisión preventiva oficiosa para Sepúlveda Arellano. La petición se sustenta en el riesgo de fuga y en la gravedad de los delitos imputados.
La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para preparar argumentos y presentar pruebas. El juez definirá la situación jurídica del imputado conforme a los plazos legales.
El expediente incluye al menos siete órdenes de aprehensión previas por extorsión y homicidio. Las causas penales continúan en distintas instancias judiciales.
Las autoridades federales indicaron que las investigaciones seguirán activas en la región. El objetivo consiste en identificar remanentes operativos y rutas financieras asociadas al grupo criminal.
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VGB