TUXTLA GUTIÉRREZ.- A 7 años de la desaparición, tortura y asesinato de los defensores de derechos humanos, Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez, aún sigue pendiente la ejecución de 5 órdenes de aprehensión, mientras que los presuntos autores intelectuales, los hermanos Manuel y Wilber Carpio Mayorga, gozan de libertad.
A las afueras del Poder Judicial de la Federación en esta ciudad capital, José Truinidad López Calvo, líder del Movimiento Campesino Regional Independiente-Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (Mocri-CNPA-MN) contó que solicitaron una audiencia al magistrado ponente del Primer Tribunal Colegiado en materia civil, Jorge Masón Cal y Mayor por el estancamiento del proceso de ambos compañeros.
En marzo 2024, recordó, Wilber y Manuel Carpio Mayorga fueron liberados luego de permanecer en prisión desde el 2019 y 2020, respectivamente, a través de “juicos exprés”.
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“Más que se nos informe, en realidad no hay una decisión política del magistrado (para que se aplique la ley), pues es él quien tiene las carpetas de investigación, y además ambos hermanos tienen cargos en la actual administración. Eso significa que los protegen, y por eso nuestros amparos”, argumentó y urgió a la Fiscalía que ejecute las órdenes de arresto contra los criminales.
Tras dejar en claro que la autoridad estatal no ha querido acatar la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitida desde el 2019, aceptó que, a 7 años de ese hecho violento, para ellos ha sido complicado y por eso han sumado nuevas alianzas a nivel nacional.
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El levantón
El 19 de enero de 2018, Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez encabezaban un movimiento pacífico para exigir mejores condiciones de vida en el municipio de Amatán y además acabar con el cacicazgo que, por al menos cuatro trienios, habían formado los hermanos Carpio Mayorga.
A través de un plantón en el centro de esa localidad, y sobre todo en las instalaciones del Ayuntamiento, los integrantes del Mocri-CNPA-MN buscaban presionar para ser escuchados por las autoridades estatales e incluso federales.
Sin embargo, ese día, un comando llegó a esa zona y se llevó a ambos personajes, quienes un día después aparecieron sin vida, en el basurero del pueblo, con visibles huellas de tortura.
De hecho, a lo largo de varios meses, integrantes del Movimiento por la Paz, Justicia y Bien Común de Amatán fueron agredidos en repetidas ocasiones, lo que dejó como saldo a otros compañeros golpeados, macheteados, atropellados y hostigados por paramilitares que obedecían a los hermanos Carpio Mayorga, advirtió de nueva cuenta José Trinidad López, quien dijo que la lucha de ellos era importante porque la pobreza y marginación se enraizaron en Amatán, situación que aún continúa.
Amedrentamiento a testigos
Lo que más le duele, aceptó, es que quienes eran testigos de esos hechos violentos fueron amenazados y en los últimos años del proceso “se echaron para atrás” por temor a represalias.
Les queda claro, afirmó, que los crímenes se debieron a un interés del Estado: el control territorial. Ante ello, solicitó al Primer Tribunal Colegido en materia civil y penal con residencia en Tuxtla Gutiérrez, realice la revisión oportuna, eficaz y veraz de los expedientes 66/2024 y 102/2025.
En solidaridad con el movimiento, Zayra Vázquez, integrante del Centro de Derechos Humanos “Antonio Esteban” también lamentó que los autores intelectuales tengan cargos en la actual administración, uno de ellos incluso como director de uno de los Colegios de Bachilleres de Chiapas (Cobach) en la región Norte de la entidad.
Ante este contexto, refirió que han efectuado acciones a nivel nacional, con el fin de buscar justicia para varios casos, entre ellos el de Noé y José Santiago. Inclusive, afirmó que preparan más movilizaciones este año en esa búsqueda de justicia.
lrc