Oaxaca.— “O nos vamos o nos matan”. Así describen comuneros de Chocomanatlán, también conocida como López Portillo, en el municipio de Santa María Chimalapas, la amenaza que hoy pesa sobre sus tierras comunales, en la frontera entre Oaxaca y Chiapas.
De acuerdo con testimonios recabados por La Silla Rota, civiles armados irrumpieron en esta comunidad de aproximadamente 500 habitantes a bordo de camionetas de lujo sin placas. Llegaron con documentos en mano y una advertencia directa: debían firmar la cesión de sus tierras; de negarse, serían asesinados. A cambio de la firma, ofrecían 20 mil pesos.
Los comuneros rechazaron la exigencia y, ante el riesgo inminente, se organizaron en un frente común para impedir la imposición del grupo armado y evitar el desplazamiento forzado de sus familias, decididos a defender el territorio que habitan y resguardan desde hace décadas.
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“Se nos metieron”: la alerta que rompió la noche en Chimalapas
La amenaza dejó de ser un rumor cuando, en medio de la noche, una mujer de la comunidad envió un mensaje desesperado al que La Silla Rota tuvo acceso: “se nos metieron, se nos metieron, Miguel Ángel, ya nos cayeron”. El mensaje, breve y entrecortado, marcó el momento en que el miedo se volvió real para las familias de Chocomanatlán.
Horas después, durante la conferencia matutina, el secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, confirmó que las autoridades estatales ya habían sido informadas de la situación por el presidente municipal de Santa María Chimalapas. Señaló que, ante la alerta, se activaron patrullajes permanentes con elementos de la 46 Zona Militar en la región.
El funcionario reconoció que el gobierno estatal tiene conocimiento del documento que circula entre los comuneros, en el que se les amenaza para que firmen la cesión de sus tierras. Añadió que el clima de tensión podría estar relacionado con la reciente detención del presidente municipal de Cintalapa, Chiapas, así como de policías municipales de ese municipio.
“Lo que sabemos es la presencia de civiles armados a bordo de dos motocicletas, por eso se activaron los rondines. Nosotros tenemos un convenio interestatal con el gobierno de Chiapas, de que cualquier situación de alerta vamos a coordinarlo inmediatamente”, declaró Romero López.
“Alerta, alerta”: piden protección urgente para evitar una masacre
Miguel Ángel García Aguirre, coordinador regional del Comité Nacional para la Defensa de los Chimalapas, confirmó en entrevista con La Silla Rota que ha mantenido comunicación constante con las y los comuneros de la zona, quienes le advirtieron directamente sobre la presencia de civiles armados y las amenazas que enfrentan. Señaló que esta situación ya había sido notificada al presidente municipal de Santa María Chimalapas, Manuel Ángel Jiménez López.
Ante el riesgo que viven las familias, el defensor informó que solicitó de manera urgente a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) la aplicación de medidas cautelares no solo para la comunidad de Chocomanatlán, sino también para otras cinco localidades ubicadas en la franja fronteriza entre Oaxaca y Chiapas.
“Yo estuve todo el día con ellos. Y ahora no puedo volver, porque es urgente que se apliquen las medidas cautelares, que esta gente esté protegida, que evitemos la masacre”, advirtió García Aguirre, al subrayar la gravedad de la situación.
El ambientalista recalcó que, además de las medidas cautelares, se requiere la instalación de una base militar permanente que vigile la zona, ya que los comuneros temen que haya personas que informen a los grupos armados sobre los movimientos y denuncias que se están realizando.
“La gente tiene miedo, esto ya se difundió. Realmente es una situación tensa para las familias, y no merecen vivir en la zozobra o con el miedo de que los corran de sus comunidades”, concluyó.
La violencia que avanza desde 2023
La amenaza que hoy enfrentan las comunidades chimalapas no es nueva. Los comuneros recuerdan que todo comenzó en 2023, cuando grupos de la delincuencia organizada, asentados en la vecina población de Nuevo San Juan —integrada por personas provenientes de Guerrero—, iniciaron el saqueo y contrabando clandestino de madera en la región.
Desde entonces, relatan, comenzaron las amenazas de muerte contra los comuneros de la Congregación de Río Frío. La violencia escaló hasta el desalojo forzado del líder comunal Jorge Osorio, a quien despojaron de sus tierras, su ganado y todas sus pertenencias. Osorio logró escapar con vida de la región oriente de los Chimalapas, mientras el grupo armado se apoderó del poblado de Río Frío.
Dos años después, en octubre de 2025, la presencia y agresividad del grupo —cuya adscripción a una célula delictiva específica se desconoce, pero que opera en la zona Jiquipilas-Cintalapa— se consolidó en los poblados chiapanecos de El Triunfo de Madero y Zapata, así como en las congregaciones chimas de Nuevo San Juan y Río Frío. Desde ahí, comenzaron a avanzar hacia el territorio comunal chimalapa, lanzando amenazas directas contra las comunidades de Chocomanatlán y Nuevo San Andrés.
En los primeros días de 2026, los hombres armados ingresaron nuevamente de manera violenta con la intención de apoderarse de esta porción de la selva de los Chimalapas, considerada la biorregión con mayor diversidad biológica y mejor conservada de México y Mesoamérica, hogar de especies en peligro de extinción y de maderas preciosas como caoba, cedro, ceiba y liquidámbar. Las montañas chimalapas, además, cumplen un papel clave en la producción de oxígeno y la regulación climática en medio de la actual crisis ambiental.
La violencia ya ha comenzado a paralizar la vida cotidiana. Una joven de la comunidad, que pidió omitir su nombre por temor a represalias, expresó a esta reportera su preocupación por el futuro de sus tierras y de la selva que, asegura, han cuidado y protegido desde generaciones.
A este escenario se suma la suspensión de la atención médica. La doctora y la enfermera que atienden la clínica del IMSS Bienestar, informaron que dejarán de brindar servicio ante el clima de inseguridad. “Esto es una situación muy triste; el día que llegaron los hombres armados a ver a nuestra autoridad nos asustamos mucho. Había niñas y niños jugando y vieron todo, entonces no podemos seguir viviendo así”, relataron.
El temor al desplazamiento forzado crece entre las familias, que hoy viven entre la defensa de su territorio y el miedo constante a la violencia.
“Tememos ser desplazados de nuestra selva”
La tensión es constante. Sabino Romero, secretario auxiliar de Bienes Comunales de Chocomanatlán, relató que las amenazas armadas han obligado a las familias a modificar su vida cotidiana hasta el límite de la resistencia. Durante varias noches, dijo, han tenido que dormir en la montaña para resguardarse, una situación que ya impacta directamente en la niñez: maestros de preescolar, primaria y telesecundaria se han negado a regresar a las aulas por temor, dejando a las y los niños sin clases.
“Como allá, del lado de Chiapas, ya los corrieron, ahora intentan ingresar a nuestro territorio y nos están obligando a firmar documentos para entregarles nuestras tierras, pero eso no va a ocurrir. Nosotros llegamos acá en los años setenta, hemos defendido este territorio comunal chimalapa y así vamos a continuar”, afirmó.
Romero contó que, tras la negativa de firmar, la semana pasada fue llamado de noche para asistir a una reunión con las congregaciones vecinas de Nuevo San Juan y Río Frío. La asamblea del pueblo no autorizó su salida. “Pensamos que quizá, por la postura que tenemos, era una trampa y no asistí. Entonces vinieron unos señores a buscarme a mi casa para obligarme, pero me negué. No podemos seguir viviendo así”, relató.
El temor que hoy recorre Chocomanatlán no es aislado. En Oaxaca, de acuerdo con autoridades estatales, al menos 27 poblados de distintos pueblos indígenas —entre ellos mixtecos y triquis— viven ya situaciones de desplazamiento forzado, pese a que en septiembre del año pasado el Congreso local aprobó una ley para atender este fenómeno.
En diciembre pasado, durante el Segundo Encuentro Nacional sobre Buenas Prácticas y Coordinación Interinstitucional para la Atención del Desplazamiento Interno en México, la relatora especial de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos, Paula Gaviria Betancur, reconoció el proceso de escucha del Gobierno de Oaxaca hacia las comunidades originarias afectadas. “No conozco un proceso tan cuidadoso en este sentido”, afirmó ante representantes de 13 estados, instituciones federales y agencias internacionales.
Mientras ese reconocimiento internacional existe, en Chocomanatlán el miedo persiste. Las familias resisten entre la selva que defienden y la amenaza latente de ser expulsadas de la tierra que consideran su hogar.