Lo que comenzó como una jornada laboral ordinaria en las oficinas del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) terminó en un operativo inusual que reveló tensiones internas y presuntas irregularidades en la asignación de plazas docentes. La Secretaría de Educación, respaldada por la fuerza pública y la Contraloría estatal, destituyó a Leandro Vique Salazar de la dirección general, mientras la Fiscalía Anticorrupción aseguraba documentos para una investigación por corrupción.
La intervención inició en el Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (SICAMM), donde la secretaria de Educación, Karla Aline Herrera Alonso, junto con la contralora estatal, Alejandra Pani Barragán, encabezó una inspección sorpresa en el departamento de Evaluación, responsable de la asignación de plazas a docentes de nuevo ingreso. Durante la revisión se detectaron anomalías, por lo que se ordenó el desalojo del personal, el cierre de las oficinas y su resguardo bajo vigilancia oficial.
Tras la inspección, Herrera Alonso recorrió las distintas áreas del instituto para notificar los cambios. En cada espacio, informó que Raúl Aguirre Espitia, quien hasta ese momento se desempeñaba como director de Vinculación y Enlace de la Secretaría de Educación, asumiría la dirección del IEBEM. “Nuestro compromiso es garantizar que los procesos de asignación de plazas se realicen con total transparencia y legalidad”, expresó la funcionaria ante el personal administrativo.
Te podría interesar
A su lado, Vique Salazar acompañó cada encuentro y, visiblemente sereno, agradeció el respaldo que recibió durante su gestión. “Gracias por el apoyo que me brindaron en este tiempo. Me voy tranquilo, con la conciencia de haber trabajado por la educación de Morelos”, dijo mientras saludaba a trabajadoras y trabajadores.
El anuncio desató inconformidad, especialmente en el área jurídica, donde empleadas y empleados buscaron ingresar para recoger sus pertenencias. En un primer momento se les negó el acceso, pero, tras la llegada de medios de comunicación, se les permitió la entrada únicamente para retirar objetos personales. Poco después se les notificó que quedaban oficialmente separados de sus cargos.
De manera paralela, personal de la Fiscalía Anticorrupción ingresó al edificio para sellar oficinas y retirar cajas con documentación que formará parte de una carpeta de investigación por la presunta venta de plazas y cobros indebidos.
La fuerte presencia policiaca y el cierre de áreas administrativas generaron un ambiente de tensión. De forma repentina se interrumpió el suministro de energía eléctrica, lo que llevó a trabajadores y trabajadoras a suspender actividades y realizar una protesta de “brazos caídos”. Durante la manifestación, algunas personas alzaron la voz: “Queremos saber qué está pasando, exigimos respeto a nuestros derechos laborales”, reclamó una trabajadora mientras otros coreaban “¡No somos delincuentes, somos trabajadores!”.
El dirigente estatal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Joel Sánchez Vélez, acudió al lugar para dialogar con el personal y aseguró que la situación de las personas despedidas será revisada con detalle. “Vamos a acompañar a las compañeras y compañeros afectados para que se respeten sus derechos y se aclaren las razones de estas decisiones”, declaró ante las y los manifestantes.
Horas después, la Secretaría de Educación difundió un comunicado en el que informó que Leandro Vique Salazar presentó su renuncia al cargo de director general del IEBEM. “Este cambio forma parte de las acciones para fortalecer la transparencia en los procesos de asignación de plazas docentes”, señaló la dependencia en el documento. Aunque no ofreció mayores detalles, fuentes cercanas confirmaron que la intervención derivó de denuncias por presunta venta de plazas y otras irregularidades en el proceso de asignación de puestos docentes.
Alerta educativa en Morelos
Desde el 15 de agosto, La Silla Rota informó que más de cinco mil quinientos estudiantes de nivel medio superior y superior en Morelos enfrentan retrasos en la entrega de certificados y matrículas, presuntamente derivados de actos de corrupción cometidos por Guadalupe Torres Godínez, Director General de Educación Media Superior y Superior. La organización Raíces Global denunció que Torres Godínez condicionaba la liberación de documentos al pago de un veinte por ciento adicional por cada trámite, afectando directamente el acceso a la educación de los jóvenes.
El impacto de estas acciones se ha sentido desde noviembre de 2024, cuando comenzaron los retrasos: más de mil quinientos certificados de bachillerato y un número no precisado de licenciatura siguen sin firma. Esto impide que los estudiantes continúen sus estudios, realicen trámites de titulación o accedan a empleos formales, generando un rezago significativo en el sistema educativo estatal.
El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado determinó que la retención de certificados vulnera el derecho de los estudiantes y resolvió que Torres Godínez debía ser destituido e inhabilitado por seis años, además de imponerle una multa de doscientas Unidades de Medida y Actualización. Sin embargo, el funcionario obtuvo un amparo provisional que le permite permanecer en el cargo, mientras las autoridades estatales no han dado cumplimiento a la resolución.
Raíces Global advierte que, de no resolverse la situación, hasta treinta y un mil estudiantes podrían verse afectados. La organización prepara movilizaciones en Morelos y la Ciudad de México para exigir que se cumpla la ley y que se liberen los certificados retenidos. Mientras tanto, miles de jóvenes continúan a la espera de sus documentos, con su futuro académico y laboral en riesgo.
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP. EL PODER DE LA INFORMACIÓN EN LA PALMA DE TU MANO
SÍGUENOS EN EL SHOWCASE DE LA SILLA ROTA DE GOOGLE
gph