Cholula, Puebla.— A 22 días de haber sido despojado de su casa, Adán Larracilla Márquez se enteró que la propiedad ya fue vendida sin su autorización. La vivienda, ubicada en la colonia Gobernadores de San Andrés Cholula, forma parte de una serie de inmuebles que fueron presuntamente despojados a sus legítimos dueños el pasado 16 de julio.
En entrevista con La Silla Rota, Adán relató que al enterarse de que su casa estaba publicada en venta, se puso en contacto vía WhatsApp con la agente inmobiliaria Guillermina, quien se identificó como parte de la empresa San Román Mexican State. Sin saber que hablaba con el propietario original, Guillermina le confirmó que la propiedad ya había sido vendida y le ofreció otras casas disponibles.
Al reclamarle que se trataba de un fraude y que contaba con los documentos oficiales que acreditaban la propiedad de la casa, la agente respondió brevemente: “Me los dio un asesor para que los publicara”, y posteriormente lo bloqueó.
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Adán Larracilla Márquez exige que le sea devuelta su propiedad, la cual estaba prácticamente nueva y conformada por dos departamentos recién construidos. Apenas estaban por terminar los últimos detalles cuando fue despojado de su vivienda el pasado 16 de julio.
Tras conocer esta información, Adán notificó de inmediato a las oficinas del gobierno del estado de Puebla y su abogado inició el procedimiento legal correspondiente para recuperar la propiedad. La empresa inmobiliaria involucrada, San Román Mexican State, hasta el momento no ha ofrecido ninguna explicación formal.
La situación de Adán no es la única. Juan Carlos, Ligia Sared, Mauricio y otras personas, también fueron despojados de sus hogares el mismo 16 de julio. Ahora, además de haber perdido su patrimonio, temen que sus casas hayan sido rentadas o vendidas por terceros sin ningún respaldo legal. Todas las víctimas buscan respuestas urgentes de las autoridades estatales y municipales.
“Habíamos solicitado que se colocaran sellos para proteger nuestras propiedades, pero en la fiscalía no nos hicieron caso”, lamentó en entrevista Ligia Sared, una de las personas afectadas por el despojo en la colonia Gobernadores.
De acuerdo con su testimonio, hasta el momento no ha habido avances significativos en la investigación y las autoridades no les han proporcionado información clara sobre el proceso penal. “Lo único que hemos hecho hasta ahora son los amparos. Se supone que un magistrado nos iba a dar mayor atención en la resolución, pero no tenemos ninguna noticia. La fiscalía dijo en medios que iba a pedir el juicio, pero a nosotros no nos han informado nada”, explicó Ligia.
Ligia expresó su preocupación ante la posibilidad de que las propiedades estén siendo rentadas o vendidas de forma impune. “Ya están queriendo vender nuestras casas. Es un cinismo absoluto”, denunció.
Poder Judicial de Oaxaca colabora con autoridades poblanas
El pasado 30 de julio, el Poder Judicial de Oaxaca informó que colaborará de manera transparente con las autoridades de Puebla para esclarecer el actuar de un juez de Acatlán de Pérez Figueroa, presuntamente vinculado a este caso de despojo inmobiliario. La participación del juez ha generado sospechas sobre su posible relación con un grupo dedicado a realizar desalojos irregulares mediante órdenes judiciales.
La investigación se inició tras la denuncia de siete personas —entre ellas Juan Carlos, Ligia, Adán y Mauricio— quienes fueron desalojadas de sus viviendas en la colonia Gobernadores, en San Andrés Cholula, sin haber sido notificadas ni haber formado parte del juicio que derivó en el despojo. Las víctimas exigen justicia y una respuesta clara de las autoridades.
¿Por qué es importante este tema?: La venta de propiedades sin consentimiento de los propietarios originales, la participación de agentes inmobiliarios que operan con documentos dudosos y la falta de respuesta de las autoridades, evidencian una red de corrupción que podría estar operando con complicidad institucional. El hecho de que las víctimas no hayan sido parte de los juicios que ordenaron los desalojos, pone en entredicho la legalidad de todo el proceso.
El llamado “cártel inmobiliario” es una forma de crimen organizado que ha crecido en distintas partes del país y consiste en el despojo ilegal de viviendas a través de juicios simulados, uso de documentos falsos, amenazas y redes de corrupción judicial.