Querétaro.- El secretario de Seguridad Pública de Querétaro, Iovan Elías Pérez Hernández, negó este lunes que exista evidencia de actividades delictivas en las minas ubicadas en la Sierra Gorda queretana, luego de que una investigación internacional señalara al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como operador de una red de contrabando de mercurio desde esa zona.
La denuncia, realizada por la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés), vincula directamente al grupo criminal liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, con el tráfico de este metal estratégico, clave para la minería de oro.
En declaraciones a medios locales, Pérez Hernández afirmó que no se ha detectado “alguna situación de alto impacto” ni indicios de presencia criminal en los yacimientos revisados recientemente por las autoridades estatales.
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“Hace un par de días, en coordinación con Protección Civil estatal, autoridades municipales, secretarías de seguridad pública de la región serrana y grupos especiales de la Policía Estatal, hicimos un recorrido exploratorio por varias minas: Socavón del Muerto, La Peña, El Guamúchil, San Carlos Tres Picos”, precisó el funcionario.
“Nos entrevistamos con representantes de dichas minas, recabamos información de campo y retrospectiva, y con apoyo de herramientas aéreas ampliamos la cobertura. No se encontró situación alguna que genere alarma”, insistió el servidor público.
Según el secretario, tampoco han recibido alertamientos por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), que es la instancia competente en investigaciones de crimen organizado o delitos de alto impacto relacionados con recursos naturales. No obstante, aseguró que la vigilancia se mantendrá constante y coordinada.
Contradicciones en el subsuelo queretano
Las afirmaciones del secretario contrastan con la reciente investigación de la EIA, organización especializada en crímenes ambientales. El documento revela que entre 2019 y 2025, el CJNG habría movilizado cerca de 200 toneladas de mercurio desde las entrañas de la Sierra Gorda queretana, generando ganancias por más de 8 mil millones de dólares.
La EIA sostiene que el metal, esencial para la minería artesanal de oro, se exporta clandestinamente hacia Colombia y Perú, países donde también se ha documentado su uso por parte de estructuras ilegales en la Amazonía y zonas mineras de difícil acceso.
Según fuentes locales citadas en el informe, el CJNG transformó la minería informal en una operación casi industrial, consolidando su control sobre minas como Cristo Vive, La Fe, El Mono, La Peña y La Perla, todas dentro del corredor montañoso queretano. La organización habría instalado torres de vigilancia, patrullajes armados y puntos de extracción altamente organizados.
“El nivel de sofisticación observado en los yacimientos de Querétaro refleja un patrón creciente de diversificación del narcotráfico, que ha migrado de las drogas tradicionales a otras actividades de alto valor económico y bajo control institucional, como la minería de mercurio”, señala el informe de la EIA.
Un delito silencioso y letal
El contrabando de mercurio no sólo representa un crimen ambiental, sino también una amenaza para la salud pública y los derechos humanos. El metal es altamente tóxico y su uso en minería provoca contaminación de ríos, suelos y comunidades enteras, muchas veces sin que los gobiernos locales tengan capacidad de respuesta.
El informe de la EIA detalla cómo el CJNG ha replicado esta operación en otras regiones del país, como Michoacán, Guerrero y Zacatecas. En todos los casos, la dinámica es similar: cooptación de minas abandonadas o de explotación artesanal, control territorial por grupos armados y exportación ilegal disfrazada de comercio regular.
En este contexto, la Sierra Gorda de Querétaro aparece como una pieza clave del engranaje criminal. La zona, de difícil acceso y escasa vigilancia federal, ha sido históricamente un área sensible tanto por su riqueza minera como por su ubicación estratégica hacia la región del Bajío.
Silencio oficial, presión internacional
Hasta ahora, ni la Fiscalía General de la República ni la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) han emitido postura oficial sobre el contenido del informe. En contraste, el secretario Pérez Hernández insiste en que no hay presencia criminal en las minas de Querétaro.
“Seguiremos atentos, con recorridos frecuentes, y mantendremos comunicación con las comunidades y las autoridades federales”, afirmó.
¿Por qué este tema es importante?: Mientras el secretario de Seguridad Pública de Querétaro, Iovan Elías Pérez Hernández, asegura que no se han detectado actividades delictivas ni presencia de grupos criminales en las minas de la Sierra Gorda, el informe de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), con sede en Estados Unidos, documenta con evidencia de campo la existencia de vigilancia armada, infraestructura de control paramilitar y amenazas directas a investigadores, además de la operación sistemática del Cártel de Jalisco Nueva Generación en yacimientos clave.