Desde la Sierra Gorda de Querétaro, toneladas de mercurio salen de manera ilegal rumbo a Sudamérica. Una investigación reciente de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés) revela que este metal, esencial para la minería artesanal de oro, cruza fronteras hasta llegar a Colombia y Perú, impulsado por una red de contrabando operada por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con el informe de la organización con sede en Washington D. C., titulado “Traficantes no dejan huella sin levantar” y publicado el 24 de julio pasado, el CJNG, liderado por Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", ha transportado alrededor de 200 toneladas de mercurio generando 8 mil millones de dólares entre 2019 y 2025.
Según fuentes locales citadas por la EIA, el CJNG transformó la extracción local en una operación de escala casi industrial y ha consolidado su control sobre las minas Cristo Vive, La Fe, El Mono, La Peña y La Perla, todas ubicadas en la Sierra Gorda de Querétaro.
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Vigilancia armada en yacimientos
El documento de la agencia detalla la presencia de hombres armados y torres de vigilancia en los yacimientos de la Sierra Gorda de Querétaro. Bajo este dominio, la producción de mercurio se disparó, alimentando directamente mercados ilícitos y demostrando cómo el narcotráfico ha diversificado sus negocios más allá de las drogas tradicionales.
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Los investigadores de la EIA informaron sobre la construcción en la zona minera de fortificaciones militares, incluyendo puertas, puntos de control, torres de observación equipadas con cámaras y alambres de púas.
La ONG detalla en el informe que durante su investigación recibieron amenazas directas, incluyendo gestos de degollamiento, y fueron seguidos por miembros del cártel, dispuestos a usar la violencia para proteger sus operaciones.
El grave impacto ambiental, humano y legal del mercurio
De acuerdo con la EIA, las operaciones mineras están contaminando la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda, que forma parte del Programa Hombre y Biósfera (MaB) de la UNESCO. El informe destaca concentraciones de mercurio 150 veces superiores a las normas mexicanas en suelos residenciales y hasta 1,400 veces en sedimentos de ríos.
El mercurio es mortal debido a su neurotoxicidad y su capacidad de bioacumularse en los organismos vivos. Una vez que entra al cuerpo, ya sea por inhalación, ingestión o contacto con la piel, el mercurio —especialmente en su forma orgánica, el metilmercurio— se absorbe fácilmente y daña el sistema nervioso central, los riñones y otros órganos vitales.
Investigaciones de salud, señalan que el mercurio afecta el desarrollo cerebral en fetos y niños, y en adultos puede causar trastornos neurológicos, problemas de coordinación, pérdida de visión y audición, e incluso la muerte.
La investigación de la EIA también reveló la consolidación de la peligrosa trifecta "oro-mercurio-drogas” en América Latina. El Cártel de Jalisco Nueva Generación, según el informe, participa en múltiples actividades ilícitas interconectadas que incluyen el tráfico de armas y violaciones de derechos humanos.
A pesar de que México ratificó la Convención de Minamata en 2017, la producción de mercurio persiste sin un control efectivo. El periodo de gracia que se extiende hasta 2032 está siendo aprovechado por organizaciones criminales para operar con impunidad, agravando el problema ambiental y de seguridad.
El mercurio en la minería ilegal sudamericana
El medio venezolano Armando.info, recientemente galardonado con el premio de la Fundación Gabriel García Márquez, dio a conocer en un reportaje que quienes hacen minería ilegal en la selva de la frontera entre Venezuela y Colombia usan mercurio para procesar el oro que sacan del río Purué.
Ese metal se acumula en los tejidos de los peces y se aloja también en los animales y humanos que los consumen. La publicación señala que algunos peces amazónicos recorren largas distancias, por lo estos ejemplares no sólo causan daños en la salud a quienes viven en la región sino en zonas lejanas a las minas de la selva.
El reportaje cita un estudio llevado a cabo en 2018 que analizó muestras de cabello de indígenas en la Amazonía colombiana; el resultado fue que de 90% de integrantes de la etnia presentaban niveles de mercurio en la sangre que superaban el máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Querétaro: el mal recuerdo del mercurio
El problema ambiental y de salud por mercurio no es nuevo en la Sierra Gorda queretana. En junio de 2015, se registró una intoxicación masiva en una comunidad del municipio de Pinal de Amoles.
En aquel entonces, la causa identificada fue el consumo de agua contaminada con metales pesados, específicamente arsénico, proveniente del manantial El Cedral, lo que llevó a la hospitalización de aproximadamente 120 personas, según cifras de la Secretaría de Salud del estado.
Los afectados provenientes de la comunidad de Llano de San Francisco, padecieron síntomas agudos como náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea, lo que encendió las alarmas sobre la vulnerabilidad de las fuentes de agua en la sierra y las consecuencias de la minería sobre la vida de las personas que habitan en la región.
De acuerdo con el informe de la ONG, el estatus legal de muchas de las minas de la Sierra Gorda es ambiguo. Se reporta que operan sin cumplir las regulaciones ambientales y laborales, convirtiendo la clandestinidad en una práctica común.
El informe detalla la existencia de enormes montones de desechos mineros abandonados que dispersan contaminantes a través del aire y el agua, afectando un área de hasta 100 kilómetros cuadrados.
Los análisis también revelan que los suelos en zonas residenciales contienen niveles de mercurio hasta 150 veces por encima del límite permitido, que se refleja directamente en la salud de la población local, en cuya orina se han detectado niveles de mercurio que las autoridades sanitarias consideran críticos.
Contexto: El crimen organizado, específicamente el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), se ha infiltrado y corrompido la industria minera en Querétaro para expandir sus operaciones ilícitas más allá del narcotráfico. Esto no sólo agrava el daño ambiental, sino que lo convierte en un problema de seguridad nacional que fomenta la violencia, la impunidad y debilita el Estado de derecho.