Este viernes 1 de agosto, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, rendirá su cuarto informe de gobierno en medio de señalamientos por presuntos actos de censura, abuso de autoridad y desvío de recursos públicos, varios de ellos arrastrados desde su paso como alcaldesa de la demarcación Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.
A sólo dos días de este informe, el Juzgado Segundo Interino del Sistema de Justicia Penal Acusatorio de Campeche ordenó que en un plazo máximo de 48 horas, se revelen los datos personales del responsable de las redes sociales del medio Tribuna, con el objetivo de que sea sometido a la supervisión de un censor judicial.
El concepto de “censor” implica que una persona designada podrá revisar, controlar y eventualmente prohibir la publicación de contenidos críticos hacia el gobierno estatal.
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La resolución judicial establece que el censor deberá evaluar la pertinencia, validez y legalidad de las publicaciones que el medio campechano emita sobre la mandataria.
Jorge González, exdirector de Tribuna, advirtió que esta acción “es un intento por silenciar las voces críticas justo cuando se presentará un balance de gobierno cuestionado por múltiples irregularidades”.
Organizaciones civiles y periodistas independientes han calificado la orden como un atentado directo a los artículos 6º y 7º de la Constitución mexicana, los cuales garantizan el derecho a la libertad de expresión, el libre acceso a información plural y oportuna, y prohíben expresamente cualquier forma de censura previa por parte del Estado.
“Gobierno reprobado”: oposición
A pocas horas de que la gobernadora Layda Sansores San Román ofrezca su mensaje con motivo de su cuarto informe de gobierno este viernes 1 de agosto, el líder político Jorge Esquivel Ruiz, lanzó críticas contra su administración. La ha calificado de ausente, desconectada de las necesidades ciudadanas y alejada del desarrollo del estado.
En entrevista con La Silla Rota, Esquivel Ruiz, secretario general del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Campeche, criticó abiertamente el desempeño de Sansores. Aseguró que su gobierno ha sido una “cortina de humo sin beneficios” y que, en lugar de atender las prioridades locales, se ha limitado a replicar la agenda federal.
“Es una administración sin identidad, marcada por los caprichos personales y la falta de compromiso con el pueblo campechano. La gobernadora pasa más tiempo fuera del estado que atendiendo los problemas reales de la ciudadanía”, expresó el priista.
“El gobierno de Layda Sansores está reprobado. Campeche atraviesa una crisis que no se puede ocultar con discursos. Aún le quedan dos años para corregir el rumbo, pero debe demostrar que tiene la capacidad y el interés real por el estado”, concluyó.
Acusaciones y denuncias que persiguen a Sansores
La gobernadora Layda Sansores ha acumulado una larga lista de señalamientos por presuntas irregularidades, tanto en su gestión actual como durante su paso por la alcaldía de Álvaro Obregón.
De acuerdo con una investigación periodística, cuando Sansores fue alcaldesa entre 2018 y 2021, adjudicó de manera directa tres contratos por casi un millón de pesos a una empresa fantasma llamada Unfigrad.
Esta empresa forma parte de una red de desvío de recursos y lavado de dinero encabezada por Isaac Gamboa Lozano, exfuncionario de la Secretaría de Hacienda, según se detalla en el libro La Viuda Negra, que revela conexiones internacionales y triangulaciones ilícitas.
Además, en febrero de 2023, la entonces alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra su Sansores. Los delitos señalados incluyen corrupción, ejercicio abusivo de funciones, desvío de recursos públicos y presunto enriquecimiento ilícito.
Aunque Sansores ha negado en reiteradas ocasiones estas acusaciones, los expedientes siguen abiertos y su nombre figura en diversas carpetas de investigación que continúan en curso.
Desde que Layda Sansores asumió la gubernatura de Campeche en el año 2021, las polémicas no han cesado. Su llegada al poder fue vista por muchos como una oportunidad para transformar la política campechana al ser la primera mujer en gobernar el estado; sin embargo, su administración ha estado envuelta en constantes escándalos y protestas ciudadanas.
Uno de los episodios más tensos ocurrió en marzo del año pasado, cuando cientos de campechanos salieron a las calles durante tres días consecutivos para exigir la destitución de la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Los manifestantes eran policías que acusaron a la secretaria de Seguridad, tras un operativo fallido en el penal de San Francisco Kobén, que fueron enviados sin los equipos de protección adecuados, por lo que al menos 34 de ellos salieron lesionados. Con pancartas y gritos de “¡Traidora, traidora!”, “¡Voto de castigo!” y “¡Fuera Layda!”, los ciudadanos expresaron su rechazo a la inacción de la gobernadora frente a estos hechos.
Sansores defendió a su funcionaria, lo que provocó aún más indignación. Organizaciones defensoras de derechos humanos también se pronunciaron, pidiendo una investigación seria e independiente. Hasta la fecha, el caso continúa sin sanciones visibles.
Otro escándalo que levantó críticas fue la decisión de abrir zonas arqueológicas al youtuber conocido como MrBeast, para la grabación de contenido en video. Aunque el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) aseguró que se contaba con todos los permisos correspondientes, sectores académicos y culturales consideraron la acción una frivolidad que pone en riesgo la conservación del patrimonio.
Pero uno de los casos más fuertes que ha marcado el gobierno de Sansores es el de Susan Saravia, una joven víctima de abuso sexual grupal. Su denuncia ha generado gran indignación en la opinión pública no sólo por los hechos, sino por los presuntos vínculos de impunidad que protegen a sus agresores. Según la víctima, cuatro jóvenes participaron en la agresión, pero hasta ahora sólo uno ha sido detenido.
Los otros tres presuntos responsables —identificados como Yeshua “N”, Jorge “N” y Ángel “N”— permanecen en libertad. De acuerdo con el periodista Luis Gabriel Velázquez, Susan ha denunciado públicamente que estos individuos tendrían conexiones con la fiscalía estatal y con familiares de funcionarios cercanos a la gobernadora.
Hasta el momento, el gobierno de Campeche no ha emitido una postura clara, lo que ha reforzado la percepción de impunidad y protección a redes de poder vinculadas al abuso.
Este viernes, Layda Sansores rendirá su cuarto informe de gobierno en Campeche y el escenario estará marcado por una inédita orden judicial que impone vigilancia previa a un medio de comunicación local. Mientras se exige supervisión a los periodistas, persisten denuncias por presunto desvío de recursos, protestas ciudadanas por abusos de autoridad y carpetas de investigación abiertas desde su gestión en Álvaro Obregón.
¿Por qué este tema es importante?
Contexto: la orden judicial contra el medio Tribuna llega justo antes de su cuarto informe de gobierno, en lo que diversos actores han calificado como un acto de intimidación y control previo del discurso público. Esto revive temores sobre la utilización de instituciones del Estado para inhibir la libertad de expresión, un derecho protegido por la Constitución mexicana.
El caso también cobra especial relevancia porque, mientras el gobierno de Campeche exige supervisión previa a los contenidos periodísticos, los procesos judiciales por presuntos desvíos de recursos, violencia institucional y corrupción siguen sin resolverse.