La directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), Dora Roblero, y la periodista independiente Luz del Alba Velasco Gordillo denunciaron allanamientos en sus domicilios, presuntamente cometidos por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o incluso por integrantes del crimen organizado.
En entrevista con La Silla Rota, Roblero detalló que el 22 de julio personas no identificadas ingresaron a su vivienda en San Cristóbal de Las Casas. Afirmó que desconoce si se trató de autoridades o civiles, y cuestionó si existía una orden judicial para justificar la irrupción. “Demandamos que se investigue de dónde viene este allanamiento y por qué se realizó”, señaló.
Aunque no le fue robado ningún objeto, Roblero aseguró que el interior de su casa fue revuelto. “Vivo sola, sé cómo estaban las cosas. No fue un robo, fue una irrupción con otro mensaje: ‘ya entramos, ya estamos aquí’, para generar temor”, afirmó.
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El Frayba reportó que la chapa de la puerta fue forzada, el pasador del traspatio removido y que las lámparas con sensor de movimiento no funcionaban esa noche. El centro también denunció que desde 2023 han sufrido al menos 50 incidentes, incluidos hostigamientos en redes, llamadas amenazantes y vigilancia constante.
Roblero consideró que el discurso del expresidente Andrés Manuel López Obrador contribuyó al clima hostil hacia defensores, al descalificar públicamente al Frayba en varias ocasiones. “Eso abonó a esta inseguridad, amenazas y a desacreditar la labor de defensa de derechos humanos”, dijo.
Confió en que el actual gobierno estatal actúe con seriedad ante estas agresiones. “Queremos confiar en que el discurso de ‘cero impunidad’ se traduzca en hechos”, sostuvo. La denuncia quedó registrada con el folio 0958-078-03035-2025 ante la Fiscalía de Distrito Altos.
Doble allanamiento contra periodista en Comitán
Luz del Alba Velasco denunció que su domicilio en Comitán fue allanado en dos ocasiones, los días 11 y 12 de julio. En ambas incursiones participaron presuntamente elementos de la FGE, la Guardia Nacional y el Ejército, mientras ella se encontraba fuera del municipio.
En un comunicado, la periodista explicó que se enteró de los hechos días después. Detalló que los agentes forzaron el candado de la puerta principal y entraron sin mostrar orden judicial. “Fue un operativo desmedido, cerraron la calle como si buscaran a un criminal”, relató. Su vivienda, ubicada en el barrio Cruz Grande, también funciona como espacio cultural y periodístico.
Desde su medio digital ha cubierto conflictos en diversas regiones de Chiapas y Guatemala, incluyendo municipios como Frontera Comalapa, La Trinitaria, Tila y Ocosingo. “Este operativo ilegal me expone a represalias por mi labor”, advirtió.
Velasco presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y recibió respaldo del Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa, que confirmó que fue víctima de dos allanamientos ilegales. “Estas acciones remiten a las viejas prácticas de criminalización y fabricación de delitos en Chiapas”, señalaron.
El comité exigió una explicación pública al fiscal Jorge Luis Llaven Abarca, y denunció que estos hechos vulneran derechos fundamentales, incluidos los de libertad de expresión y defensa de derechos humanos. “Nos ponen en alerta: periodistas y defensores estamos en riesgo”, advirtieron.
¿Por qué este tema es importante?
Contexto: la desaparición de periodistas y los ataques a defensores de derechos humanos en México no son hechos aislados, sino parte de un patrón sistemático de violencia que amenaza el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión y la defensa del territorio y la vida. Casos como los allanamientos a los domicilios de Dora Roblero, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), y de la periodista Luz del Alba Velasco en Chiapas, confirman la gravedad del contexto que enfrentan quienes alzan la voz en regiones con fuerte presencia del crimen organizado y disputas territoriales.
México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Entre diciembre de 2018 y marzo de 2024, la organización Artículo 19 documentó 3,408 ataques contra periodistas, incluyendo 46 asesinatos y 4 desapariciones relacionadas con su labor. Tan solo en 2023 se registraron 561 agresiones a periodistas, entre las que destacan 124 actos de intimidación, 100 amenazas y 5 asesinatos. A lo largo de los últimos 25 años, Artículo 19 ha contabilizado 174 periodistas asesinados en posible vínculo con su trabajo.
El riesgo también alcanza a las y los defensores de derechos humanos. Según la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), los ataques contra personas defensoras incluyen desde campañas de difamación y hostigamiento, hasta agresiones físicas, desapariciones forzadas y asesinatos. En este contexto, Chiapas se ha convertido en una de las entidades con mayor número de incidentes.
El Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Chiapas (“El Obse”) documentó, solo en los primeros meses de 2024, un total de 93 ataques contra personas defensoras: 59 mujeres, 33 hombres y 1 persona no binaria. En los últimos siete años, al menos 17 personas defensoras han sido asesinadas en el estado. Muchos de estos ataques provienen de actores armados no identificados, presuntamente vinculados a grupos del crimen organizado o incluso a fuerzas de seguridad.
El caso del asesinato del sacerdote indígena Marcelo Pérez en octubre de 2024 es uno de los más representativos de la escalada de violencia contra defensores en la región. Como él, otras personas han sido víctimas de amenazas, persecución, vigilancia ilegal y criminalización por parte de autoridades. La violencia no sólo se ejerce desde las armas, sino también mediante estrategias legales y mediáticas para desacreditar el trabajo de organizaciones como el Frayba, que han sido atacadas incluso en discursos oficiales.
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Este clima de hostigamiento se ha agudizado en Chiapas, una entidad donde la colusión entre autoridades locales y grupos criminales ha sido señalada por múltiples organismos nacionales e internacionales. La militarización del territorio, el abandono institucional y la presencia de cárteles han hecho de muchas regiones del estado un terreno de alto riesgo para quienes defienden los derechos humanos o ejercen el periodismo.
JCVP