En medio del proceso electoral más grande de la historia reciente, la violencia política en México alcanzó niveles alarmantes durante el primer semestre de 2025: 253 incidentes fueron registrados en 29 entidades federativas, entre ellos 112 asesinatos, 74 amenazas, 33 atentados armados, 17 secuestros y 11 desapariciones, de acuerdo con el informe semestral de seguimiento hemerográfico de Integralia.
La entidad más golpeada fue Veracruz, con 81 casos, es decir, casi un tercio del total nacional. El estado vivió elecciones municipales en junio y, según el reporte, enfrenta una disputa entre al menos cuatro grupos del crimen organizado: el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, La Nueva Familia Michoacana y Los Zetas Vieja Escuela.
En contraste, Durango, donde también hubo comicios, registró solo un caso. La diferencia se explica, según los autores del informe, por el nivel de control territorial y estabilidad criminal en cada entidad.
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Contexto: la violencia política se refiere a actos de agresión, amenazas, asesinatos, desapariciones o intimidación dirigidos contra actores políticos (candidatos, funcionarios, exfuncionarios, militantes, periodistas o activistas), motivados por su participación o vinculación en procesos políticos o electorales. Desde 2018, México ha registrado un incremento alarmante de violencia política, coincidiendo con:
- El aumento del poder territorial de los cárteles
- El debilitamiento institucional en municipios
- La proliferación de elecciones concurrentes
- La impunidad persistente en crímenes contra actores políticos
Según organizaciones como Integralia, Data Cívica o Etellekt, México es uno de los países democráticos con más políticos asesinados por año, especialmente en contextos electorales.
La lista completa
Otros estados con altos niveles de violencia política, a pesar de no tener procesos electorales locales, fueron:
- Guerrero: 24 casos
- Morelos: 21
- Oaxaca: 20
- Puebla: 19
- Baja California: 10
- Guanajuato: 10
- Ciudad de México: 9
- Estado de México: 9
- Jalisco: 6
El municipio como foco de ataque
De acuerdo con el informe de Integralia, el 79% de los hechos se concentraron en el ámbito municipal, donde las organizaciones delictivas buscan controlar los gobiernos locales para garantizarse acceso a presupuestos, policías, impunidad y mercados legales o ilegales. Los funcionarios públicos, exfuncionarios, figuras políticas y aspirantes son los blancos más frecuentes.
Los municipios con más incidentes fueron:
- Puerto de Veracruz (Veracruz): 11
- Cuauhtémoc (CDMX): 7
- Cuernavaca y Huitzilac (Morelos), Puebla (Puebla): 6 cada uno
Morena, el partido más golpeado
El partido gobernante, Morena, fue el más afectado con 73 víctimas, seguido del PT (28) y el PRI (27). No obstante, 69 personas agredidas no tenían filiación partidista. El número de aspirantes atacados creció en el segundo trimestre, lo que coincide con el cierre de campañas.
Homicidios políticos: Guerrero, Veracruz y Oaxaca, en la cima
En cuanto a asesinatos relacionados con violencia política, los estados con más casos fueron:
- Guerrero: 21 homicidios
- Veracruz: 16 homicidios
- Oaxaca: 13 homicidios
Estos crímenes ocurrieron, en su mayoría, en regiones donde el crimen organizado se encuentra fragmentado y en pugna por el control territorial. Morena también lidera en esta categoría con 39 víctimas mortales vinculadas a sus filas.
Aunque Guerrero, Veracruz y Oaxaca encabezan la lista de homicidios, el informe subraya cinco asesinatos con alta relevancia política y mediática:
- Ximena García – Secretaria particular de la Jefa de Gobierno (Morena)
- José Muñoz – Asesor de la Jefa de Gobierno (Morena)
- Benito Juárez, Ciudad de México
- Lilia Gema García Soto – Alcaldesa de San Mateo Piñas (sin partido)
- Oaxaca
- Martha Laura Mendoza Mendoza – Alcaldesa de Tepalcatepec (Morena)
- Michoacán
- Cecilia Ruvalcaba – Regidora de Teocaltiche (Movimiento Ciudadano)
- Jalisco
Advierten captura del Estado
El reporte concluye que la violencia política en México no solo refleja la debilidad institucional de los municipios, sino también la creciente captura del Estado por parte de grupos criminales, lo que compromete la certeza jurídica, ahuyenta inversiones y aumenta los costos de operación en varias regiones del país.
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Aunque las elecciones judiciales prácticamente estuvieron exentas de violencia (solo se registraron tres amenazas contra aspirantes a jueces y magistrados), los comicios municipales y legislativos mostraron una preocupante normalización de la violencia como herramienta de competencia política.
JCVP