VILLAHERMOSA.— Desde su cargo como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco (SSPCT), Hernán Bermúdez Requena construyó una red criminal dentro de la propia corporación: reclutó a por lo menos 60 policías estatales para trabajar directamente con "La Barredora", grupo delictivo que operaba con respaldo institucional.
A los agentes se les ofrecían pagos semanales de cinco mil pesos a cambio de integrarse a la organización, según relataron a La Silla Rota varios elementos que pidieron anonimato. Los reclutados dejaban sus funciones formales para cumplir tareas delictivas como vigilancia, cobro de piso, sicariato y protección a cargamentos.
Esta red era operada bajo una estructura jerárquica: tres cabecillas criminales, subordinados directamente a Bermúdez Requena, coordinaban a los policías comisionados. "La Barredora", con base en esta red infiltrada, expandió su control en el estado con cobertura y recursos de la propia SSPCT.
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Los exuniformados fueron renunciando paulatinamente tras la dimisión del secretario en 2021. Algunos fueron detenidos, otros ejecutados. Ninguna autoridad ha rendido cuentas sobre este operativo encubierto, mientras "La Barredora" amplió sus actividades ilícitas: narcotráfico, huachicoleo, tráfico de migrantes, secuestros, cobro de piso y homicidios.
Bajo el mando de Bermúdez Requena, la estructura criminal tenía acceso a todo el aparato policial, operaba con impunidad y dividía el estado en zonas controladas por cuatro líderes. De ellos, solo uno ha sido capturado: Carlos Tomás Díaz Rodríguez, “El Lic” o “El Tomasín”, quien incluso se presentaba como “asesor” del entonces secretario.
Los otros tres siguen prófugos: Ulises Pinto Madera, exmiembro de Los Zetas; Daniel Hernández Montejo, alias “El Prada” —primo del exdiputado de Morena, Jesús Hernández Díaz—; y el propio Bermúdez Requena.
Gobernadores, también señalados sobre "La Barredora"
Para el abogado Efraín Rodríguez León, director jurídico del Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab), la operación de "La Barredora" no habría sido posible sin el respaldo de los exgobernadores Adán Augusto López Hernández y Carlos Manuel Merino.
Ambos, dice, protestaron guardar y hacer cumplir la Constitución y tenían la facultad de nombrar y remover libremente al titular de Seguridad Pública. “No pueden alegar desconocimiento; Bermúdez tenía jefes. No se mandaba solo”, sostuvo.
Rodríguez León pide que también se llame a cuentas a quienes hoy ocupan cargos como el liderazgo en el Senado o la dirección general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA). “Este caso le viene como anillo al dedo a los nuevos jueces para impartir justicia”, remató.
Una red de poder que nació en los noventa
La carrera de Bermúdez Requena en Tabasco comenzó en 1992, traído por Jaime Lastra Bastar, su jefe en la Procuraduría del DF. Ambos formaron una cofradía política con Adán Augusto López Hernández, entonces subsecretario de Gobierno de Manuel Gurría Ordóñez.
Bajo diversos gobiernos, Bermúdez Requena ascendió desde jefe policial hasta secretario estatal. En 1994, con Roberto Madrazo, el hoy prófugo fue designado director general del Centro de Readapatación Social de Tabasco. Fue en ese periodo que, gracias a un escáner telefónico operado por el PRD, se le grabó pactando el ingreso de droga al penal.
Pese a ello, con Manuel Andrade como gobernador, fue designado subsecretario de Protección Civil, Prevención y Readaptación Social, con Lastra como secretario de Gobierno. En 2006, fue detenido por la entonces SIEDO de la Procuraduría General de la República, acusado de la ejecución del ganadero Ponciano Vázquez y cuatro empleados. Estuvo 11 días bajo arresto antes de ser liberado sin explicaciones.
Durante los gobiernos de Andrés Granier y Arturo Núñez, Bermúdez no ocupó cargos. Pero reapareció en 2019, al ser nombrado por Adán Augusto López Hernández como director de la Policía de Investigación de la FGET, cuyo fiscal era Jaime Lastra. Once meses después, fue ascendido a secretario de Seguridad tras la renuncia del titular. Al tomarle protesta, el gobernador lo llamó a "dar continuidad a las acciones estratégicas" de su administración. Hoy, esas acciones se relacionan con la consolidación de "La Barredora".
Manipulación de cifras y repunte de violencia
En 2023, último año de Bermúdez Requena al frente de la SSPCT, Tabasco fue una de las siete entidades con incremento en la tasa de víctimas del delito: pasó de 22,915 a 25,688 por cada 100 mil habitantes.
También aumentó la incidencia delictiva general: de 30,798 a 38,004 delitos por cada 100 mil habitantes, según la ENVIPE 2024 del INEGI. A pesar de esto, las autoridades minimizaron los datos, reportando solo 253 ejecutados y 123 casos de extorsión ese año.
Durante los cuatro años que dirigió la SSPCT, solo se iniciaron 211 carpetas por narcomenudeo. En contraste, en apenas los primeros dos meses del nuevo gobierno se han abierto 495 carpetas por este delito.
En ese periodo, explica Julia Arrivillaga, directora del Observatorio Ciudadano de Tabasco, nacieron los llamados “Puntos”: sitios fijos de venta de droga y mercancía ilícita protegidos por la red que Bermúdez tejió dentro de la institución.
¿Por qué este tema es importante?
Contexto: A raíz de la fuga de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco acusado de encabezar la organización criminal “La Barredora”, diversas figuras del ámbito político han salido a fijar postura. El exgobernador Adán Augusto López Hernández, quien nombró a Bermúdez en 2019, se deslindó públicamente al asegurar que nunca tuvo conocimiento de la existencia de dicho grupo criminal y ofreció colaborar con las autoridades en caso de ser requerido. La presidenta Claudia Sheinbaum también abordó el tema: dijo que sería pertinente que Adán Augusto explicara su relación con Bermúdez, aunque rechazó que el caso implique una investigación en su contra o que represente un costo político para su gobierno.
En Tabasco, el gobernador Javier May afirmó que no habrá impunidad y que su administración está colaborando con las autoridades correspondientes. Su secretario de Gobierno, José Ramiro “Pepín” López Obrador, fue más contundente: calificó el caso como una muestra de la “pudrición” heredada por gobiernos anteriores. Por su parte, el exgobernador interino Carlos Merino también negó tener conocimiento de actividades ilícitas por parte de Bermúdez mientras formó parte de su gabinete.
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Este tema es importante porque revela cómo una estructura criminal pudo operar desde los más altos niveles de una institución de seguridad estatal durante varios años sin ser detectada —o al menos, sin ser frenada. Las reacciones políticas muestran intentos por contener el daño, pero también reflejan la profundidad del problema: una red de poder donde crimen, burocracia y política convergieron. La manera en que las autoridades actuales gestionen la investigación —y si logran capturar a Bermúdez Requena— será clave para determinar si hay voluntad real de romper con la impunidad institucional.
JCVP