Ciudad Juárez, Chihuahua.- Dentro del estacionamiento del Servicio Médico Forense (Semefo), oculto detrás de los edificios y apenas visible, se encuentra una caja de tráiler que resguarda los restos de 383 personas. Sus cuerpos, que debieron haber sido incinerados, fueron hallados en avanzado estado de descomposición en el crematorio “Plenitud”, ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa, al sur de esta ciudad fronteriza.
El hallazgo ha conmocionado a la población juarense, no solo por lo macabro del hecho, sino porque decenas de familias —a quienes se les entregaron urnas con cenizas— ahora dudan de que los restos correspondan realmente a sus seres queridos.
El área permanece fuertemente custodiada por corporaciones cercanas, como la Policía Estatal y la Policía Municipal, cuyas bases se ubican a un costado del Semefo. Las autoridades han reforzado las advertencias para impedir que se documenten imágenes del tráiler.
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De acuerdo con el fiscal general del Estado, César Jáuregui, unos 80 peritos forenses trabajan en la identificación de los restos. Hasta ahora, solo 15 personas han sido identificadas.
Filas de desconcierto y tristeza
Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, decenas de familias hacen fila a las afueras de la Fiscalía General del Estado. Sus rostros reflejan tristeza, desconcierto y el peso emocional de una pesadilla revivida.
Llevan consigo actas de defunción y contratos funerarios —algunos por montos mayores a 16 mil pesos— firmados con funerarias que les prometieron la cremación de sus familiares. Hoy, sin embargo, deben acudir para verificar si esos cuerpos están entre los hallados en el crematorio.
En un momento, la fila desaparece. Las autoridades habilitan un espacio dentro del edificio para recibirlos a todos al mismo tiempo. La explanada queda vacía mientras los deudos ingresan uno por uno para proporcionar señas particulares y características físicas que ayuden a dar con el paradero de sus familiares.
Vivir el duelo otra vez
Lorenza espera sentada en una jardinera, mientras su hija ingresó a solicitar información. “Ella se expresa mejor y fue para que le pudieran explicar bien”, comenta. Su esposo, Raúl, falleció a los 70 años víctima de un derrame cerebral. En febrero de 2024 contrataron a la funeraria Luz Divina —una de las seis que recurrieron a los servicios del crematorio "Plenitud"— para el sepelio y la cremación, por la cual pagaron cerca de 16 mil pesos.
Relata que pasaron 15 días para que les entregaran la urna, tiempo durante el cual tuvieron que insistir constantemente. Ahora, no está segura de que las cenizas que conserva en su casa realmente correspondan a su esposo.
Josefina, por su parte, sale con paso lento, oculta el rostro tras unas gafas oscuras. Acaba de proporcionar los datos de su hija, Melisa, de 33 años, fallecida también por un derrame cerebral. En 2020 contrató los servicios de una de las cinco funerarias ahora señaladas por la Fiscalía.
Cuenta que el día que entregó el cuerpo de su hija, pudo ver parte del proceso. Pero justo antes de la cremación, le pidieron que se retirara. Desde entonces, desconfió. Pasaron 15 días antes de que le entregaran la urna.
“Todo era raro”, dice. Por eso vino a la Fiscalía, con la esperanza de que, si su hija está entre los cuerpos hallados, al menos pueda despedirse de forma digna.
“Tengo sentimientos encontrados. Es como revivir el duelo, y tengo mucho coraje y tristeza, lo siento todo junto”, concluye.
¿Por qué es importante el tema?
El hallazgo de 381 cuerpos sin cremar, apilados y en condiciones insalubres, es una evidencia de trato indigno a los muertos.
El derecho a un destino final digno es universal y negar a las familias la certeza de dónde están sus seres queridos es una forma de violencia.
Además, recibir urnas con cenizas falsas o sin certeza de identidad revictimiza a quienes ya estaban de duelo.
Crematorio ahora luce más fúnebre
Llegar al terreno donde se ubica el crematorio “Plenitud” no es sencillo. Hay que cruzar un tramo de terracería en la periferia de Ciudad Juárez, cerca de la carretera que conecta la frontera con la capital del estado. Es una zona industrial, solitaria, rodeada de cementeras, empresas de transporte y negocios de maquinaria pesada.
El lugar, donde este fin de semana fueron hallados casi 400 cuerpos sin cremar, está acordonado con sellos de clausura y cintas rojas de “peligro” colocadas por la Fiscalía General del Estado. Desde la entrada, una puerta de hierro azul, sobresalen cuatro sellos de “Suspensión”. El ambiente es denso: huele a descomposición mezclado con estiércol, según testigos, lanzado por personas en la entrada para intentar disfrazar el hedor.
En el interior, el panorama es desolador. Cuartos vacíos, botes blancos, bolsas de basura, mobiliario abandonado y una chimenea que, según las investigaciones, nunca fue usada para cremar cuerpos de manera legal. De hecho, la evidencia apunta a que allí se hizo todo menos incinerar de forma correcta.
"Plenitud", un ejemplo de la crisis forense que padece México
Contexto: el hallazgo en el crematorio "Plenitud" no solo revela una posible red de negligencia y fraude funerario; también expone los límites de un sistema forense que, desde hace años, opera al borde del colapso en distintas regiones del país.
México enfrenta una crisis forense estructural: hay más cuerpos sin identificar que capacidad institucional para procesarlos. Según organizaciones de derechos humanos, más de 50 mil cadáveres no identificados se encuentran en morgues, fosas comunes o, como en este caso, en condiciones irregulares y degradantes. La escena de 383 cuerpos almacenados en una caja de tráiler en Ciudad Juárez es apenas la manifestación más visible de un problema que se arrastra desde hace décadas.
El Estado mexicano carece de una base nacional de datos forenses unificada, y los servicios periciales suelen estar rebasados por la magnitud de los casos. A esto se suma la falta de regulación efectiva sobre crematorios y funerarias, muchos de los cuales operan sin supervisión real o con permisos irregulares. La falta de vigilancia permitió, en este caso, que seis funerarias trasladaran cuerpos a un crematorio que, según las autoridades, nunca funcionó de forma legal para ese fin.
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Para muchas familias, este caso significa revivir el duelo, no solo por la posibilidad de que sus muertos hayan sido abandonados, sino por el hecho de que ya no confían en lo que las instituciones les entregaron. Más allá de la investigación penal, este caso vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de fortalecer las capacidades del Estado para garantizar algo tan básico como la dignidad de los cuerpos y el derecho de las familias a saber la verdad.
JCVP