Morelos se ha convertido en una de las entidades más peligrosas para las mujeres en México. Ocupa el primer lugar nacional en feminicidios, y figura entre los cinco primeros en homicidios dolosos y extorsión contra mujeres. A pesar del panorama alarmante, el Congreso del estado aprobó la desaparición del Instituto de la Mujer, medida que ha sido duramente cuestionada por activistas y especialistas.
Según el más reciente informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con corte al 31 de mayo, Morelos registra 1.41 feminicidios por cada 100 mil mujeres, la tasa más alta del país. En cifras absolutas, suma 15 casos, lo que representa el 5.4% del total nacional y lo coloca en el quinto lugar por número de víctimas.
Municipios como Yautepec y Ciudad Ayala aparecen en el “Mapa de municipios con más delitos de feminicidio”, con tres y dos casos, respectivamente. A esto se suman 31 homicidios dolosos de mujeres en el estado, que representan una tasa de 3.01 por cada 100 mil habitantes femeninas, la cuarta más alta del país.
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La extorsión también golpea con fuerza a las mujeres en Morelos. La entidad ocupa el quinto lugar nacional, con una tasa de 8.92 víctimas por cada 100 mil mujeres, lo que refleja una tendencia creciente de violencia que compromete no solo su integridad, sino también su autonomía económica.
Feminicidios que no cesan y reflejan disparidad en las cifras
Colectivos feministas aseguran que las cifras oficiales no reflejan la magnitud real del problema. De acuerdo con su conteo, en lo que va de 2025 se han registrado al menos 53 feminicidios en el estado. Solo el pasado domingo 28 de junio, tres mujeres —dos adultas y una menor— fueron asesinadas a balazos en una plaza comercial de Tetelcingo, en Cuautla. Ese mismo día, una bebé de dos años murió en Tlaltizapán por una bala perdida durante otro ataque armado.
“La violencia contra las mujeres sigue en aumento y no se está atendiendo de forma integral”, advirtió Andrea Acevedo García, vocera de la colectiva Divulgadoras.
Acevedo criticó que las acciones institucionales se enfoquen en lo penal y no en la prevención. También señaló la falta de políticas dirigidas a los hombres agresores.
“Es urgente que las políticas de prevención también se dirijan a los hombres, quienes históricamente han sido los perpetradores. Deben implementarse y programas de atención específicos para ellos”, subrayó.
Además, destacó que, sin una educación basada en igualdad y equidad desde los niveles escolares, “la violencia seguirá aumentando”.
Controversia por la desaparición del Instituto de la Mujer
En medio de esta crisis, el Congreso de Morelos aprobó este fin de semana una reforma que, además de aumentar de 20 a 30 el número de diputados y limitar la paridad en municipios, extinguió el Instituto de la Mujer. Sus funciones fueron absorbidas por la nueva Secretaría de las Mujeres.
Para María Teresa Domínguez Rivera, exdirectora del Instituto, esta decisión fue un error.
“La Secretaría tiene un enfoque asistencialista y carece de una política clara para transversalizar la perspectiva de género. No se puede combatir la violencia estructural con apoyos económicos de 300 o 600 pesos”, criticó.
También cuestionó que el Instituto fuera eliminado sin una evaluación pública ni indicadores de desempeño que justificaran su cierre. “No se vale decir que el Instituto no dio resultados sin pruebas”, concluyó.
Defensa oficial
La gobernadora Margarita González Saravia (Morena) defendió este lunes 30 de junio la creación de la Secretaría como una transformación institucional orientada a fortalecer la atención con perspectiva de género.
“No se pueden duplicar funciones”, declaró, al asegurar que la nueva dependencia tiene facultades legales, presupuesto federal y capacidad de coordinación transversal con otras instituciones.
Según la mandataria, en sus primeros ocho meses de operación, la Secretaría ha abierto 16 centros de atención y ha vinculado a cerca de 30 mil mujeres con programas sociales y apoyos directos. Destacó también el trabajo de la red territorial “Tejedoras de la Nación”, encargada de atender casos de violencia y fomentar el empoderamiento económico femenino.
Respecto al personal del extinto Instituto, González Saravia aseguró que se respetarán los procedimientos legales y recordó que los cargos públicos son de carácter temporal.
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“La fuerza de la Secretaría será mucho mayor que la del Instituto. Todo son ciclos, y así hay que entenderlos”, concluyó.
JCVP