Culiacán, Sin.- Ante la controversia generada por dos propuestas legislativas que pretendían sancionar la violencia digital y la violencia política en razón de género, el Congreso del Estado de Sinaloa decidió frenar su avance y abrir un proceso de revisión con participación ciudadana.
La presidenta de la Junta de Coordinación Política, María Teresa Guerra Ochoa, y la diputada Erika Rubí Martínez Rodríguez, anunciaron que ambas iniciativas serán replanteadas con el objetivo de construir un marco legal sólido y ampliamente consensuado.
El anuncio se dio en el marco de un encuentro con representantes de medios de comunicación, activistas y organizaciones civiles. Durante la reunión, diversos actores expresaron su preocupación sobre el posible uso de estas reformas como un instrumento de censura, particularmente hacia el gremio periodístico.
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Guerra Ochoa afirmó que, si bien los proyectos surgieron como respuesta a delitos cometidos en entornos digitales—como la suplantación de identidad y campañas de difamación—es indispensable garantizar que su aplicación no ponga en riesgo la libertad de expresión. "Este retroceso en el proceso legislativo representa una muestra de apertura y compromiso con la ciudadanía", señaló.
Por su parte, Martínez Rodríguez explicó que la intención original de las propuestas era proteger a mujeres y niñas frente a nuevas formas de violencia que han migrado a plataformas digitales. Negó que exista intención de limitar el derecho a informar o sancionar la labor periodística.
La legisladora indicó que el Congreso abrirá mesas de trabajo con periodistas, organizaciones defensoras de derechos humanos y especialistas en derecho digital, para elaborar nuevas versiones de las iniciativas que respondan a los retos actuales sin vulnerar derechos fundamentales.
Reformas en materia de ciberseguridad
Las propuestas detenidas habían sido presentadas como parte de un paquete de reformas en materia de ciberseguridad. En una comparecencia previa, Guerra Ochoa subrayó que la iniciativa buscaba atender delitos como extorsiones, violencia patrimonial y ataques contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
“Esta reforma no tiene ningún fin de censura; al contrario, responde a las nuevas formas de delincuencia en entornos digitales. Queremos brindar mayor seguridad a quienes sufren este tipo de agresiones y actuar con certeza jurídica”, sostuvo.
La diputada también recordó que en Sinaloa continúan vigentes otros mecanismos de protección, como la Vicefiscalía especializada en delitos contra periodistas.
El debate sobre la legislación en materia de ciberseguridad se produce en un contexto nacional de creciente preocupación. En entidades como Puebla, la aprobación de leyes similares ha generado críticas por su posible uso para coartar la libertad de expresión, lo que ha motivado pronunciamientos incluso a nivel federal.
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En el caso de Sinaloa, las iniciativas seguirán en análisis dentro de comisiones legislativas, a la espera de una nueva propuesta que integre las voces de todos los sectores involucrados.
gph