La defensa de los derechos humanos y del territorio en México, especialmente en regiones como la Sierra Tarahumara, se ha convertido en una actividad de alto riesgo. La protección estatal resulta insuficiente, lo que alimenta una alarmante impunidad.
Comunidades indígenas como Coloradas de la Virgen y Choréachi representan casos emblemáticos de la lucha por el territorio en la Sierra Tarahumara. Estas comunidades enfrentan constantes amenazas, violencia y despojo, mientras el Estado no ofrece una respuesta efectiva para garantizar su protección, según el informe “Bizitza Jokoan II: Extractivismo vs. Derechos Humanos”.
El caso de Julián Carrillo, defensor rarámuri asesinado pese a contar con medidas de protección, evidencia la limitada efectividad del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
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Según Isela González, directora de Alianza Sierra Madre A.C. (ASMAC), uno de los principales desafíos es que "los mecanismos de protección sean efectivos" y que su cumplimiento no dependa de exigencias judiciales. La percepción generalizada entre los defensores es que el Mecanismo es insuficiente, al punto de ser descrito como "un león sin dientes o una aspirina para el cáncer".
Incluso cuando se aprueban medidas de protección, su implementación no es automática, lo que obliga a las víctimas a recurrir a procesos judiciales para exigir su cumplimiento. Datos de IM-Defensoras revelan que un porcentaje significativo de agresiones ocurre contra personas que ya contaban con medidas de protección, lo que evidencia fallas graves en su aplicación.
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Contexto: el problema de la impunidad
La impunidad es un factor clave en la perpetuación de la violencia contra los defensores. La corrupción a nivel estatal es una de sus principales causas y explica en gran parte la ineficacia de las medidas de protección.
En la Sierra Tarahumara, caciques locales, amparados y protegidos por el poder político, operan bajo una lógica de "colonialismo interno", según González. Esta corrupción permite la manipulación de procesos legales, como ocurrió con la Secretaría de la Reforma Agraria en Coloradas de la Virgen, donde se favoreció a caciques en perjuicio de las comunidades indígenas.
La ausencia del Estado en comunidades remotas como Coloradas de la Virgen, sumada a la fuerte presencia del crimen organizado involucrado en actividades ilegales, ha generado un entorno de violencia sistemática.
Estos grupos buscan despojar y desplazar a las comunidades para explotar los recursos naturales, lo que agrava aún más la falta de efectividad de los mecanismos de protección.
El acceso a la justicia para las comunidades defensoras también enfrenta múltiples obstáculos, entre ellos la lejanía, la falta de presencia de autoridades y, en algunos casos, la complicidad del propio sistema judicial con los agresores.
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Comunidades en resistencia
A pesar de ello, comunidades como Choréachi han resistido y defendido su territorio, logrando en 2018 el reconocimiento legal de sus tierras tras 20 años de lucha. Sin embargo, este reconocimiento ha enfrentado nuevos desafíos.
En definitiva, la situación en la Sierra Tarahumara pone en evidencia las graves fallas en la protección de los defensores de derechos humanos en México. La impunidad, la corrupción y la ausencia del Estado han creado un contexto de extrema vulnerabilidad.
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Es urgente la implementación de una política integral que articule acciones efectivas de prevención, protección, investigación, sanción y reparación para garantizar la seguridad de quienes defienden sus derechos y territorios.