Las administraciones de Cuitláhuac García en Veracruz y Cuauhtémoc Blanco en Morelos se encuentran bajo el escrutinio de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tras revelaciones alarmantes sobre presuntos desfalcos que ascienden a más de mil 900 millones de pesos, de acuerdo con información de el diario El Sol de México.
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Contexto en Veracruz: Un eco del pasado de corrupción
El gobierno de Cuitláhuac García enfrenta señalamientos graves por el presunto desfalco de mil 195.7 millones de pesos, resultado de 11 contratos irregulares financiados con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA). Entre las anomalías detectadas se encuentra la adjudicación directa de dos contratos por 481.2 millones de pesos para el suministro de pruebas de laboratorio clínico, de las cuales no hay evidencia de entrega.
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Además, la ASF encontró que se pagaron 303.6 millones de pesos a una empresa de limpieza sin historial comprobable ni documentación que respaldara los trabajos realizados, lo que apunta a una posible empresa fantasma. Otras irregularidades incluyen inconsistencias por 172.2 millones en la adquisición de equipo médico para bancos de sangre y centros de transfusión, donde no se acreditó la entrega de los insumos.
Este escándalo recuerda los peores tiempos de Javier Duarte, exgobernador del estado, cuya administración estuvo marcada por escándalos de corrupción y desfalcos millonarios, incluso en el sector salud.
Contexto en Morelos: Obras inconclusas y equipos inoperantes
En Morelos, la ASF detectó irregularidades por 717.7 millones de pesos durante la gestión de Cuauhtémoc Blanco. De este monto, 418.1 millones corresponden a bienes y servicios que no se entregaron, 189.9 millones a equipos médicos que no están en funcionamiento y 109.5 millones a una obra que incumple el convenio y que, hasta la fecha, no está operativa.
El entonces secretario de Salud, Marco Antonio Cantú Cuevas, está en el ojo del huracán por su posible responsabilidad en estos desfalcos. Las acusaciones de malversación en su administración agravan la crisis de transparencia en un estado que ha sido duramente golpeado por la corrupción en los últimos años.
Irregularidades a nivel nacional
La ASF ha intensificado su vigilancia en la recta final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, aumentando el número de auditorías forenses a niveles históricos. En 2023, se realizaron 29 auditorías forenses, el mayor número registrado, lo que refleja la preocupación por posibles redes de corrupción dentro de las administraciones estatales.
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Por primera vez, las auditorías forenses han abarcado gobiernos estatales y municipales, incluyendo Morelos y Veracruz, así como Baja California Sur, Sonora y diversas alcaldías de oposición a Morena. La ASF ha alertado que estas investigaciones revelan patrones de corrupción sofisticados, en los que participan altos funcionarios públicos y proveedores fantasma.
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Mientras tanto, el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, se encuentra prófugo de la justicia tras una orden de aprehensión por desfalcos similares, lo que deja abierta la posibilidad de que los actuales gobernadores investigados enfrenten también consecuencias legales en los próximos meses.