Diego Pérez Méndez se perfilaba como el precandidato priísta con más "adeptos" para buscar la Presidencia de su tierra natal, el municipio de San Juan Cancuc, Chiapas. Sin embargo, hombres armados lo secuestraron a él, a su esposa y a uno de sus hijos casi tres meses antes de las elecciones, celebradas el 2 de junio del año pasado.
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En entrevista exclusiva, Manuel Pérez Aguilar y su madre, Juana Aguilar Cruz, relatan la pesadilla que vivieron la noche del 13 de marzo, cuando un comando los interceptó a la altura de "La Garita", en el tramo San Cristóbal de Las Casas-Teopisca, y los llevó a una casa de seguridad.
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A los tres les cubrieron los ojos y los golpearon por un largo rato. Pero quien recibió más castigo fue Diego. En ese sitio había al menos 60 personas con armas de fuego, la mayoría de grueso calibre.
"No se podía distinguir dónde era, sólo recuerdo que había una barda muy alta", dice Manuel, quien asegura que allí estaban presentes Juan López Mendoza, actual alcalde del PRI de San Juan Cancuc; el expresidente municipal Manuel Aguilar López y su hijo José Manuel Aguilar Sántiz.
Entre sus recuerdos, Manuel advierte que uno de los agresores le dijo a Diego: "'Cuñado', no te preocupes, mañana ya vas a estar en tu trono", y enseguida comenzaron a golpearlo, así como a él y a su madre.
Tras la tortura, en la madrugada del 14 de marzo, los trasladaron a la comunidad de Yavalté, en el municipio de San Juan Chamula. Allí les colocaron cinta en la cara, pero Juana logró ver a sus agresores. Poco después, todos recibieron disparos y cayeron a un barranco.
Las huellas de la tortura
Manuel muestra a La Silla Rota las heridas que le dejaron los tres impactos de bala que recibió: uno en la mano y parte del brazo, otro cerca del cuello y uno más a la altura de la tetilla izquierda. "Aquí tengo la bala todavía", indica con su dedo índice izquierdo sobre su pecho. Juana también fue baleada en tres ocasiones, mientras que Diego, severamente golpeado, recibió un solo disparo que le arrebató la vida.
Esa madrugada, como pudo, Manuel se levantó y caminó durante media hora hasta encontrar a pobladores de la comunidad Chamula, quienes lo auxiliaron. Paramédicos lo trasladaron junto con su madre al Hospital de Las Culturas, en San Cristóbal de Las Casas, donde los médicos no le daban muchas esperanzas de vida a Juana.
"Me acuerdo que los sicarios, luego de dispararnos, decían muchas cosas, uno incluso me agarró del cabello", comenta Manuel. El joven también señala que su madre reconoció al asesino de Diego: "Es Antonio López Gómez", quien fue detenido el pasado 9 de febrero.
El viernes pasado, las autoridades detuvieron a otro de los implicados en el crimen. Sin embargo, Manuel y Juana lamentan que los autores intelectuales continúen en libertad. Además, temen por sus vidas, por lo que han tenido que mantenerse ocultos y no han podido regresar a su casa en San Juan Cancuc. "De repente hemos llegado, pero escondidos, porque ahí enterraron a mi papá", confiesa Manuel.
Diego sentía miedo
Manuel, convencido de que su padre solo buscaba el bienestar de su pueblo, muestra una grabación en lengua tseltal en la que Diego manifestaba su preocupación por las amenazas y cuestionaba las intenciones del entonces presidente municipal.
"Mi papá es el que iba a ganar, por eso lo mataron; pero esas personas querían que, a la fuerza, quedara su candidato. Mi padre sabía que lo querían matar", subraya Manuel.
Lo que más les duele, confiesan los entrevistados, es que Juan López Mendoza, actual alcalde del PRI de San Juan Cancuc; el expresidente municipal Manuel Aguilar López y su hijo José Manuel Aguilar Sántiz sigan en libertad.
Ante esta situación, Manuel pide al gobernador de la entidad, Eduardo Ramírez Aguilar, que los respalde y que se haga justicia cuanto antes. Tres de sus cinco hermanos tuvieron que emigrar a Estados Unidos para evadir el peligro y buscar una vida mejor.
Según el informe Votar entre balas, de la organización sin fines de lucro Data Cívica, la violencia electoral en 2024 dejó un saldo alarmante. De los 362 ataques contra precandidatos, candidatos y sus equipos de trabajo registrados en todo el país, Chiapas ocupó el primer lugar con 53 casos, seguido de Puebla (42), Guerrero (42) y Guanajuato (40).