Funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos ocultaron una declaración e información clave para investigar y sancionar a 42 servidores públicos implicados en la inhumación irregular de 119 cuerpos en la fosa de Tetelcingo, denunció Amalia Hernández, representante del colectivo Desaparecidos Tetelcingo y Jojutla.
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Amalia Alejandra Hernández Hernández, también tía de Oliver Wenceslao—joven privado de la libertad en Cuautla e inhumado de manera irregular en Tetelcingo—, estuvo acompañada de María Hernández, madre de Oliver Wenceslao; Lluvia Laura Reyes López, hermana de Andrés y Sansón Reyes López, desaparecidos en Chiapas; Leonsa Arellano Carros, mamá de Miguel Ángel Mercado Arellano, desaparecido en Cuautla; y Osvaldo Juárez, hermano de María Dolores Juárez Cárdenas, desaparecida en Cuautla, y desde la ofrenda de víctimas acusó a la FGE de entorpecer las investigaciones para garantizar impunidad a los responsables.
En octubre de 2022, la FGE, a través de una agente del Ministerio Público, propuso un acuerdo para sobreseer y abreviar las dos causas penales abiertas en los juzgados de Cuautla y Atlacholoaya. La propuesta incluía un acuerdo económico como incentivo para su aceptación, pero fue rechazada por las víctimas, quienes exigieron justicia y sanción judicial.
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Al negarse al sobreseimiento, se propuso un criterio de oportunidad para la imputada, bajo la condición de que proporcionara información relevante sobre otros servidores públicos de igual o mayor jerarquía. Las autoridades ministeriales aceptaron que las víctimas estuvieran presentes en la declaración, pero hasta la fecha no hay respuesta sobre la autorización de la FGE.
Ocultamiento de información
Días antes de la audiencia del 22 de enero de 2025, la FGE informó que la imputada no se había presentado a declarar y que no podían obligarla. Sin embargo, el 14 de febrero, en una audiencia en Atlacholoaya, la defensa de la imputada, Analilia Guerrero Moreyra, presentó una declaración fechada el 6 de enero de 2025, evidenciando que la FGE ocultó información crucial.
“La Fiscalía no puede argumentar que la información no es relevante cuando claramente se encubre la participación de otros funcionarios en la inhumación de los 119 cadáveres”, denunció Hernández Hernández.
Ante estos hechos, el colectivo exige al fiscal general de Morelos, Édgar Antonio Maldonado Ceballos, atender a las víctimas y esclarecer las irregularidades cometidas por la FGE en la investigación. También solicitaron una reunión con la gobernadora Margarita González Saravia para exponer la falta de avances en el cumplimiento de las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos.
Preguntas sin respuesta
Las víctimas cuestionan:
¿A quién protege la FGE al ocultar esta declaración?
¿Por qué la Fiscalía no ha avanzado en la investigación y vinculación de los responsables?
¿Qué acciones tomará el nuevo fiscal para garantizar justicia?
La próxima audiencia está programada para el 27 de febrero de 2025 en los juzgados de Cuautla. Las víctimas advierten que no confían en que la FGE actúe en su favor y temen que se mantenga la impunidad en el caso.
Funcionarios señalados
El colectivo Desaparecidos Tetelcingo y Jojutla responsabiliza a los siguientes funcionarios de la FGE por el ocultamiento de documentos:
- Luis Goytia Pacheco, Fiscal Especializado en Desaparición Forzada de Personas.
- Norma Román Bustos, Ministerio Público.
- Vanessa Montalvo Balbuena, Ministerio Público.
- Ana Patricia Güemes Estrada, Ministerio Público.
Los delitos que se les atribuyen incluyen violaciones a los derechos de las víctimas y la manipulación de documentos oficiales.