Al menos 15 estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) han sido víctimas de extorsión telefónica, según reveló Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la institución.
De estos casos, dos ya fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado (FGE), que informó a la universidad sobre una ola regional de llamadas de extorsión que incluyen amenazas con el fin de realizar un secuestro virtual mediante engaños.
El modus operandi de los delincuentes consiste en hacerles creer a los estudiantes que uno de sus familiares ha sido secuestrado, y luego los obligan a hacer depósitos en cuentas bancarias para su supuesta liberación. Sin embargo, todo es parte de un engaño.
Te podría interesar
Derbez Bautista informó que las autoridades estatales y municipales de San Andrés y San Pedro Cholula han sido notificadas. Ellos indicaron que la mayoría de estas llamadas provienen de centros penitenciarios ubicados en otras entidades, especialmente en el Estado de México.
Lanzan campaña para prevenir el delito
El rector destacó que el grupo más vulnerable se encuentra entre los 18 y 29 años de edad, por lo que la UDLAP lanzó la campaña “No te enganches, ¡Cuelga!”, que insta a los estudiantes a cortar de inmediato las llamadas de extorsión y contactar a un familiar directamente, además de no compartir información ni datos personales.
Se recomienda identificar los contactos y no responder llamadas de números desconocidos, evitar realizar transferencias o depósitos de dinero, y mantener la calma. En caso de duda, los estudiantes deben permanecer dentro del campus, donde pueden ponerse en contacto con seguridad o llamar a los números de atención de la institución.
Extorsión telefónica en Puebla
Miguel Trujillo de Ita, diputado local de Morena, señaló que este delito es posible debido a la complicidad de quienes facilitan teléfonos celulares a los internos. Por ello, propuso en el Congreso del Estado aumentar las penas a 12 años de prisión para quienes cometan esta falta.
La iniciativa propone modificar el Artículo 292 del Código Penal del Estado de Puebla, el cual actualmente castiga con penas de cuatro a ocho años de prisión a los empleados de centros penitenciarios que introduzcan o permitan el uso de dispositivos electrónicos de comunicación, como teléfonos celulares, tablets o computadoras portátiles, que se usen para extorsionar, amenazar o intimidar a terceros; cometer fraudes o engaños que afecten el patrimonio, la seguridad o la integridad de las personas; difundir contenido ilícito o realizar actos que perjudiquen derechos ajenos.
SÍGUENOS EN EL SHOWCASE DE LA SILLA ROTA DE GOOGLE NEWS
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP. EL PODER DE LA INFORMACIÓN EN LA PALMA DE TU MANO
Actualmente, la pena incluye una multa de 2,000 a 4,000 UMAs, además de la destitución inmediata del cargo y la inhabilitación para ejercer funciones de seguridad pública durante cinco años en el caso de los custodios.
Para los directores o encargados, las penas van de seis a 12 años de prisión.