En los últimos cinco meses, Sinaloa ha registrado un incremento en las desapariciones, fenómeno vinculado a la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa. Según datos de la Fiscalía General del Estado, entre septiembre de 2024 y enero de 2025 se han presentado 952 denuncias de desaparición, lo que equivale a un promedio de más de seis casos diarios.
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Las desapariciones coinciden con una escalada de violencia tras la captura de líderes del cártel, como Ismael “El Mayo” Zambada.
Desde septiembre, los enfrentamientos internos han dejado más de 400 homicidios y varias centenas de personas no localizadas.
Especialistas en seguridad advierten que el reacomodo de estructuras criminales está generando un aumento en privaciones ilegales de la libertad, muchas de ellas sin denuncias formales por temor a represalias.
¿Dónde se reportan más desaparecidos en Sinaloa?
Las ciudades con más reportes son Culiacán, Mazatlán y Ahome, que concentran el 74% de los casos documentados.
Colectivos de búsqueda han intensificado sus actividades ante la falta de avances en las investigaciones oficiales.
Integrantes de estos grupos denuncian que muchas desapariciones siguen un patrón: personas interceptadas en la vía pública por sujetos armados o sacadas de sus domicilios por individuos con uniformes apócrifos de corporaciones de seguridad.
A pesar del despliegue de más de 11 mil 000 elementos militares en la región, entre los que se van y los que llegan, la violencia y las desapariciones no han disminuido.
Sectores empresariales han alertado sobre el impacto en la economía local, con cierres de negocios y una disminución en la actividad comercial en zonas con mayor incidencia delictiva.
Familiares de personas desaparecidas exigen medidas concretas para frenar la crisis. Entre sus demandas destacan el fortalecimiento de la Comisión Estatal de Búsqueda, mayor celeridad en la identificación de cuerpos en el Servicio Médico Forense y la aplicación de protocolos homologados para la búsqueda inmediata de personas en riesgo.
Organizaciones de derechos humanos han documentado casos donde las desapariciones son cometidas por grupos con capacidad operativa similar a la de fuerzas de seguridad, lo que ha reforzado la sospecha de colusión entre agentes del Estado y grupos criminales.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha solicitado medidas cautelares para víctimas indirectas y un seguimiento exhaustivo de las investigaciones.
El gobierno estatal ha reconocido el problema y ha anunciado nuevas estrategias, pero hasta ahora los resultados han sido limitados. Mientras tanto, cientos de familias continúan la búsqueda de sus seres queridos sin respuestas claras por parte de las autoridades.