Guadalajara, Jalisco -La Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) de la Universidad de Guadalajara se pronunció en contra de un posible aumento a la tarifa del transporte público, al advertir que esta medida tendría un impacto directo en la economía de miles de estudiantes que dependen diariamente de este servicio para acudir a clases.
El posicionamiento surge ante la posibilidad de que el Comité Técnico de Validación y Tarifas discuta un ajuste al costo del transporte en su sesión programada para este viernes 26 de diciembre. Para la organización estudiantil, cualquier decisión debe considerar el contexto social actual y el efecto que tendría en sectores con menor margen económico.
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Transporte, un gasto inevitable para estudiar
La FEU subrayó que el transporte público no es un servicio opcional para la comunidad universitaria, sino una herramienta indispensable para ejercer el derecho a la educación. La mayoría de las y los estudiantes, señaló, no cuentan con alternativas distintas para trasladarse diariamente a sus centros de estudio.
En un contexto donde el costo de vida se ha incrementado, el gasto en transporte representa una carga constante para la economía familiar. La organización recordó que cada vez más estudiantes se ven obligados a combinar sus estudios con trabajos de medio tiempo para solventar sus gastos básicos, por lo que un aumento a la tarifa impactaría de forma inmediata su estabilidad económica.
Piden justicia social y análisis transparente
La FEU sostuvo que no resulta social ni legalmente adecuado trasladar el costo del sistema de movilidad a los sectores con menores ingresos sin que existan mejoras reales en la calidad del servicio. Por ello, pidió que cualquier ajuste se analice bajo criterios de proporcionalidad, razonabilidad y justicia social.
Además, exhortó a que no se apruebe un aumento sin un análisis público, técnico y transparente, y planteó la necesidad de explorar alternativas como subsidios, esquemas tarifarios diferenciados o el fortalecimiento de apoyos para estudiantes.
Para la organización, ignorar el impacto económico en la comunidad estudiantil profundizaría la desigualdad y pondría en riesgo la permanencia de miles de jóvenes en las aulas.