Los abogados defensores del periodista Rodolfo Ruiz Rodríguez renunciaron a continuar con la representación legal en el inicio de la audiencia de imputación por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en Puebla, al argumentar temor por su seguridad personal.
Pese a la renuncia de la representación legal, el juez de control formuló la imputación contra el periodista Rodolfo Ruiz Rodríguez, a pesar de que este mismo día renunciaron los primeros abogados del periodista y la nueva defensa no conocía la carpeta de investigación de siete tomos.
En el marco de la causa penal 3112/2025/Puebla, derivada de la carpeta de investigación 19/2020/UEIORPI, este día se celebró la audiencia inicial de imputación en contra de Rodolfo Ruiz Rodríguez, director del medio digital e-consulta acusado por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La diligencia fue presidida por Joel Daniel Baltazar Ávalos, juez de Control del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, con la intervención del Ministerio Público, María Lilian Adauta Ramírez.
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Contexto: El 15 de diciembre se venció el primer plazo para que la defensa particular de Rodolfo Ruiz leyera el contenido de la carpeta de investigación y el agente del Ministerio Público procediera con la acusación formal por los cargos antes señalados.
La Red de Periodistas Puebla y la Alianza de Medios Mx expresaron su preocupación ante una posible embestida judicial y una amenaza de detención en contra del periodista Rodolfo Ruiz , luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) reactivara una causa penal en su contra.
Renuncian abogados
Previo al inicio de la audiencia, se informó que los abogados que originalmente estaban a cargo de la defensa de Ruiz Rodríguez renunciaron a su representación, argumentando motivos relacionados con la preservación de su seguridad personal. De manera paralela, el imputado presentó un escrito solicitando que se respetara el principio de publicidad de las audiencias, pidiendo que se permitiera el acceso del público a la sala.
La audiencia
No obstante, el acceso a la audiencia fue restringido. A las 10:35 horas, personal de la policía procesal y de la sala impidió la entrada al público, señalando que únicamente se permitiría el ingreso de la esposa del imputado por motivos médicos, en espera de que el juez resolviera la solicitud de publicidad. Posteriormente, el juez determinó que la audiencia se celebrara a puerta cerrada, al considerar que, por la naturaleza del delito imputado, la publicidad podría resultar perjudicial tanto para el imputado como para las atoridades.
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Durante el desarrollo de la audiencia, Ruiz Rodríguez designó a una nueva defensora, quien protestó el cargo sin contar aún con copia de la carpeta de investigación ni conocimiento de actuaciones previas. La defensa solicitó que se permitiera el acceso al público y manifestó que no existían condiciones para la celebración de la audiencia, al no haberse impuesto del expediente. El juez rechazó diferir la diligencia, argumentando que el imputado había sido previamente apercibido sobre las consecuencias de cambiar de defensa en el último momento y que contaba con un plazo constitucional de 144 horas para conocer el contenido de la carpeta y preparar su estrategia legal.
La defensa calificó la continuación de la audiencia como contraria a los derechos humanos del imputado, al considerar que existía una desigualdad procesal entre las partes. A pesar de ello, el juez determinó continuar con el acto procesal y dio la palabra al Ministerio Público, que procedió a formular la imputación correspondiente.
Posteriormente, la defensa promovió la nulidad de la audiencia, argumentando que el procedimiento no se encontraba en estado para su desahogo debido a la falta de acceso a las constancias del expediente. El Ministerio Público respondió que en ningún momento se negó la entrega de copias y que fue la defensa quien omitió acudir a obtener la totalidad de las mismas. Tras analizar los planteamientos, el juez resolvió no tener por acreditada la nulidad y permitió que el Ministerio Público solicitara la vinculación a proceso del imputado, exponiendo los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación.
Al ser cuestionado, Rodolfo Ruiz Rodríguez se reservó su derecho a declarar y solicitó que su situación jurídica se resolviera dentro del plazo constitucional de 144 horas. En consecuencia, el juez fijó las 8:30 horas del 23 de diciembre de 2025 para la audiencia en la que se determinará su situación jurídica.
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Finalmente, el Ministerio Público solicitó la imposición de medidas cautelares consistentes en firma semanal, prohibición de salir del país y la exhibición de una garantía económica equivalente al 20% del monto objeto de la denuncia. La defensa se opuso, invocando el principio de presunción de inocencia y la actitud de colaboración del imputado.
El juez resolvió no imponer garantía económica, al considerarla excesiva e innecesaria, y decretó únicamente como medidas cautelares la firma periódica mensual, los últimos lunes de cada mes, así como la prohibición de salir del país. La continuación de la audiencia inicial quedó programada para el 23 de diciembre de 2025 a las 8:30 horas.
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