El periodista campechano Jorge Luis González Valdez, exdirector del histórico Tribuna de Campeche, enfrenta un complejo proceso legal tras denuncias presentadas por la gobernadora Layda Sansores, en un caso que ha encendido las alertas nacionales sobre libertad de expresión, censura judicial y uso del sistema penal contra periodistas.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el comunicador calificó la situación como una persecución política y una afrenta directa al ejercicio del periodismo crítico en México.
El proceso judicial contra Jorge Luis González Valdez
El caso de Jorge Luis González Valdez se originó a partir de denuncias interpuestas en enero de 2025 por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, ante la Fiscalía General del Estado. Las querellas incluyeron señalamientos por calumnias, difamación, discurso de odio e incitación al odio y a la violencia, además de procedimientos por presunta violencia política en razón de género ante instancias electorales.
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Durante una entrevista telefónica en el programa de Ciro Gómez Leyva, transmitido por Fórmula Noticias, González Valdez explicó que la audiencia intermedia programada para el pasado 2 de diciembre fue determinante para definir su vinculación a proceso o la exoneración de los cargos.
El periodista, citado al aire desde su lugar de residencia, expresó confianza en que una correcta valoración de las pruebas permita demostrar la inexistencia de delito alguno. “Si se revisan objetivamente los elementos del expediente, no debería haber razón para mantener este proceso”, sostuvo.
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Rechazo a los señalamientos de violencia discursiva
Durante la conversación, González Valdez negó de forma categórica haber incitado al odio o a la violencia contra la mandataria estatal. Según explicó, las imputaciones derivan de notas informativas y opiniones críticas que, desde su perspectiva, se inscriben plenamente en el derecho a informar y opinar sobre asuntos de interés público.
El comunicador afirmó que las acusaciones carecen de sustento jurídico y forman parte de un uso punitivo del derecho penal para inhibir la crítica política.
Asimismo, dio a conocer que el proceso incluye medidas judiciales restrictivas que han sido ampliamente cuestionadas. Entre ellas, la orden de que González Valdez sea supervisado permanentemente por la Unidad de Medidas Cautelares de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, así como la obligación de abstenerse de emitir opiniones sobre la gobernadora.
El periodista, de 71 años, calificó estas disposiciones como censura previa, al considerar que violan garantías constitucionales y tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Un medio histórico bajo resolución judicial
Contexto: El caso se agrava con el cierre de la versión digital de Tribuna de Campeche, ocurrido el 13 de junio de 2025, tras un resolutivo judicial por supuestas difamaciones contra la gobernadora. El diario, fundado en 1975, operó durante medio siglo y fue considerado uno de los referentes informativos del estado.
Además de González Valdez, también fue vinculado a proceso Isidro Yerbes, representante legal de Organización Editorial del Sureste, empresa editora del periódico.
Entre las resoluciones más controvertidas se encuentra la orden de enviar todas las notas que mencionen a Layda Sansores para revisión del área de Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia, así como la designación de interventores que deben autorizar contenidos antes de su publicación.
Organizaciones como la Alianza de Medios MX han advertido que estas medidas reproducen esquemas de censura previamente declarados inconstitucionales por tribunales federales y contravienen estándares internacionales de libertad de prensa.
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“Persecución política”: la postura del periodista
En su diálogo con Gómez Leyva, González Valdez describió su situación como un caso de censura judicial y persecución política, al asegurar que se busca enviar un mensaje intimidatorio a otros comunicadores. “Lo que hemos vivido no es casual; es una presión sistemática para silenciarme”, afirmó.
A su juicio, el impacto del proceso trasciende lo personal y afecta directamente al ecosistema informativo nacional, al normalizar sanciones penales contra opiniones periodísticas.
Reacciones y preocupación por estas medidas en contra del periodista
Diversos sectores periodísticos y organizaciones civiles han manifestado su inquietud ante el precedente que podría sentar este caso. Coinciden en que ningún periodista debe enfrentar procesos penales por ejercer el periodismo crítico, especialmente en un país donde los comunicadores ya enfrentan altos niveles de riesgo.
En ese sentido, la Alianza de Medios MX reiteró su llamado a respetar el debido proceso y a evitar que el sistema judicial sea utilizado como herramienta de presión o silenciamiento contra la prensa.
De acuerdo con Gómez Leyva, Guadalupe Martínez Taboada, juez penal de Campeche, advirtió a Jorge Luis González durante audiencias pasadas del día 9 y del dia 11 de diciembre que mejor no hablara ni tratara de defenderse, pues lo que dijera podría volvérsele en contra.
Entre las medidas que le fueron imputadas son: el no poder hablar de la gobernadora de Campeche, así como también en todo momento estar acompañado de un censor cuya misión es proteger a Sansores, “No hay para dónde hacerse”, comentó Jorge Luis a Ciro Gómez, de acuerdo a este último. “La jueza impide que me exprese. Siguen empecinados en acabar conmigo en este estado donde la gobernadora manda sobre jueces y ministerios públicos”, finalizó.
AJA