La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, es reprobada por la percepción ciudadana, mientras suma escándalos durante su mandato al frente de la entidad del sureste del país, entre los que destacan actos de censura en contra de medios de comunicación.
De un universo de 89 por ciento de los campechanos que dijeron conocer a la mandataria estatal, de acuerdo a la más reciente encuesta de Enkoll publicada en el diario El Universal, el 53 por ciento desaprueba la gestión de Layda Sansores al frente del gobierno del estado de Campeche, mientras que el 43 por ciento aprueba su administración. La morenista obtuvo un 5.7 como calificación en promedio.
Asimismo, el estudio arrojó que el 41 por ciento de los encuestados tienen una opinión buena o muy buena de Sansores, mientras que el 44 por ciento expresa una percepción mala o muy mala.
Te podría interesar
El pleito con el periodista Jorge Luis González Valdez
La gobernadora Layda Sansores se ha enfrascado en una ofensiva contra medios de comunicación, a los que acusa de agredirla de manera sistemática y ha emprendido acciones legales en contra de periodistas y empresas del ramo.
La gobernadora Sansores denunció en particular que el diario Tribuna promovía una “libertad de agresión” en su contra, mediante un supuesto ataque sistemático de contenido ofensivo y misógino. Por ello, se ordenó también al periodista Jorge Luis González Valdez el pago de una indemnización por daño moral de dos millones de pesos al director de Comunicación Social del estado, Walther Patrón Bacab, así como el embargo de propiedades para garantizar la sanción.
Como resultado de esta ofensiva desde el gobierno estatal, el pasado 13 de junio, en una decisión catalogada como coacción a la libertad de expresión, la jueza local de Campeche, Guadalupe Martínez Taboada, vinculó a proceso al periodista Jorge Luis González Valdez, exdirector del portal Tribuna, por los presuntos delitos de incitación al odio y a la violencia en contra de la gobernadora Layda Sansores.
El periodista acusó que es víctima de una persecución política por parte del gobierno estatal.
Durante una audiencia que se prolongó por más de 12 horas, la jueza de control también ordenó el cierre del medio digital Tribuna y prohibió a González Valdez ejercer el periodismo durante los próximos dos años.
La resolución se dio pese a que la defensa presentó documentos oficiales que acreditan que el periodista se jubiló en 2017 y no tiene funciones directivas en el portal.
Además, se vinculó a proceso a Isidro Yerbes, representante de la Organización Editorial del Sureste, empresa responsable de la publicación de Tribuna, lo que ha generado preocupación entre periodistas locales, quienes advierten que el caso "sienta un ominoso precedente para la prensa independiente en el estado".
Contexto: en Campeche, el delito de incitación al odio está tipificado en la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar toda Forma de Discriminación, que complementa el Código Penal estatal. Según el artículo correspondiente, se sanciona a quien promueva o incite al odio, la violencia, la discriminación, la exclusión o la burla contra grupos o personas por motivos de identidad, creencias, origen, género, etc. Las penas por este delito alcanzan hasta los dos años de prisión.
La desaparición de cinco periódicos
La gobernadora ha lanzado diversos ataques contra la libertad de expresión en Campeche, lo que ha causado el cierre de al menos cinco periódicos impresos: Tribuna, Crónica, El Sur, Expreso y Novedades.
El cese de operaciones ocurre en medio de lo que periodistas locales califican como una política sistemática de presión, estigmatización y censura desde el poder.
“Fue atacando y atacando hasta que los desapareció a todos. Ya no existe ningún medio impreso aquí. Desde que llegó al gobierno comenzó a tildarnos de chayoteros, de incitadores al odio”, denunció Jorge González Valdez, periodista con más de 50 años de trayectoria y exdirector de Tribuna.
“No necesitas sustento lógico: a los dictadores les basta su palabra para que un funcionario acate la orden. No es solo contra mí, dañan a cualquiera que se atreva a criticar la política de la señora Sansores”, advirtió el periodista en entrevista telefónica con La Silla Rota, el 17 de junio pasado.
El viaje a Ámsterdam
El pasado 9 de agosto, en medio de los escándalos por los viajes que algunos políticos de Morena realizaron al extranjero, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, se sumó a la lista ya que fue vista con boleto en mano y maleta en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para viajar a Ámsterdam, capital de Países Bajos.
El viaje de la mandataria coincidió con su cumpleaños número 80 y luego de presentar su Cuarto Informe de Gobierno.
De acuerdo con Walther Patrón Bacab, vocero de la gobernadora, la salida al extranjero no se trata de un paseo, sino para visitar a su familia y aclaró que el viaje fue pagado con recursos propios, en un vuelo comercial, y exigió respeto frente a las críticas que calificó de “mezquindades”.
El ataque de Sansores a Telemar
El pasado 20 de octubre, la gobernadora de Campeche recibió críticas por un inusual requerimiento de la Fiscalía General del Estado (FGE) dirigido al medio local Telemar, en el que se solicitó información sobre sus periodistas, editores y directivos, así como sobre publicaciones críticas hacia su administración.
El caso ha generado preocupación por la libertad de expresión en el estado y denuncias de posible censura, tras la difusión del oficio por parte de Telemar en sus redes sociales.
El documento oficial de la FGE exigía, en un plazo de cinco días hábiles, entregar los nombres de reporteros, editores y del director general de Producciones Telemar S.A. de C.V., así como un listado de publicaciones o transmisiones en las que se mencionara a la gobernadora.
La solicitud venía acompañada de advertencias de multas o acciones legales en caso de incumplimiento y fue justificada dentro de una carpeta de investigación abierta por el presunto delito de calumnia, derivado de una denuncia presentada directamente por Sansores.
Telemar emitió un comunicado condenando lo que considera un intento de restringir la libertad de expresión en Campeche. La empresa afirmó que el requerimiento “confirma el uso de las instituciones públicas para intimidar a medios y periodistas que cuestionan al gobierno estatal”.
El medio reiteró su compromiso con el periodismo independiente y aseguró que continuará informando con transparencia y autonomía, a pesar de la presión institucional.
Este caso generó críticas de organizaciones de prensa y especialistas en comunicación, que señalaron que el requerimiento podría sentar un precedente negativo para la libertad de expresión en el estado y a nivel nacional.
Luego, el 23 de octubre, Edwin David Trejo, abogado del sitio Telemar, señaló que la Fiscalía General de Campeche solicitó los datos del personal encargado de redactar el contenido informativo de la plataforma digital.
Sin embargo, indicó que no revelará los nombres de sus trabajadores, ya que considera que esta medida atenta contra la libertad de expresión.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, Trejo aseguró que la solicitud de la Fiscalía configura un caso de censura por parte del gobierno encabezado por Layda Sansores.
lrc