Campeche- Para evitar que emita expresiones consideradas ofensivas contra la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, la jueza Guadalupe Martínez Taboada, ordenó que el periodista Jorge González Valdez sea supervisado de manera permanente por la Unidad de Medidas Cautelares de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana.
El comunicador campechano, de 71 años, calificó la resolución como un acto de censura previa que viola la libertad de expresión. “La jueza Martínez Taboada sigue empecinada en violar las garantías constitucionales y los derechos humanos, al mantener la previa censura e insistir en que un miembro de la Unidad de Medidas Cautelares esté pendiente de mis expresiones, reuniones y con quienes me entrevisto”, señaló.
Resolución contra medios y comunicadores
Durante la audiencia de revisión de medida cautelar realizada este viernes, también se determinó que la Organización Editorial del Sureste, S.A. de C.V., operadora del periódico Tribuna, deberá enviar de manera simultánea todas las notas que mencionen a Sansores San Román. Dicho material será revisado por el área de Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia, que decidirá si procede o no alguna sanción, pese a no contar con criterios periodísticos claros.
En el caso de esta organización, el Tribunal resolvió que no se revele públicamente el nombre del responsable de redes sociales. Sin embargo, quedó firme la obligación de remitir toda la cobertura sobre la mandataria estatal, lo que González interpreta como un mecanismo de control sobre el contenido informativo.
El periodista acusó que estas medidas buscan dar un mensaje de advertencia a otros comunicadores que se atrevan a cuestionar o criticar el desempeño de la gobernadora. “Estas medidas de coerción sólo buscan silenciar y dar la señal de los riesgos a que se exponen si se refieren por cualquier motivo a la señora Sansores”, afirmó.
Debate sobre libertad de expresión
González aseguró que la resolución contraviene los artículos 6 y 7 de la Constitución mexicana, que garantizan la libertad de expresión y la prohibición de la censura previa. También citó el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que impide restricciones indirectas al ejercicio de la prensa.
De acuerdo con el comunicador, lo aprobado por la jueza se traduce en un fortalecimiento del control sobre la información pública en Campeche, además de restringir el derecho de la sociedad a conocer críticas, opiniones y señalamientos sobre el actuar de la mandataria.
Por ahora, la supervisión permanente contra González continuará vigente, mientras que la cobertura de Tribuna sobre Sansores será evaluada caso por caso, en un escenario que ha encendido la discusión sobre la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en México.
Contexto: Esta información es importante porque expone un precedente delicado para la libertad de expresión en México: la imposición de medidas judiciales que obligan a un periodista a ser vigilado permanentemente y a un medio a someter sus publicaciones a revisión antes de difundirse. Más allá del caso de Jorge González y la gobernadora Layda Sansores, la resolución plantea riesgos de censura previa y de control indirecto sobre la prensa, lo cual contraviene principios constitucionales y tratados internacionales. Lo que está en juego no es solo el derecho de un comunicador a expresarse, sino también el derecho de la sociedad a recibir información crítica y plural sobre el poder público.