El caso penal contra César Duarte se desarrolló a partir de investigaciones iniciadas en Chihuahua por presunto desvío de recursos durante su gestión entre 2010 y 2016. La fiscalía estatal abrió diversas carpetas y obtuvo más de veinte órdenes de captura por peculado y asociación delictuosa.
Las indagatorias describieron un mecanismo que utilizó contratos simulados para transferir fondos públicos a personas y empresas relacionadas con el exgobernador. Entre esas compañías se identificaron dos entidades ganaderas con participación accionaria de Duarte.
Uno de los expedientes estatales se centró en una transferencia de 73.9 millones de pesos a esas empresas. Otras líneas de investigación continuaron su curso en diferentes etapas procesales.
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Las investigaciones incluyeron declaraciones de funcionarios y registros financieros que delinearon movimientos detectados durante su administración. Cada proceso se desarrolló de forma separada en el fuero estatal.
Regla de especialidad y límites legales
Duarte llegó a México en junio de 2022 después de un proceso de extradición desde Estados Unidos por peculado y asociación delictuosa. Desde entonces, la regla de especialidad del tratado de extradición condicionó el avance de nuevos expedientes.
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Este principio establece que solo se puede procesar a una persona por los delitos que motivaron su extradición, salvo autorización expresa del país que entregó al detenido. Esa restricción mantuvo sin ejecución diversas órdenes de captura adicionales.
Durante 2024 y 2025, la fiscalía federal solicitó a Estados Unidos la autorización para avanzar en una acusación por operaciones con recursos de procedencia ilícita. El gobierno estadounidense entregó su aprobación el 4 de diciembre de 2025.
Con esa autorización, se activó una orden de captura federal emitida en mayo de 2024. La fiscalía federal retomó el expediente y avanzó con la acción penal correspondiente.
Detención federal y desarrollo de la audiencia
La detención ocurrió el 8 de diciembre de 2025 en cumplimiento de la orden federal. La imputación señaló el presunto uso del sistema financiero para ocultar recursos desviados del erario estatal.
La audiencia inicial se llevó a cabo en los juzgados del penal del Altiplano y se extendió hasta la madrugada del 10 de diciembre. La fiscalía presentó más de 120 elementos relacionados con operaciones financieras durante el periodo gubernamental de Duarte.
La defensa solicitó la duplicidad del plazo constitucional y pidió la anulación de la orden de captura, argumentando que el proceso requería la intervención de un tercer Estado por tratarse de un delito distinto al que motivó la extradición.
La jueza declaró improcedente ese recurso y dictó prisión preventiva. La decisión estableció que Duarte continuará en el penal del Altiplano mientras concluye la etapa inicial. La resolución sobre la vinculación se programó para el sábado posterior a la audiencia.
Decisiones previas y procesos paralelos
Antes de esta detención federal, Duarte recibió libertad condicional en junio de 2024 por resolución de una jueza local, quien consideró que el plazo máximo de prisión preventiva en su proceso estatal ya transcurrió. A partir de esa decisión, el exgobernador permaneció bajo supervisión mediante un dispositivo electrónico.
En paralelo, autoridades estatales enfrentaron señalamientos por retrasos en expedientes relacionados con propiedades detectadas en Texas. Ese procedimiento avanzó poco por falta de documentación presentada ante instancias estadounidenses.
Durante 2025, el Gobierno federal presentó otra denuncia por el uso irregular de agua en el rancho El Saucito. El expediente mencionó almacenamiento sin permisos por alrededor de 700 mil metros cúbicos, volumen incluido en compromisos binacionales establecidos con Estados Unidos. Una jueza local otorgó un amparo provisional contra la demolición de esa infraestructura.
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Panorama actual del caso
El proceso federal por operaciones con recursos de procedencia ilícita continuará mientras la jueza resuelve la posible vinculación a proceso. El procedimiento estatal por peculado y asociación delictuosa sigue abierto ante la fiscalía de Chihuahua.
La nueva acusación federal se convirtió en el primer expediente distinto al motivo de extradición que avanza después de la autorización estadounidense. El desarrollo de este proceso dependerá de las decisiones judiciales en las siguientes audiencias.
Las fiscalías federal y estatal mantienen otras labores vinculadas con movimientos financieros y decisiones administrativas detectadas entre 2010 y 2016. Cada expediente permanece en etapas procesales distintas, sin resoluciones definitivas.
VGB