Productores agrícolas de Zacatecas anunciaron que este 1 de diciembre llevarán a cabo la toma de casetas de peaje en distintos puntos del estado, como medida de presión ante lo que consideran una serie de incumplimientos por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y otras dependencias federales.
La Unión de Productores Agropecuarios de Zacatecas (UPAZ) señaló que, pese a las minutas firmadas en semanas recientes con la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Agricultura, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la propia Conagua, no han existido avances concretos en la regularización de adeudos ni en la autorización de la cuota energética que requieren para sus actividades.
De acuerdo con los líderes de la organización, la protesta se detonó tras una reunión fallida el pasado 28 de noviembre, en la que —aseguran— las autoridades federales no respetaron los acuerdos previamente establecidos. La UPAZ argumenta que la falta de respuestas puntuales mantiene al sector en una situación crítica, con productores que enfrentan tarifas eléctricas impagables y deudas acumuladas por el uso de pozos para riego.
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Los agricultores advirtieron que las movilizaciones continuarán hasta que exista una solución verificable y comprometida por escrito. También indicaron que la toma de casetas busca visibilizar la problemática a nivel nacional y presionar a las autoridades para que atiendan los compromisos pactados. Mientras tanto, organizaciones locales y transportistas se preparan para posibles afectaciones viales durante la jornada de protesta.
Protestas contra la Ley de Aguas
Contexto: una serie de protestas de gran alcance ha sacudido al país como reacción a la iniciativa impulsada por el gobierno federal para reformar la Ley de Aguas. Productores agrícolas, campesinos y organizaciones del transporte rural han unido fuerzas para manifestar su descontento, argumentando que la reforma pone en riesgo la seguridad jurídica del agua, una base fundamental para la actividad del campo, y amenaza los derechos de mil-lones de familias que dependen del agua para producir y vivir.
Las manifestaciones se han expresado con bloqueos de carreteras, vías férreas, casetas de cobro y puntos estratégicos en diversos estados. El 24 de noviembre inició un paro nacional acordado entre transportistas y agricultores, con bloqueos en autopistas, vialidades y rutas de transporte, en lo que fue señalada como una “megajornada” de protesta.
Los manifestantes denuncian que la reforma propone un nuevo régimen de concesiones: el agua ya no podría venderse o heredarse libremente entre particulares, sino que las concesiones regresarían al Estado para ser reasignadas por la Conagua (Comisión Nacional del Agua). Para muchos productores esto implicaría despojo de un bien esencial, desvalorización de tierras y falta de certeza jurídica.
Para el gobierno, la reforma representa una apuesta por un control público más estricto del recurso hídrico, con la intención de prevenir su sobreexplotación, distribución desigual y mercantilización. Así lo ha planteado la presidenta Claudia Sheinbaum, quien defendió la iniciativa alegando que busca garantizar el acceso equitativo al agua y evitar privilegios heredados que han favorecido a grandes concesionarios.
No obstante, las voces críticas —campesinos, organizaciones campesinas, productores medianos y pequeños— advierten que la reforma no ha considerado sus necesidades reales: reclaman apoyos concretos, una política pública integral que refuerce la infraestructura hídrica en zonas rurales, y mecanismos claros que no dependan de decisiones discrecionales. Denuncian una centralización de decisiones que podría marginar al campo y agravaría la crisis social en regiones vulnerables.
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