Edwin David Trejo, abogado del sitio Telemar, señaló que la Fiscalía General de Campeche solicitó los datos del personal encargado de redactar el contenido informativo de la plataforma digital. Sin embargo, indicó que no revelará los nombres de sus trabajadores, ya que considera que esta medida atenta contra la libertad de expresión.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, Trejo aseguró que la solicitud de la Fiscalía configura un caso de censura por parte del gobierno encabezado por Layda Sansores.
El abogado expresó su preocupación porque, a su juicio, se está utilizando la vía penal para presionar a un medio y obligarlo a entregar información.
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Cabe mencionar que Telemar dejó de operar como canal de televisión por dificultades económicas y actualmente funciona únicamente como un sitio digital.
Crece acoso judicial contra periodistas en primer año de Sheinbaum: SIP
¿Por qué es importante este tema? El pasado 19 de octubre, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó este domingo sobre un aumento del acoso judicial contra periodistas y medios en México durante el primer año del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aunque se ha pronunciado en contra de la censura, ha mantenido mecanismos de control sobre el acceso a la información y la crítica pública.
En su más reciente informe país, la SIP señaló que “la presidenta Claudia Sheinbaum se mostró contraria a la censura; pero, al mismo tiempo, adoptó medidas que refuerzan el control gubernamental sobre el acceso de los medios y sobre la regulación de telecomunicaciones”.
El acoso judicial y el caso Campeche
No obstante, la principal preocupación se centra en la expansión del acoso judicial como mecanismo de silenciamiento. De acuerdo con Artículo 19 México, citado en el reporte, hubo 51 casos de hostigamiento legal contra periodistas en el primer semestre del año.
Contexto: entre los casos más graves, la SIP destacó el del periodista Jorge Luis González Valdez exdirector del diario Tribuna de Campeche, quien fue procesado por “incitación al odio y violencia de género” tras denuncias de la gobernadora, Layda Sansores.
Un juez ordenó el cierre del medio por dos años, le prohibió ejercer el periodismo en ese lapso y le impuso un censor para revisar sus columnas.
Otro caso emblemático es el de la ciudadana Karla María Estrella, sancionada por el Tribunal Electoral federal por un comentario en la red X sobre un presunto caso de nepotismo.
Se le impuso multa, disculpa pública diaria por 30 días y su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género hasta 2027. Ella anunció que llevará el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En Tamaulipas, el columnista Héctor de Mauleón y el diario El Universal fueron denunciados por calumnia y violencia política de género tras revelar presuntas redes de corrupción. Aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) descartó violencia de género, mantuvo la orden de retirar la columna y sancionó al periódico con multa y disculpa pública.
El organismo también criticó el cierre del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) y su reemplazo por la oficina Transparencia para el Pueblo, que “desechó el 99,6 % de las solicitudes de información”.