Campeche, Camp. – La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, enfrenta críticas por un inusual requerimiento de la Fiscalía General del Estado (FGE) dirigido al medio local Telemar, en el que se solicitó información sobre sus periodistas, editores y directivos, así como sobre publicaciones críticas hacia su administración.
El caso ha generado preocupación por la libertad de expresión en el estado y denuncias de posible censura, tras la difusión del oficio por parte de Telemar en sus redes sociales.
Qué solicitó la Fiscalía a Telemar
El documento oficial de la FGE exigía, en un plazo de cinco días hábiles, entregar los nombres de reporteros, editores y del director general de Producciones Telemar S.A. de C.V., así como un listado de publicaciones o transmisiones en las que se mencionara a la gobernadora.
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La solicitud venía acompañada de advertencias de multas o acciones legales en caso de incumplimiento y fue justificada dentro de una carpeta de investigación abierta por el presunto delito de calumnia, derivado de una denuncia presentada directamente por Sansores.
Denuncias de intimidación
Telemar emitió un comunicado condenando lo que considera un intento de restringir la libertad de expresión en Campeche. La empresa afirmó que el requerimiento “confirma el uso de las instituciones públicas para intimidar a medios y periodistas que cuestionan al gobierno estatal”.
El medio reiteró su compromiso con el periodismo independiente y aseguró que continuará informando con transparencia y autonomía, a pesar de la presión institucional.
Este caso generó críticas de organizaciones de prensa y especialistas en comunicación, que señalaron que el requerimiento podría sentar un precedente negativo para la libertad de expresión en el estado y a nivel nacional.
Históricamente, Sansores ha tenido conflictos con periodistas críticos. En junio de 2025, Jorge González Valdez, exdirector de Tribuna Campeche, fue vinculado a proceso por presuntamente incitar al odio contra la gobernadora en una columna, con restricciones para publicar sobre ella y el pago de una sanción por daño moral.
Semanas después, la Fiscalía volvió a apuntar contra comunicadores, esta vez de Telemar, reforzando la percepción de hostigamiento sistemático hacia medios críticos.
Sansores también ha protagonizado episodios polémicos, como la difusión en 2022 de conversaciones privadas en su programa “El Martes del Jaguar”, que derivaron en denuncias por uso indebido de información personal.
Organizaciones de periodistas advirtieron que la acción de la FGE podría ser interpretada como censura indirecta y recordaron que las denuncias por calumnia han sido usadas históricamente para desalentar el periodismo crítico.
Especialistas concluyeron que los gobernadores estatales deben garantizar un ambiente seguro para la prensa, y que ninguna autoridad debe usar los mecanismos judiciales para inhibir la crítica, enfatizando la importancia del artículo sexto constitucional que protege la libertad de expresión.