MEXICALI. - Conducir un taxi de plataforma en Tijuana, la ciudad más poblada y una de las más violentas de México y el mundo puede ser muy redituable, pero también puede representar un grave peligro para la vida de los conductores de aplicación, puede ser su último viaje.
Carlos Alberto Dorantes Hernández llegó de Chiapas hace siete años y tiene dos trabajando como chofer para UBER y Didi, dos de las tres plataformas que operan en Baja California. En su experiencia, ofrecer servicio de transporte en esta frontera es seguro, siempre y cuando tome todas sus precauciones.
No conduce de noche en colonias conocidas por la venta de drogas que siempre viene acompañada de homicidios; en ocasiones no recoge a pasajeros que le parecen sospechosos, y forma parte de “Los Correcaminos”, uno de los muchos grupos en whatsapp donde sus integrantes están en constante comunicación y comparten sus viajes en tiempo real.
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El problema, considera, está en aceptar servicios fuera de las plataformas, siempre atractivos por la posibilidad de ganar más dinero que en un viaje monitoreado, además de no tener que compartir las ganancias con la aplicación.
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¿Cuál es el riesgo para los conductores de aplicación en Baja California?
Aunque algunos conductores llegan a ser utilizados por traficantes de personas que tienen cuentas activas y utilizan el servicio para trasladar migrantes, otros definitivamente son atraídos por los ingresos extra.
“El riesgo allí es que tú no sabes a quién estás llevando contigo”, platica Carlos mientras espera para concluir su registro ante el Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS), porque lo ve como una forma más de trabajar sin meterse en problemas.
Está tomando mayores precauciones desde que supo que este año la Fiscalía General Estatal de Baja California (FGE), ha abierto 9 expedientes por la desaparición de conductores de taxi de plataforma en todo el estado.
Hasta el jueves 5 de septiembre, seis de ellos habían sido localizados sin vida, dos seguían en calidad de desaparecidos y solo uno fue hallado con vida.
“La mayoría de los casos no están relacionados con su función” como conductores de taxi de plataforma, dice Fidel Corvera Gutiérrez, fiscal de desapariciones en Baja California.
Los desaparecidos
Seis de los nueve expedientes por desaparición que tiene la FGE este año ocurrieron entre la última semana de julio y el pasado 22 de agosto: cuatro en Tijuana, una en Mexicali y otra en Ensenada.
Uno de los casos más mediáticos fue el de Adara Paulina, vista por última vez en Tijuana el 24 de julio y localizada sin vida el 31 del mismo mes; no hay personas detenidas y la FGE afirmó que realizaba actividades fuera del servicio de plataforma, y de la ley, que la pusieron en riesgo.
A ella le siguió Enrique Zataraín Gamboa, también en Tijuana, donde desapareció tras salir de su casa el cinco de agosto y fue hallado en estado de putrefacción cuatro días después: tampoco hay detenidos y oficialmente tampoco móvil del crimen.
Dos días después, el 11 de agosto, desapareció Jesús Eduardo Mora Gomar, quien fue hallado por colectivos de búsqueda dos días después. Estaba inconsciente en el Hospital General de Tijuana, donde murió el 18 de agosto a consecuencia de un golpe en la cabeza.
En ese caso hay un menor de edad detenido y al menos una persona más está siendo buscada por las autoridades.
El mismo día que murió Mora Gomar, familiares encontraron en el Servicio Médico Forense (Semefo) de San Luis Río Colorado, Sonora, a Brandon Antonio Urrea Fuentes, a quien buscaban desde el 15 de agosto en Mexicali
De vuelta a Tijuana, el 21 de agosto desapareció Germán Rafael Santoyo Toscano. Estaba trabajando, la aplicación fue desconectada después de su último viaje y a la fecha no ha sido localizado.
Un día después de esa desaparición, pero en Ensenada, comenzó la búsqueda Gerardo Ulises Negrete, quien fue localizado sin vida dentro de su auto abandonado en una colonia el 26 de agosto. Otros dos de los nueve expedientes fueron abiertos en mayo: uno en Mexicali y otro más en Tijuana.
Desde el 15 de mayo, en la capital del estado, no hay rastro de Javier Lorenzo Gastélum Miranda, y en Tijuana un día después desapareció Gerardo Arellano Bravo. A este último, la FGE lo registra como localizado sin vida, aunque la información disponible no refiere la fecha.
De Ángel Chavez de la Rosa, el único chofer que las autoridades tienen localizado con vida, no hay datos públicos. También hay un caso que no aparece en el listado oficial porque no nunca hubo denuncia formal, y es el de Uriel Ayala García, de 32 años de edad.
Era buscado desde el 7 de agosto, pero un día después fue hallado sin vida junto a otro cadáver dentro de un vehículo abandonado en inmediaciones del bulevar que conecta las ciudades de Tijuana, Tecate y Rosarito
Pocos registros oficiales
En julio de este año, después del asesinato de Paola Bañuelos en Mexicali, presuntamente a manos de un conductor de Didi que se entregó a las autoridades y hoy está vinculado a proceso, IMOS reforzó sus operativos de vigilancia a los taxis de plataforma.
Antes de eso, alrededor de 25 mil cuentas que las autoridades han reconocido por información de las aplicaciones, trabajaban sin registro ante el estado. Y lo hacían pese a un decreto para condonarles el 50% del costo de los gafetes a conductores y los engomados para vehículos que rondan los mil y los 5 mil pesos, respectivamente.
Además, el gobierno del estado reconoció que Indrive, la tercera de las plataformas que presta servicio en Baja California, no tiene autorización para hacerlo porque sus medidas de seguridad no son lo suficientemente sólidas.
“Ha buscado integrarse al marco regulatorio del estado, pero no cumple, no tiene las condiciones para cumplir y otorgarles el permiso”, dijo el director de Imos, Jorge Alberto Gutiérrez Topete.
Los últimos datos de esa autoridad dicen que hasta principios de agosto llevaban poco más de 10 mil registros casi a partes iguales entre choferes y vehículos. Carlos, el chofer originario de Chiapas, cree que esta medida depurará a aquellos que no cumplen todos los requisitos que incluyen antidoping, no antecedentes penales y documentos originales.
Hasta el último día de agosto, cuando vencía el decreto, el módulo que habilitó el estado para realizar los registro estuvo saturado, pero ahora que amplió la vigencia hasta el 31 de diciembre está casi vacío. Pero, así como muchos parece que no volverán a trabajar, hay otras personas que comienzan a unirse.
Allí estaba Bibiana Baeza, una abogada que está iniciándose como chofer por ser una alternativa para obtener ingresos adicionales entre sus expedientes civiles y la atención que demanda un hijo con condiciones de salud que requieren su asistencia casi permanente. Más allá de eso no fue una decisión fácil, dice, porque siempre existe el temor a la inseguridad.
“Sí estamos un poco preocupados, pero con ciertas medidas de seguridad que ya nos han recomendado es como vamos a iniciar a trabajar”, comenta.
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Solo piensa manejar en tiempos libres, cerca del lugar en el que vive y evitar zonas conflictivas. Igual que Carlos tramitó sus permisos porque piensa que es una medida más para protegerse, aunque no es ninguna garantía
“Lamentablemente hay de todo, como en todos lados. Sí es un apoyo, pero no al 100% porque también hay personas que utilizan este tipo de plataformas o trabajos para hacer cosas que no deben”, dice.
Bibiana y Carlos coinciden en otra cosa, el peligro al que se enfrentan los conductores de taxi de plataforma no es muy distinto al que sobreviven diariamente todos los habitantes de la ciudad a causa de la presencia del crimen organizado.