TUXTLA GUTIÉRREZ.- Un camión tipo “volteo” con casi una veintena de cuerpos masacrados; personas desmembradas en puentes o a orilla de la carretera; cadáveres embolsados y dejados en autos en estacionamientos de plazas comerciales de ciudades como Tuxtla y Tapachula; desplazamientos forzados; reclutamientos, “levantones” y extorsión, es parte de lo que aqueja a Chiapas por la llamada “narco-violencia”.
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Aunque la disputa por el territorio entre cárteles afecta a todas las regiones de la entidad chiapaneca, hay algunas en donde la violencia está más acentuada. Una de éstas es la región Fronteriza-Sierra, en donde, los cárteles de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación han mantenido una férrea disputa, lo que ha ocasionado muertes, desapariciones, reclutamiento y desplazamientos.
A esta lucha se ha unido incluso, un cártel guatemalteco, el de Los Huistas, y otros como el Chiapas y Guatemala (CCyG) y otro grupo que actúa como organización social, conocido como "Maíz". Estos dos últimos identificados como células del CJNG.
Pero la situación se ha expandido a otras zonas como la Frailesca, cuyos municipios (Jaltenango, Villaflores y Villacorzo, principalmente) también han sufrido en carne propia el asedio del crimen organizado, lo que ha causado incluso el establecimiento de toques de queda. Otro "foco rojo" en Chiapas es el Soconusco, sobre todo en municipios como Tapachula y Suchiate, en donde las ejecuciones y enfrentamientos se registran casi todos los días.
La disputa ha llegado a tal grado que, el pasado martes, un sicario subió a una cuenta de “TikTok” una imagen con un hombre muerto dentro de la cajuela de un coche azul, en el estacionamiento de Plaza Polifórum, al oriente de Tuxtla, con un mensaje: “Aquí les dejo un regalito”.
La víctima se trataba de Henry “N”, un joven que, junto a otras dos personas, fue levantado el pasado 10 de agosto cuando viajaba de Tuxtla Gutiérrez hacia Tonalá, de donde era originario; días después, sus amigos fueron hallados en iguales circunstancias, pero en un estacionamiento de otra plaza comercial.
Con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a julio de este año, han sido asesinadas en Chiapas alrededor de 414 personas; en 287 casos (alrededor del 70 por ciento) se utilizó arma de fuego. Es decir, en esta entidad del sureste mexicano hay 1.9 personas muertas cada día.
Según esos datos, Chiapas aparece en el lugar 15 a nivel nacional; las entidades con más registros de homicidio doloso son: Guanajuato con 1,432; Baja California con 1,256; Chihuahua con 1,010; Estado de México con 1,215, Jalisco (890), entre otras.
Con base en el mismo SESNSP, el año pasado este estado del Sureste mexicano alcanzó los 500 homicidios dolosos, lo que significa alrededor de 1,3 crímenes cada 24 horas, mientras que en 2022 la cifra fue de 377, es decir 1 asesinato cada día.
En un conteo que hacen periodistas y medios de comunicación chiapanecos, agosto de este 2024 cerró con 78 homicidios dolosos y en lo que va de septiembre ya son alrededor de 12, por lo que, con los 414 que registra el Secretariado Ejecutivo hasta julio, ya se superó la cantidad de 2023.
Periodistas silenciados por el crimen organizado
La crisis en materia de seguridad alcanza a todos los sectores. Según la organización “Artículo 19”, de 2020 a 2024 un total de 167 comunicadores fueron asesinados en México; de esa cantidad, tres corresponden a Chiapas; el caso más reciente (28 de junio) es el de Víctor Culebro Morales, cuyo cuerpo fue dejado a orilla de carretera; presentaba señas de tortura y balazos.
Luego, el 21 de agosto, se registró la agresión en contra del reportero Ariel Grajales Rodas, quien aún permanece grave en un hospital. De este último, se recuerda que hombres armados ingresaron a su casa en el municipio de Villaflores y le dispararon a quemarropa, frente a su esposa e hijos. Días antes él había alertado a la población sobre los famosos “cobros de piso”.
Ante ello, un comunicador de la región Frailesca consultado por La Silla Rota, cuyo nombre se omite por obvias razones, advirtió que, como él ya recibió amenazas, por esa razón está decidido a abandonar el oficio reporteril y dedicarse a otra actividad; “lo bueno que tengo otras ‘entradas’, porque de esto ya no se puede vivir”, aceptó en una breve charla.
Policías en la mira del “narco”
Pero la lista de crímenes es más amplio y escalofriante. Según la agrupación sin fines políticos o de lucro “Causa en Común”, la entidad chiapaneca se sitúa entre los primeros lugares en cuanto a policías muertos por la violencia; de enero hasta el 5 de septiembre de este año, detalló, van 14 casos, una cifra nunca antes vista.
En total en el país, detalló la organización, han sido asesinados 209 uniformados: Guanajuato encabeza la lista con 38, le siguen Estado de México (21), Nuevo León (16), Guerrero (15) y la entidad chiapaneca con la cifra ya referida.
El último evento de este tipo registrado en Chiapas (2 de julio) se dio en detrimento de Aldair “N”, en Tapachula, quien recibió varios impactos de arma de fuego; él era parte de la Policía Estatal Preventiva (PEP), pero al momento de su crimen estaba “franco”.
Gobierno incapaz
Servando Cruz Solís, presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados, lamentó que, ante esta violencia que se sufre, el gobierno no pueda hacer nada y que las dependencias encargadas de la procuración, de la seguridad pública y de la administración de justicia fueran rebasadas en su totalidad, al grado que no pueden hacer nada.
“Porque hablan que los delincuentes también tienen derechos humanos, pero cuando una persona delinque, no se le pueden reconocer derechos que él mismo violenta”.
Para él, externó, es imposible que esta administración pueda resolver la violencia que azota a Chiapas, pues en seis años, lamentó, no se hizo nada y prácticamente los chiapanecos y, en general, los mexicanos quedaron en el abandono.
Destacó que, sin duda, el gobierno que tome posesión se enfrentará a temas muy complicados de resolver, sin embargo, confió en que Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador electo también por el partido Morena, “sí pueda con ese paquete; pero es importante que también la sociedad se sume, porque el gobierno no puede solo”.
Al estado, insistió, le corresponde darle seguridad a la sociedad, pero por desgracia, dijo, ésta se ha sentido vulnerada, además de que ha decaído el tema de inversión, “pero ahora resulta que la gente tiene que pagar piso, entonces eso desalienta”.
Desapariciones al por mayor y a plena luz del día
Aníbal Roblero Castillo degustaba un café, junto a una persona, en un establecimiento al poniente de Tuxtla Gutiérrez, el pasado 3 de septiembre por la tarde, cuando hombres armados ingresaron al mismo y se lo llevaron a la fuerza.
Aníbal resultó ganador en las pasadas elecciones del 2 de junio como alcalde de uno de los municipios “sitiados” por el crimen organizado, Frontera Comalapa; respaldado por el Partido Verde Ecologista de México se embolsó casi el 65 por ciento de los votos; sin embargo, hasta este día no se sabe de su paradero.
El caso de este personaje es uno más de los que se viven en esta entidad desde que se agudizó la “narco-violencia, en 2021, y las cifras lo comprueban: con base en la Red Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas (RNPDNO), hasta el momento hay 1,284 personas desaparecidas en la geografía chiapaneca.
Mientras tanto, en regiones como Chicomuselo y Frontera Comalapa continúan los enfrentamientos entre cárteles, y los “choques” entre el Ejército y Guardia Nacional contra la población civil, la mayoría obligada (bajo amenaza) a participar en bloqueos y otras actividades del crimen organizado.
Incluso, en localidades como Amatenango de la Frontera la situación también es igual de complicada, lo que ha generado, desde hace varias semanas, que las familias huyan hacia Huehuetenango, Guatemala, donde cientos de soldados “chapines” blindan la frontera ante cualquier embestida de algún cártel de la droga mexicano.
Expertos, organizaciones civiles y religiosas han calculado que al menos el 50 o 60% de los municipios chiapanecos están sufriendo violencia, a tal grado que se han convertido en rehenes.
Iglesia y la ayuda humanitaria
En la iglesia de San Roque, en Tuxtla Gutiérrez, los hermanos en fe unieron fuerzas y, desde este lunes, comenzaron a enviar diferentes productos no perecederos para las cerca de 105 familias que tienen registradas como desplazadas por la “narco-violencia” de municipios como Chicomuselo, Independencia y La Concordia.
Jorge Vargas Juárez, coordinador de “Cáritas”, comentó que se hizo una convocatoria desde hace 15 días y cerca de 28 parroquias han respondido de forma positiva al llamado de ayuda.
Afirmó que la cifra de familias desplazadas podrían llegar hasta las 200 o 250, cada una conformada por 8, 10 o hasta 12 personas; todas están refugiadas en diferentes casas de Tuxtla, con familiares o allegados.
Aclaró que también enviarán apoyos a La Concordia, en donde hay cerca de 1,000 o 1,500 personas, distribuidas en diferentes colonias. Una parte también está en el salón de la Unión Ganadera, donde les brindan alimentos.
“Hay una situación muy compleja, sabemos de la violencia que vivimos. Ellos huyen de noche, salen de dos en dos, si va la familia completa los paran (en referencia a los narcos)”, recordó.
De acuerdo con él, los desplazados que tienen registrados también reciben atención médica y psicológica, quienes son enviados a hospitales públicos.
Para Cristel Guadalupe Pérez Ramírez, trabajadora social de “Cáritas”, el hecho de ayudar a otros hermanos es parte de lo que Jesucristo haría, como dar amor y ser caritativos con quienes lo más necesitan, “no sabemos si el día de mañana nosotros pasemos por una situación similar. Es una labor de amor”.
De acuerdo con “Causa en Común”, de enero a junio en Chiapas se han registrado 135 víctimas de atrocidades, lo que la coloca, hasta el momento, como la treceava entidad con más casos de actos como: masacres (7); mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres (21); alrededor de 5 asesinatos de mujeres con crueldad extrema, entre otros.
Según esa agrupación, en 2022 y 2023 Veracruz y Chiapas fueron las entidades con más víctimas de atrocidades; esta última con más de mil casos en ambos periodos.
El turismo fue “golpeado”
El reflejo de la violencia impactó, sin duda, al sector turístico en las pasadas vacaciones de verano. Al respecto, Maricarmen Ponce Robles, presidenta de la Asociación Mexicana de Tour-Operadores en Chiapas, evidenció que de hecho resintieron aún más las bajas ventas debido a ese tema.
Como empresarios del ramo afectados por la inseguridad, dijo que, para sobrevivir, tuvieron que ofrecer otros destinos a los turistas, como Huatulco o Cancún.
Tras dejar en claro que la gente sí quiere venir a Chiapas pero tiene miedo, ejemplificó el caso de San Cristóbal de Las Casas: “Antes todos los hoteles estaban ocupados, al 100 (por ciento), lo que ahora no sucedió, y eso ha obligado a que los hoteleros bajarán sus tarifas”.
Durante las vacaciones que concluyeron hace como dos semanas, mencionó que sí se notó la presencia de elementos armados, supuestamente de la Guardia Nacional o de policías, pero externó que ya sienten dudas porque muchas veces los criminales se disfrazan también de autoridad.
En la misma situación de inseguridad, también aceptó que las extorsiones, sobre todo vía telefónica, han aumentado de forma preocupante, “te piden 50 mil pesos o te amenazan; un chico en Berriozábal tuvo que cerrar su agencia de viajes porque ya eran muchas las llamadas”.
Para el próximo viernes, la Iglesia católica exhortó a la ciudadanía a sumarse a una peregrinación por la paz, misma que se efectuará en Tuxtla Gutiérrez. Para ello, dijo Jorge Vargas, de “Cáritas”, no importa si creen o no en Dios, pues lo que se busca es unir fuerzas para que regrese la tranquilidad al estado.
Mientras tanto, el despliegue de cientos de elementos castrenses y de la Guardia Nacional continúa en zonas, consideradas “focos rojos”, como una forma de inhibir la presencia de los cárteles, pero aún es complicado que ingresen a las mismas con facilidad, como lo que ha ocurrido en Chicomuselo, donde hace dos días hubo golpes y lanzamiento de gas lacrimógeno contra un grupo que mantenía un “filtro” en carretera.