MORELIA, Michoacán. - El Concejo Ciudadano de Seguridad (CCS) del municipio de Coahuayana, Michoacán, informó que subió a nueve el número de integrantes de la Policía Comunitaria, muertos, resultado de un ataque armado perpetrado por el Cártel Jalisco Nueva Generación.
La ofensiva criminal, ocurrió el pasado 24 de agosto, en la localidad de La Presa, colindante con Cerro de Ortega, municipio de Colima. Inicialmente, murieron a tiros, ocho policías comunitarios. En días pasados, uno más perdió la vida en un centro médico de la zona.
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Siete elementos más, quedaron heridos y todavía se encuentran hospitalizados, debido a las lesiones que presentan en diferentes partes del cuerpo. El ataque fue perpetrado por el CJNG, a pesar del despliegue de fuerzas federales y de las bases militares establecidas en ese municipio michoacano.
Los pobladores, la Policía Municipal y la Policía Comunitaria, fueron quienes contuvieron el avance de esa organización criminal hacia otras localidades.
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Desplazamiento de personas
A pesar del aumento de la violencia en los últimos días y del crecimiento en el número de familias desplazadas de sus localidades que se han refugiado en la cabecera municipal de Coahuayana, el alcalde, Andrés Rafael Aguilar Mendoza (PRD), les ha dado la espalda a las víctimas, denuncian habitantes.
Evangelina Contreras Ceja, del Colectivo “Desaparecidos de la Costa y Feminicidios de Michoacán”, informó que Coahuayana se ha convertido en un centro de refugio para personas de desplazamiento forzado.
Explicó que esas víctimas, son provenientes de localidades de Aquila y Chinicuila, municipios aledaños a Coahuayana, así como de Coalcomán. También dijo que tan solo en los últimos días, cerca de 160 personas, han tenido que abandonar sus hogares, por la violencia que hay en sus localidades.
Informó que esas familias se suman a las mil 385 personas que: "ya están refugiadas en ese municipio y que además de ser víctimas de desplazamiento, también les asesinaron familiares o tienen familias desaparecidas”. Asimismo, denunció que pesar de que las familias ya presentaron sus denuncias, no fueron atendidos por las autoridades por las instancias de procuración de justicia.
“Cuando fuimos a verlos, decidimos botear y pedir apoyo en las carreteras, porque había muchos niños llorando de hambre y estaban durmiendo en el piso; no tenían ni si quiera un cartón para tenderse”, narró, Eva Contreras.
La activista, detalló que las víctimas de desplazamiento, presentaban en todo su cuerpo, picaduras de mosquitos, con el riesgo de contraer dengue.
“Y se espera que haya más familias desplazadas, porque Coahuayana ya se convirtió en un centro de refugiados de varias partes. Antes teníamos documentadas mil 385 personas refugiadas y todavía nos faltan las 158 familias más”, advirtió, Contreras Ceja.
Integrantes del colectivo, habitantes de la cabecera municipal y la Guardia Comunitaria, son quienes han apoyado a las familias desplazadas, ante la falta de autoridades y el aumento de la violencia.
“Por eso, junto con los habitantes de Coahuayana, tuvimos que salir a las calles a pedir dinero, cobijas, ropa, pabellones y alimentos, ante el aumento de este fenómeno de desplazamiento forzado por violencia”.
No somos un cártel: CCS
Los integrantes del Concejo Ciudadano de Seguridad (CCS), lamentaron que las autoridades, incluido el alcalde, los hayan abandonado. En un documento al que tuvo acceso La Silla Rota, el CCS, así como la Policía Comunitaria y habitantes, también cuestionaron la ausencia las comisiones, estatal y nacional, de Derechos Humanos.
Recordaron que el asedio criminal y la colusión gubernamental con los grupos delictivos, fue el motivo que los orilló a levantarse en armas y defender a sus familias. El documento reitera que, contrario a lo que han señalado los grupos criminales y algunas autoridades coludidas con la delincuencia, “el pueblo de Coahuayana no es un cártel”.
La misiva, también enfatiza que ninguno de los integrantes del Concejo Ciudadano, así como de la Guardia Comunitaria, tiene antecedentes penales u órdenes de aprehensión en su contra, ya que siempre se han conducido dentro de la ley.
“Somos seres humanos que nos hemos tenido que organizar, que defender y que proteger a nuestras familias, solos; porque si fuéramos delincuentes, seguramente el gobierno nos defendería; pero como no lo somos, nos abandonan”, cita el texto.
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Hasta hace unos meses, el ayuntamiento de Coahuayana, había puesto en marcha programas de ayuda para las víctimas de desplazamiento. La anterior administración, también insistió para que los organismos de Derechos Humanos y las autoridades de otros niveles de gobierno, voltearan su mirada a ese municipio, lo cual no ocurrió.
El Concejo de Seguridad, las organizaciones y habitantes, denunciaron que ahora, el nuevo gobierno municipal, que entró el pasado 1 de septiembre, se desentendió de eso. Incluso, denunciaron, que el actual alcalde, Andrés Aguilar, también les dio la espalda en los temas de seguridad, lo que ha hará más compleja la recuperación de la paz y la tranquilidad.
La Silla Rota buscó a Aguilar Mendoza, para que diera su versión y en su despacho argumentaron que no podía atender la llamada, “por su saturada agenda”.