Por primera vez en casi tres años de su mandato, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, se reunió con los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala. El encuentro tuvo lugar en la residencia oficial, Casa Guerrero, la cual estaba rodeada por una valla metálica, marcando un ambiente de alta seguridad.
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Al llegar a las 10:20 de la mañana, los padres y madres abordaron un autobús e ingresaron media hora después por la puerta 2 de la residencia. La principal demanda que llevaron a la reunión fue clara: encontrar a sus hijos. "Vinimos a ver qué nos dice; pero, pues, nuestra demanda es la de siempre: que localicen a nuestros hijos", expresó Epifanio Álvarez, padre del normalista Jorge Álvarez, de acuerdo con información del portal periodístico Amapola.
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Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan que asesora a las familias, anticipó que en la reunión se abordaría la cuestión de las recompensas que la Fiscalía General del Estado debe fijar para quienes proporcionen información sobre el paradero de los estudiantes. También se discutiría sobre los videos grabados la noche de la desaparición por cámaras de Ciudad Judicial en Iguala, que, según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), captaron a hombres armados y policías bajando a los normalistas de un autobús.
Lambertina Galeana Marín, entonces presidenta del Poder Judicial y ahora retirada, fue señalada en un informe de 2022 de la Comisión del Caso Ayotzinapa como responsable del presunto ocultamiento de estos videos.
Vidulfo Rosales recordó que en 2022, se había intentado un acercamiento, pero se suspendió debido al fallecimiento de don Ezequiel Mora, padre del normalista Alexander.
La gobernadora llegó a Casa Guerrero en una camioneta blanca blindada, escoltada por guardaespaldas en dos vehículos adicionales. Los medios de comunicación no tuvieron acceso a la reunión.
Los padres de los normalistas desaparecidos y la 4T
Madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa marcharon el pasado 26 de julio en la Ciudad de México en medio de tensiones con el gobierno de México, esto tras la publicación, el del “Primer Reporte del presidente de México sobre los jóvenes desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa”.
La manifestación que encabezan normalistas y familiares cada 26 de mes para exigir al gobierno de México el cumplimiento de su compromiso para esclarecer lo ocurrido durante la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, se presenta en un contexto de enojo por parte de los familiares, por falta de avances en la investigación y a unos meses de que concluya el sexenio de AMLO.
Los familiares señalan que el presidente López Obrador no cumplió con esta tarea que forma parte de los 100 compromisos que presentó al inicio de su administración.
Tres días después se llevó a cabo la primer reunión entre la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en el Museo de la Ciudad de México, los familiares de los jóvenes pidieron que la próxima presidenta que se comprometa con la investigación del paradero de los jóvenes desaparecidos desde 2014.
Sin embargo, se adelantó que los padres de los jóvenes desaparecidos tendrán otra reunión con López Obrador el próximo 27 de agosto. Antes de ingresar al Museo de la ciudad de México, el padre de familia, Clemente Rodríguez se dijo decepcionado de los resultados ofrecidos a unos meses de que concluya la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
¿Qué dice el informe de AMLO sobre el caso Ayotzinapa?
En la entrada del reporte, López Obrador recordó que "las autoridades de ese entonces buscaron, por diversos motivos, ocultar la verdad de los hechos, inventaron la llamada 'verdad histórica'".
Posteriormente, dijo, con la complacencia o confabulación de supuestos defensores de derechos humanos y de organismos internaciones como la OEA y agencias del gobierno de Estados Unidos, "se involucró a quienes no participaron en la desaparición de los jóvenes".
Además, "se dejó en libertad a quienes sí son responsables" y con el paso del tiempo empezaron a sostener sin pruebas que los culpables de la tragedia "no fueron las autoridades locales, estatales y municipales de Guerrero, ni la banda de delincuentes que operaba en esa región, totalmente coludidos con dichos funcionarios".
De acuerdo con el informe publicado por la autoridad, no existen pruebas que constaten la participación del Ejército mexicano en la desaparición de los 43 normalistas.
“El señalamiento al Ejército, sin pruebas, me produce mucha desconfianza y sostengo que podría obedecer a un afán de venganza de personas o instancias del extranjero para debilitar a una institución fundamental del Estado mexicano”, indica el reporte.