La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó su preocupación por la diligencia judicial a la que se sometió a Alejandro Encinas, Presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa. La búsqueda de la verdad precisa de garantías institucionales que deben respetarse, subrayó la ONU-DH.
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El pasado 25 de julio, un Tribunal Militar citó a comparecer a Encinas por su papel en la Comisión, a pesar de que el artículo 57 del Código de Justicia Militar en México impide que un civil pueda ser parte de un proceso judicial militar. La audiencia fue solicitada por los militares señalados como presuntos responsables de actos delictivos en los hechos de la Noche de Iguala y llevada a cabo por la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo. Aunque no acudieron los abogados de los militares, Encinas prestó una declaración.
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En su columna “La verdad a juicio”, publicada el 30 de julio en El Universal, Encinas narró la audiencia a la que asistió “para refrendar su compromiso con la causa” de llegar a la verdad de lo que ocurrió con los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. Encinas destacó que en ningún gobierno democrático hay precedente de que un mayor de justicia militar interrogue a un civil, y mucho menos a alguien que lidera encargos directos del jefe del Ejecutivo federal.
“Como tampoco lo hay en que una dependencia del Ejecutivo federal, como lo es la Fiscalía General de Justicia Militar, ejerza acciones en contra del titular de otra institución del mismo Poder Ejecutivo, como lo es la Comisión Presidencial por la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa”, enfatizó Encinas.
Alejandro Encinas, demandado
En su narración, Encinas detalló que el Mayor de Justicia Militar Jorge Alfredo Rico Pérez presentó una demanda en su contra ante la Fiscalía General de la República (FGR) cuando todavía era subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, con el objetivo de buscar su autoincriminación. Encinas acusó a los militares de intentar colocar a la Comisión de la Verdad en el banquillo de los acusados, cuando el propósito de este organismo es esclarecer violaciones graves a los derechos humanos y no actuar como autoridad judicial en contra de elementos del Ejército.
“He tenido la oportunidad de estudiar la experiencia de decenas de comisiones de la verdad a nivel internacional y, si bien algunas de ellas fueron objeto de presiones, amenazas y agresiones de los grupos incriminados, en ningún caso se inició proceso penal alguno, menos aún desde el mismo gobierno”, agregó Encinas.
Además del artículo 57 del Código de Justicia Militar, el artículo 13 constitucional establece que los tribunales militares no tienen la autoridad para ejercer jurisdicción sobre personas que no sean miembros del Ejército.
Encinas concluyó su testimonio reafirmando su compromiso con la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa: “Ni el enredo de las estrategias jurídicas ni la cargada de corifeos que desinforman nos distraen de esta causa”.