Luego de que un juez federal le otorgó al general Brigadier José Rodríguez Pérez, excomandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala, la posibilidad de continuar su proceso en libertad provisional por presuntos vínculos con el grupo criminal Guerreros Unidos, implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, este martes a las 17:30 horas fue liberado del Campo Militar Número 1, donde había estado recluido desde el 14 de septiembre de 2022, fecha en la que se entregó voluntariamente a las autoridades para enfrentar el proceso judicial.
Fue el sábado pasado cuando Raquel Duarte Cedillo, juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, canceló la prisión preventiva justificada tras un año, 9 meses y 22 días de detención, e impuso cuatro medidas cautelares a Rodríguez Pérez, según fuentes judiciales. La juzgadora le fijó las siguientes obligaciones para llevar su proceso:
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- Presentación periódica quincenal para firmar el libro de procesados del juzgado.
- Prohibición de salir del país.
- Prohibición de acercarse a víctimas y testigos.
- Pago de una garantía de 50 mil pesos.
Con la liberación de Rodríguez Pérez, los únicos militares que quedan en la cárcel por imputaciones relacionadas con el Caso Ayotzinapa son:
- Capitán José Martínez Crespo
- Subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa
- Soldado de Primera de Infantería Eduardo Mota Esquivel
- Soldado de Primera de Infantería Francisco Narváez Pérez
La decisión se fundamentó en la evaluación de riesgos proporcionada por la Guardia Nacional (GN), la cual indica que la libertad provisional del general Rodríguez Pérez representa un riesgo bajo para las víctimas y testigos, así como para la posibilidad de evasión de la justicia.
Liberan a otros 8 militares implicados en el caso Ayotzinapa
El pasado 9 de mayo, un juzgado federal también concedió la libertad provisional a ocho militares que estaban implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Los soldados pertenecían a los batallones 27 y 41 de Infantería de Guerrero, estado del sur de México en el que ocurrió el crimen el 26 de septiembre de 2014 por un presunto contubernio de grupos criminales y autoridades, incluyendo al Ejército.
El juzgado, ubicado en el Estado de México, consideró innecesaria e injustificada la prisión preventiva para los militares, aunque la Guardia Nacional argumentó que existía un "alto" riesgo de fuga.
Por su parte, el Centro Prodh y las organizaciones Fundar, Talchinollan y SeraPaz, que también han seguido el crimen, acusaron a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de "seguir litigando a favor de los militares acusados en el caso Ayotzinapa, lo que se suma a su reticencia a entregar todos los documentos de sus archivos".
"Esto confirma lo que hemos visto en los últimos años: el poder militar sin contrapesos afecta a la justicia y el esclarecimiento del caso", concluyeron en un breve comunicado.