La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, retuvo la nómina de las y los policías de la corporación estatal para coaccionarlos a levantar la protesta. Logró su objetivo y anunciaron que volverían a trabajar dentro de la institucionalidad. Durante 105 días sostuvieron la lucha en la que exigían más seguridad y la destitución de la titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), Marcela Muñoz.
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La decisión de las y los elementos respondió a que en esta quincena suspendieron sin motivo el pago de su nómina a 600 elementos y hace un mes a 100. Las acciones tuvieron como consecuencia que los policías se fueran a la sede alterna, es decir, con los que seguían las órdenes del gobierno estatal de Morena.
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En un video en redes sociales dijeron que aunque su causa es justa, no serán indolentes ante el sufrimiento de quienes tienen a su cargo el cuidado de otras personas y se ven afectados por ingresos limitados.
“A pesar de nuestras peticiones las autoridades no nos han ofrecido una solución hemos decidido poner un fin a esta situación no porque seamos culpables sino porque amamos a nuestras familias y a nuestro pueblo y no deseamos más sufrimiento queremos paz y la oportunidad de seguir trabajando”, pronunciaron en el comunicado dirigido a la ciudadanía.
Lamentaron la falta de voluntad del gobierno de Campeche por mediar el conflicto e iniciar un diálogo con las y los policías. Además, el inicio de la protesta -15 de marzo- se debió a que policías mujeres y hombres fueron enviados al Centro de Readaptación Social (Cereso) de San Francisco Kobén, sin saber que era un motín. Lo que resultó en al menos 50 lesionados y mujeres policías víctimas de abuso sexual.
“Hemos pedido a las autoridades pertinentes que nos permitan continuar con nuestras labores demostrando que hemos actuado con integridad y respeto por la ley no buscamos culpables solo queremos continuar con nuestras vidas pedimos”, reiteraron en el mensaje.
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Solicitaron a la gobernadora, Layda Sansores y demás autoridades que acudan a las instalaciones para poder constatar con fe notarial, que las áreas de la base policiaca fueron resguardadas y cuidadas.
De las acciones para amedrentar a la corporación, el comandante José Grajales, quien fue uno de los voceros del movimiento de las y los policías, tiene una orden de arresto por presuntamente cometer los delitos de motín y sabotaje.
Caso contrario los altos mandos de la policía estatal de Campeche que aunque se interpusieron quejas contra estos en Derechos Humanos y la Fiscalía Anticorrupción, no hay investigaciones abiertas.